Sobre polvos y lodos

El acuerdo alcanzado por el Pleno de la Asamblea con los votos de PP y Caballas (el PSPOE nadie sabe bien qué piensa de nada, más allá de dar la razón a todo el que se le acerca, para resultarle simpático, y procurar su voto) consensuado con las tres centrales sindicales representativas de la Ciudad, y avalado por los informes técnicos preceptivos, para remodelar el sector público local, ha desatado una agria polémica. En especial en ámbitos muy próximos a los empleados públicos municipales. Según la opinión de un sector de opinión el acuerdo es ilegal. Más allá de las cuestiones meramente formales, de escasa relevancia política (no así jurídica), el núcleo de la discrepancia está en la consideración de que el acuerdo pretende “convertir en funcionarios (o en su antesala) a los setecientos cincuenta trabajadores de las empresas municipales, sin haber pasado por un proceso selectivo”.
En esta cuestión, como en otras de similares características, es muy difícil coincidir en los términos que deben circunscribir la discusión. Son asuntos poliédricos, que presentan caras muy diversas y por tanto muchas verdades simultáneas y enfrentadas. Basta con que cada uno se atrinchere en su porción de verdad para desautorizar con rotundidad los argumentos del oponente. En ocasiones simplificar es muy positivo: pero ante situaciones complejas, la simplificación conduce al absurdo. Intentaremos condensar algunas reflexiones que se antojan necesarias para contextualizar correctamente el debate.
En primer lugar es conveniente describir (es probable que aún haya personas que lo desconozcan) en qué consiste el cambio. La Ciudad desarrollaba una parte considerable de sus competencias a través de empresas municipales. La reforma de la administración, recientemente aprobada por las cortes, restringe de manera muy drástica esta modalidad de prestación del servicio, endureciendo los requisitos para su existencia y, en algunos casos, decretando directamente el cierre. Este hecho obliga al Gobierno a efectuar un análisis sobre los efectos de la aplicación de la ley en Ceuta. Como consecuencia de ello, concluye que es conveniente sustituir el instrumento en vigor (empresa municipal) por otro más seguro y estable (organismo autónomo). La intención es mantener los servicios públicos tal y como se están prestando en estos momentos, pero cambiando la figura jurídica que los ampara.
Una primera premisa, insoslayable, es revisar la política de recursos humanos del Gobierno del PP. Todos los ciudadanos tienen perfecto conocimiento de que el enchufismo ha sido una seña de identidad de los Gobiernos de Juan Vivas. Es verdad que no en exclusiva (parece que se tratara de un mal endémico de la Ciudad), pero no es menos cierto que las cifras de unos periodos u otros, no admiten comparación. Durante esta época los procesos selectivos brillaron por su ausencia, y las insignificantes excepciones, tampoco fueron un dechado de rigor. Las contrataciones de los empleados públicos nunca respondieron a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad; sino al de afinidad, presión y clientelismo electoral. Este hecho explica la proliferación de empresas municipales, en las que los controles son más laxos. Aquí radica el auténtico origen del problema actual. Fue una mala elección el optar por las empresas municipales en lugar de prestar los servicios directamente a través de los negociados y consejerías correspondientes.  Aunque no se debe perder de vista que el enchufismo no solo se producía en las empresas municipales. En torno a cuatrocientas personas que traban directamente para la Ciudad están en las mismas condiciones. La conclusión es que en la actualidad existen aproximadamente mil doscientos trabajadores del sector público local que no han superado un proceso selectivo regular tal y como establece la legislación vigente. Oportuna aclaración. Estas personas no tienen su plaza en propiedad. Disfrutan de un contrato indefinido ajustado a la literalidad el término, es decir, no tiene fecha de finalización; pero no son “fijos”. Cuando se convoquen las plazas (si sucede algún día) si ganan la oposición la obtendrán, y en caso contrario, deberán dejar su lugar al opositor que apruebe. ¿Es normal que en un Ayuntamiento exista un volumen tan desproporcionado de trabajadores en esta situación? ¿Y además durante tanto tiempo? Evidentemente, no. Pero está ha sido la disparatada política de recursos humanos avalada por la ciudadanía ceutí, que ha votado al PP masivamente. Los ceutíes eran conscientes del tráfico de empleo público que se estaba produciendo, y a pesar de ello, han depositado reiteradamente su confianza en el Presidente Vivas.  O bien están plenamente de acuerdo con esta política, o bien no lo consideraron un asunto importante a la hora de configurar su decisión. Lo único indiscutible es que el zafarrancho del enchufismo  ha obtenido abultadas mayorías absolutas (incluyendo a gran parte de los actuales rasgadores de vestiduras).
