Sobre el Estatuto del Docente

La actividad parlamentaria ha seguido siendo intensa durante la semana pasada tanto en Congreso como en el Senado. En la Cámara Alta se ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la cual va a permitir que los gestores de cada una de las Administraciones, sean responsables, y puedan ser sancionados por una mala gestión de los fondos públicos. Asimismo se ha debatido una moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se propone al Gobierno iniciar los trámites necesarios para la elaboración de un Estatuto del Personal Funcionario Docente no Universitario
Es un hecho indiscutible que el gobierno socialista durante los cuatro últimos años de su mandato, pero singularmente, al menos, durante los dos primeros años de la pasada legislatura (2007-2011), en los que gozó de una holgada situación económica, pudo y no quiso aprobar una histórica demanda del colectivo de maestros y profesores: el Estatuto de la Función Pública Docente.
Hagamos un poco de historia:
A instancias del Grupo Parlamentario Popular en el Senado se aprobaron dos mociones, en la pasada legislatura y en la anterior. Así, el Pleno de esta Cámara el día 9 de octubre del año 2007 aprobó una moción sobre políticas educativas del Gobierno que incluía la instancia al Gobierno para que adquiriera el compromiso de aprobar, dentro de aquella legislatura, el estatuto de la función docente. Conviene recordar que dicha moción fue aprobada a pesar de los votos en contra del Grupo Parlamentario Socialista y de la Entesa Catalana de Progrés y con la abstención de CiU, del Grupo Parlamentario Vasco y de Coalición Canaria.  
En la Comisión de Educación del 27 de mayo de 2010 se aprobó una moción, a través de una transaccional que en este caso apoyaron todos los grupos políticos, que establecía que el Gobierno debía aprobar el estatuto de la función pública docente a lo largo del año 2010 y, que debía convocar en el mes de julio de 2010 la mesa sectorial de Educación para intentar alcanzar los acuerdos que hubieran conducido a la aprobación del citado Estatuto.
Ahora intentamos de nuevo urgir al Gobierno para que ponga en marcha -y las ha puesto ya- las negociaciones y trámites necesarios para aprobar este Estatuto.
La necesidad de este Estatuto viene avalado porque en él se debe recoger y desarrollar las ya viejas demandas del profesorado, entre las que destacan el reconocimiento de la autoridad del profesor tan maltrecha y pisoteada en los últimos años.
Estamos seguros que para los docentes no universitarios:  el condicional aumento de la ratio (se ha  ofrecido esa posibilidad a las CCAA, no obligación), de 25 a 28 alumnos en Primaria  o de 30 a 33 en Educación Secundaria, el aumentar su actividad lectiva en una o dos horas, -que no su jornada laboral-, situaciones que ya se venía asumiendo en nuestra Ciudad, la disminución de liberados sindicales o las actividades de formación presencial,  no es el principal problema o reivindicación.
El principal motivo de intranquilidad, es sin duda alguna,  la falta de respeto y consideración con los docentes y la labor social que imparten. Lo que de verdad importa a los maestros y profesores es la mejora del clima y convivencia en aula, para poder llevar a cabo su importantísima misión, lo que de verdad les importa a los docentes es no tener que sufrir afrentas y desprecio por parte de de algunos alumnos y alumnas, que envalentonados porque saben de la debilidad de las sanciones y, que al final, terminarán promocionando de curso, incluso en la mayoría de los casos obteniendo la titulación buscada, perjudicando al resto de compañeros.  Todo ello,  a veces por desgracia, sin el apoyo de  los propios padres. En una palabra, que valores tan necesarios y, hoy denostados, como el respeto y el esfuerzo vuelvan a las aulas.
Con la aprobación de esta moción en los términos que a continuación se recoge: “El Senado insta al Gobierno a iniciar los trámites necesarios para la elaboración de un estatuto de personal funcionario docente no universitario consultando a los agentes sociales en el proceso de elaboración de dicho estatuto que será abordado en la mesa sectorial de Educación. Asimismo, respetando las competencias de las comunidades autónomas, se iniciará un proceso negociador en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación para intentar alcanzar el consenso en la redacción de dicho estatuto.”  
Esperamos que, esta vez se logre el anhelado Estatuto Docente, y en ello se ha puesto ya Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que ha constituido un grupo de trabajo presidido por el director general de Formación Profesional para poner en marcha todos los estudios necesarios que conduzcan en el plazo más breve posible a la aprobación del estatuto que recoja las demandas del colectivo de la enseñanza, entre las que  destacan,  además de la consideración como autoridad del profesor,  el desarrollo de la carrera docente (para que puedan desarrollar sus expectativas profesionales, incentivando a los mejores en función de su trabajo y dedicación), o el acceso a la función pública docente donde se prime el mérito y la capacidad que permitirá captar a los mejores para la escuela pública, y como consecuencia poder atender a los retos que la sociedad del siglo XXI nos demanda.