Solo uno de cada tres menores condenados por una infracción penal es extranjero

La delincuencia juvenil durante el año pasado en Ceuta se situó en una intensidad "moderada". En 2015 se dictaron 223 medidas judiciales sobre un total de 160 personas que todavía no habían cumplido los 18 años.

La realidad estadística desmiente el mito que apunta a los menores extranjeros como protagonistas de la delincuencia juvenil en la ciudad autónoma. Durante el año pasado se impuso en Ceuta un total de 223 medidas judiciales por infracciones penales a 160 personas que no llegaban a 18 años de edad, según los datos del Área de Menores de la Ciudad Autónoma, dependiente de la Consejería de Sanidad que dirige Adela Nieto.
Esa cifra equivale al 3,9% de la población local con entre 14 y 17 años de la ciudad, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística. La variable nacionalidad del infractor se distribuye entre 108 jóvenes españoles y 52 extranjeros. "En porcentajes", han explicado desde la Administración local, "la población de menores infractores foráneos constituye el 32,5% del total, existiendo una brecha de 35 puntos con respecto a los locales".
Esa tasa se reproduje tanto en los casos de robos fuerza en vehículos (33% cometidos por foráneos) como en los hurtos en comercios (27,7%). Uno de cada tres delitos corresponden con "conflictos de convivencia" en las instalaciones de 'La Esperanza', ubicadas en Hadu.
La población infractora extranjera no adulta no está formada, además, exclusivamente por jóvenes acogidos en los Centros de Menores, habitualmente señalados, sino también por "aquellos que cruzan la frontera y delinquen para volver de nuevo a Marruecos; los que malviven en la calle a la espera de una oportunidad para pasar a la Península; y los que vienen de visita o de compras con sus padres y son sorprendidos intentando llevarse artículos de tiendas".
La distribución por sexos reparte el total de 160 infractores entre 20 chicas (el 12,5%) y 140 varones (el 87,5%).
Por tipos de delitos, los que han llevado aparejado el mayor porcentaje de medidas judiciales impuestas son los de robos con fuerza en las cosas (56 sentencias firmes, el 25% del total) y el leve de hurto (42 casos, un 18,8%).
A continuación aparecen los delitos contra la Salud Pública (9,9%), contra la Seguridad Vial (9,4%), lesiones (6,3%), daños (5,8%), robos con violencia y/o intimidación (5,3%) y hurto de uso de vehículo a motor (4,5%). También se han registrado siete resoluciones judiciales firmes por atentado (el 3% del total) y nueve por malos tratos (4%).
Todos esos porcentajes se refieren a los hechos calificados por el Ministerio Fiscal y declarados probados durante la celebración de las correspondientes audiencias, con lo que aparecen reflejados como tales en las sentencias del Juzgado de Menores, sin incluir detenciones, denuncias o tramitaciones de expedientes en proceso de instrucción, materias no juzgadas.
Desde el Área de Menores se hace un retrato de la "severidad delictiva de las infracciones cometidas por jóvenes en Ceuta dividiendo los hechos en tres categorías: graves, menos graves y leves. El primer apartado supone el 5,8% del total; el segundo, el 52,5% y el tercero, el 41,6%.
"Podemos llegar a la conclusión", apunta el informe elaborado por el Área, "de que la delincuencia juvenil durante el año pasado en la ciudad autónoma fue de una intensidad moderada".
Un total de 42 de los 160 infractores menores condenados fue reincidente, lo que sitúa la tasa en el 26,2%, uno de cada cuatro. "Los menores con 16 o 17 años son los que más sanciones acumulan, probablemente por la interacción de más factores de riesgo relacionados con la familia, la pérdida de contacto con la escuela, los factores contextuales, el grupo de pares y las prácticas de riesgo, sin olvidar las dificultades que tienen los jóvenes para encontrar trabajo".

Libertad vigilada, la medida judicial más repetida
Durante el año pasado se impusieron un total de 223 medidas judiciales a menores en Ceuta, sanciones que se adoptan como respuesta "ante la infracción de los adolescentes" y que tienen también "un carácter educativo para intentar integrar aspectos retributivos, reparadores y resocializadores". Según el Área de Menores "se trata de intervenciones graduadas en contextos de libertad o privación en función del tipo penal y de las circunstancias personales, educativas y familiares de los infractores". La medida más aplicada es la libertad vigilada, que posibilita una intervención "contando con la familia y los recursos educativos o de inserción laboral". Suponen un 60% del total, en términos absolutos 134 de las 223 reseñadas anteriormente. En 2015 se dictaron 49 medidas de internamiento para los casos de mayor gravedad o en los que concurría reiteración o reincidencia en el comportamiento delictivo, el 22% del total, ya que las 174 restantes lo fueron de medio abierto, por ejemplo con prestaciones en beneficio de la comunidad (20) o tareas socioeducativas (20). La tasa de equivalencia es, por tanto, aproximadamente de una a cuatro a favor de las medidas que no implican internamiento cerrado (14) o semiabierto (35).