Solidaridad reclama la vacunación urgente de los vigilantes de seguridad

Solidaridad Ceuta pide a la Ciudad Autónoma que dé prioridad en la vacunación contra el COVID-19 al sector de la seguridad privada y que todos los que se dedican a tareas de vigilancia sean vacunados de manera urgente. Muchos de estos trabajadores, subraya el sindicato, están en primera línea en instalaciones donde el trasiego de personas es continúo y en contacto con colectivos como los inmigrantes que entraron masivamente a la ciudad la semana pasada. "De ahí que su riesgo de contagio sea más alto y por ello Solidaridad defiende su vacunación prioritaria", ha subrayado el sindicato de Vox.

Para la organización es necesario que “se proceda a la vacunación urgente de todos los vigilantes de seguridad que se encuentren desempeñando sus funciones en áreas donde tengan permanente contacto con el público”. Especialmente, apunta Solidaridad, en aquellos lugares en los que los vigilantes tengan que custodiar instalaciones donde se produzca una "concentración de inmigrantes ilegales, como es el caso de los nuevos centros de acogida masiva" que se han habilitado tras la entrada por los espigones fronterizos del pasado 17 de mayo.

"Trágicos desenlaces" para algunos de sus miembros

“Menores y adultos entraron en Ceuta sin ningún tipo de control y mucho menos sanitario”, recuerda el sindicato para añadir cómo es “evidente y manifiesta la exposición a la Covid-19 que tienen los vigilantes de seguridad en estas circunstancias”. Por ello, Solidaridad advierte de que se ha convertido “en verdaderamente peligrosa” esta exposición para un colectivo “en el que ya se han producido contagios que han tenido trágicos desenlaces para alguno de sus miembros”.

Ante las reivindicaciones de otros colectivos profesionales, como los docentes del Conservatorio, la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación siempre ha reiterado que la Ciudad Autónoma está siguiendo de manera estricta la Estrategia Nacional de Vacunación, que es de obligado cumplimiento en todas las comunidades y ciudades autónomas, siendo los criterios emanados por parte del Ministerio de Sanidad.