¿Y ahora que? Los acontecimientos (la política del PP a nivel nacional, avalada por mayoría absoluta) han llevado a la Ciudad a un callejón sin salida, al menos a corto plazo. La solución drástica de sacar todas las plazas y cubrirlas por oposición no es posible. La ley impide hacer ofertas públicas de empleo. Por otro lado, los servicios se deben seguir prestando. Si se cierran las empresas municipales los servicios se dejan de prestar automáticamente y no puede hacerlo la Ciudad porque no tiene trabajadores ni posibilidad de contratarlos. Esto ocurre  porque las leyes que se están promulgando no están pensadas para una situación tan extraña como la de Ceuta, también en este caso atípica. Queda la opción de mantener inalterada la situación actual; pero ello implica un riesgo de disolución impuesta, difícil de calcular, además de perpetuar un modelo palmariamente fallido y profusamente criticado por el Tribunal de Cuentas.
Ante esta tesitura, la decisión política ha consistido en corregir el error de la “proliferación de empresas municipales” (y evitar, además, posibles injerencias abusivas del Gobierno de la Nación), permitir que se puedan seguir prestando los servicios, y hacerlo con las mismas personas en las mismas condiciones.  Sobre el primer objetivo no debe haber duda alguna. La mejor manera de prestar los servicios públicos es a través de la administración directamente y sujetándose a las leyes y controles que lo encorsetan en beneficio del interés general. Sobre la segunda cuestión tampoco se suscita mucho debate. No podemos desmantelar los servicios públicos, más bien al contrario se trata de ampliarlos y fortalecerlos. El tercer objetivo (mantener a las personas), como hemos expuesto, viene en cierto modo impuesto: o son los que están, o no son. Ahora bien, lo que sería profundamente injusto sería que esta reforma sirviera como una segunda puerta falsa para adquirir una condición de la que se carece. Pero esto no sucede.
En primer lugar, el procedimiento elegido (integración de los trabajadores en organismos autónomos por aplicación del artículo cuarenta y cuatro del Estatuto de los Trabajadores, que apela a la sucesión de empresas) no es nuevo. Se ha aplicado recientemente en dos ocasiones: servicios tributarios e instituto de idiomas. En ambos casos se han integrado trabajadores, no ya de una empresa municipal, sino de empresas privadas, en organismos autónomos. Sin la menor controversia. ¿Por qué ahora se cuestiona este  procedimiento? ¿Por el momento? ¿Por la cantidad de afectados? ¿Por las personas de las que se trata? ¿Por un alarde de puro egoísmo? No deja de ser un tanto raro, si es que este calificativo se puede aplicar ya en esta Ciudad.
En segundo lugar, y esto es importante recalcarlo, la ley que impedía despedir a un trabajador de la administración pública ya no existe.
En la actualidad la garantía de empleo de un trabajador de un organismo autónomo y la de un trabajador de una empresa municipal es idéntica. Ambas dependen, exclusivamente, de la voluntad política. La suerte que pueda correr en un futuro este colectivo no guarda relación alguna con esta remodelación. La decisión de los próximos gobiernos no está condicionada por ello. Pertenecer a un organismo autónomo en lugar de hacerlo a una empresa municipal, desde el punto de vista de la estabilidad, sólo tiene un efecto psicológico. Los trabajadores incorporados a los organismos autónomos no mejoran un ápice sus condiciones laborales ni su garantía de empleo.
Siguen siendo trabajadores con contrato indefinido, no fijo, que deberán ganar su plaza en su momento compitiendo en los procedimientos convocados al efecto.
Cualquiera de los planteamientos alternativos expuestos públicamente hasta ahora, son incompletos y dejan una parte del problema sin resolver. El túnel del tiempo no existe. Y aquellos polvos, traen estos lodos. Es lo que tiene la soberanía popular.