Tras una reunión con todos los partidos que conforman la Asamblea, el Gobierno de la Ciudad ha culminado la petición que remitirá al Ejecutivo nacional para que se haga cargo de la competencia en materia de Menores Extranjeros No Acompañados (
MENA). El portavoz del Gobierno local, Alberto Gaitán, reconoció que se trata de una situación “insoportable” y que la Ciudad esta imposibilitada para puede más menores. En esta propuesta se argumenta la “manera estadísticamente relevante” en la llegada de los menores a nuestra ciudad, todos ellos por la frontera, asegurando que la población de estos menores se ha incrementado un 70%, pasando de 250 a 420 los que están en el centro de realojo temporal de
‘La Esperanza’. Asimismo, según datos de la Policía Local, sólo en el mes de diciembre han contabilizado la entrada de 80 menores, calculando que si la estadística sigue así, en 2020 la cifra de esta población superaría los mil menores. Para la Ciudad, incidió Gaitán, es desproporcionada la presión que ha sido asumida por los ceutíes “con un enorme esfuerzo y dando ejemplo de solidaridad”. En 2018, último ejercicio cerrado, el coste de atención a los Menores Extranjeros No Acompañados sufragado por la Ciudad se elevó a 10 millones de euros, de los cuales 2,34 millones han sido aportados por la Administración General del Estado, mediante subvención nominativa. Además de la carga económica, la Administración local admite que no tiene los recursos estructurales para dar cabida a más menores. Actualmente, el centro de realojo temporal ha multiplicado por siete su capacidad de acogida, con todo lo que ello supone de hacinamiento y de imposibilidad de mantener el normal funcionamiento del mismo. Como consecuencia, dicho centro no puede acoger a ninguno de los cerca de 300 menores que, en unas condiciones de alto riesgo y vulnerabilidad, malviven en la calle, mayoritariamente en las instalaciones portuarias. Con base en lo expuesto, el Ejecutivo local considera “necesario y urgente” recurrir, en demanda de socorro, al Gobierno de la Nación para que éste, en el uso de las facultades que le atribuye el artículo 149.1.2ª de la Constitución, y teniendo en cuenta sus capacidades, adopte las medidas que sean adecuadas para resolver la situación de grave crisis y de emergencia que, en relación con la problemática de los Menores Extranjeros No Acompañados, sufre nuestra ciudad.