Los vecinos de Ceuta que se equivoquen a la hora de rellenar su
declaración de impuestos tendrán forma de subsanar este inconveniente. El Congreso ha aprobado este jueves de manera definitiva la normativa que permitirá a los contribuyentes modificar sus liquidaciones ya presentadas, siempre que se encuentren en plazo, para corregir errores. El Pleno del Congreso ha aprobado la ley que transpone varias directivas europeas en materia fiscal, a la que se han incorporado otras iniciativas como la autoliquidación rectificativa o la protección del patrimonio de las personas con discapacidad. El Congreso ha avalado todos los cambios introducidos por el Senado sin apenas oposición, aunque durante el debate
PP,
Vox y
Ciudadanos han criticado la tramitación de la ley. De este modo, la ley introduce la figura de la autoliquidación rectificativa, que permitirá rectificar, completar o modificar la declaración tributaria ya presentada con independencia de su resultado, por la misma vía -es decir, sin necesidad de hacer una liquidación complementaria- y sin aportar documentación adicional. De hecho, la autoliquidación rectificativa -que se implantará de manera progresiva- se integrará en el modelo ordinario de gestión, lo que facilitará, por ejemplo, recibir las devoluciones a las que se tuviera derecho sin pasar por actuaciones formales de comprobación salvo en casos excepcionales.
Protección del patrimonio de las personas con discapacidad
La nueva norma también garantiza que los beneficios fiscales establecidos para proteger el patrimonio de las personas con discapacidad se apliquen en todo el territorio, incluido Cataluña y Navarra. Estos beneficios fiscales se aprobaron para todo el territorio nacional, pero las modificaciones normativas implementadas en Cataluña y Navarra llevaron a interpretaciones por parte de las administraciones tributarias que perjudicaban al colectivo, una situación que ahora se corrige.
Nuevas obligaciones informativas para plataformas
La ley transpone la directiva europea de cooperación fiscal, la conocida como DAC 7, por la que se regulan las inspecciones conjuntas a nivel europeo y se establece un nuevo marco de intercambio de información sobre plataformas digitales. También implanta el denominado "modelo de reglas" para compartir datos en el ámbito de la OCDE. Con la nueva ley, las plataformas tendrán que registrarse en el censo, obtener ciertas informaciones de sus "vendedores" -incluida su identificación, los precios cobrados y los tributos retenidos- y suministrar esa información a la Agencia Tributaria en enero del año siguiente, unos datos que se intercambiarán con los Estados donde se encuentre la residencia del vendedor o arrendador del inmueble. El Congreso incorporó a la ley varias modificaciones, como permitir a la Agencia Tributaria examinar la contabilidad mercantil de las empresas, regular el acceso de la Administración a la información sobre titularidades reales o liberar a los asesores fiscales protegidos por el secreto profesional de informar de su condición a otros intermediarios de mecanismos transfronterizos de planificación. Los cambios del Senado -aceptados este jueves por el Congreso- son de carácter técnico, como la adecuación de la limitación de la deducibilidad de intereses financieros en el impuesto de sociedades a la normativa europea o aclaraciones en la resolución de litigios relativos al impuesto de la renta de no residentes. Asimismo, modifica la ley del IVA para mejorar la gestión de la tributación de las importaciones en depósitos distintos al aduanero, asegurar la neutralidad del impuesto en la prestación de servicios financieros eliminando la regla de "utilización efectiva" y eximir a los empresarios de Canarias, Ceuta y
Melilla de contar con un representante para acogerse al régimen de importación de comercio electrónico.