Era y es una “situación de emergencia” para Ceuta y se había conseguido aplicar, por vez primera en la historia, el acuerdo de repatriación de menores extranjeros no acompañados
que España y Marruecos suscribieron en 2007. Esas han sido las dos claves a las que se ha aferrado
el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, en su defensa del procedimiento iniciado el pasado viernes para ir sacando a los niños que entraron por los espigones en la famosa crisis de mayo. Vivas ha defendido la importancia de lo que se ha hecho, con la coordinación permanente con
la Delegación y el Gobierno de la Nación para conseguirlo, teniendo como “máxima prioridad la protección del interés del menor” y actuando “con absoluta lealtad institucional, que es un denominador común en todas las actuaciones llevadas a cabo desde las entradas de mayo”, ha aclarado en una rueda de prensa. Cronológicamente, Vivas ha recordado que fue la Ciudad la que le pidió al Gobierno de la Nación que se actuara con los menores y que se aplicara el acuerdo suscrito en 2007. Se atendió la petición y se entró en contacto con
Marruecos, iniciándose unas negociaciones “que, presumo, no fueron fáciles, habrán sido complejas y fruto de las cuales se concretaron los términos. Era la primera vez que se ponía en marcha el acuerdo, era un hito histórico en materia de inmigración atendiendo a la defensa del interés del menor y teniendo herramientas jurídicas. Era un resultado positivo y dimos nuestro respaldo y apoyo al Gobierno de la Nación para poner en marcha el mecanismo legal para retornar a los menores”, ha defendido, no sin reconocer, con cierto pesar, que habiendo conseguido algo impensable, se haya producido esa reacción contraria por parte de muchas instancias no solo sociales sino también judiciales y en su propia Casa, con la oposición del área del Menor. “Es un instrumento objetivamente bueno y cuando somos capaces de ponerlo en marcha se forma la que se forma. Qué hemos hecho mal antes para que el instrumento no haya sido eficaz, y ahora, cuando lo es, lo criticamos”, se ha preguntado Vivas en torno al acuerdo de 2007.
En el acuerdo, el objetivo que se tenía era proteger al menor, porque “donde mejor está es con su familia y su entorno. Y la actuación cumplía con ese objetivo prioritario de protegerlo porque esos menores están en manifiesta precariedad. Viven algunos sin techo, en asentamientos inadecuados e infrahumanos. Y los que no, en unos recursos provisionales que no son adecuados para que permanezcan ahí un largo tiempo, dentro de un polideportivo o en campamentos. Eso para una semana, 15 días, un mes… vale, pero resulta difícil entender que pasen 3 meses y sin alternativas. Esa precariedad no podemos olvidarla porque debe determinar las decisiones que se adopten al respecto”, ha defendido Vivas.
“Estamos convencidos de que hemos actuado correctamente”
El presidente ha recordado la enorme presión de Ceuta con los menores, ya que desborda las capacidades de una ciudad con 20 kilómetros cuadrados, 85.000 habitantes y un índice elevado de pobreza, en donde si no se adoptan medidas eficaces, al final se perjudica al menor. Y aplicando el acuerdo de 2007, Ciudad, Delegación y Gobierno de la Nación consideraron que se actuaba precisamente para defender al menor, devolviéndolo a sus padres. “Estamos convencidos de que se ha actuado de manera correcta legalmente, si se lee el acuerdo de 2007 y se comprueba el celo puesto por parte de las autoridades que han intervenido, creo que se actúa de manera correcta y con amparo legal suficiente”, ha insistido Vivas quien, al igual que ha hecho
el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en que se tiene plena confianza en las venideras resoluciones judiciales que “acataremos” poniendo en valor la rapidez con la que ha reaccionado la Justicia, lo “que presumo que significa” esa idea compartida “de que estamos ante un asunto de calado humanitario”, ha concretado en la comparecencia.
Vivas: “Si alguien es políticamente responsable de esto soy yo”
En su intervención Vivas ha dejado claro que si bien el peso del operativo ha recaído en Mabel Deu, él ha estado en contacto y ha sido puntualmente informado de los pasos dados: “He asumido y autorizado todas las decisiones de la Ciudad en relación con los menores. Si hay alguien políticamente responsable soy yo, porque quien ha autorizado todos los pasos dados soy yo”, ha indicado.
Esa coordinación entre Interior, Delegación y Ciudad centrada en una comunicación fluida y permanente ha sido recalcada de manera constante, al igual que las alusiones continuadas a la protección a los menores, concretando cuáles fueron los criterios para elegir a los 15 chicos que eran incluidos en cada uno de los grupos. Si se conocía la vulnerabilidad de algunos de ellos se le daba un tratamiento específico. Se siguió un criterio objetivo comenzando con los del ‘Santa Amelia’ porque no se hizo advertencia alguna de vulnerabilidad. Así, los más cercanos a alcanzar la mayoría de edad que estaban en un lugar con peores condiciones de habitabilidad debían salir los primeros ya que vivir con estas temperaturas elevadas y en un polideportivo no podía extenderse en el tiempo. “El ánimo ha sido la protección del menor”, ha indicado. “Estamos en una situación de excepcionalidad y en
el ámbito judicial se aclarará todo, pero nadie puede dudar de que el origen del problema” está en la avalancha de mayo que permitió la entrada de más de 1.000 niños en un día, algo que “es absolutamente excepcional”.
Aplicar el acuerdo de 2007, un hito histórico
Vivas ha insistido que siempre han actuado atendiendo a la situación de los menores, poniendo en valor el acuerdo de 2007 que no se había puesto en marcha nunca y que avala que la defensa del menor está garantizado por los dos estados firmantes. Ha negado que haya habido retornos masivos porque se acordó una entrega de grupos de 15 para permitir de esa manera un trato individualizado, confiando en las entidades que operan en Marruecos para localizar a los padres de los menores o atenderlos si esas búsquedas no son exitosas.
“Nadie puede negar la intencionalidad política de aplicar ese acuerdo en interés del menor” y en un momento de “emergencia humanitaria”, que obligaba a proteger los derechos del menor. Vivas no ha concretado qué documentación ha sido requerida por la Fiscalía porque hacerla pública sería “imprudente” pero ha insistido en el acuerdo con Marruecos para justificar que en todo momento se ha actuado de manera legal, ya que “los dos gobiernos se ponen de acuerdo en cómo se hace” teniendo siempre “como prioridad el interés del menor”. “Hemos sido consecuentes con el acuerdo de 2007” activado en una situación “de absoluta emergencia”. Dicho acuerdo no establece la obligatoriedad de hacer entrevistas individualizadas a los menores solo obliga a que los gobiernos se tienen que poner de acuerdo, pero la legislación española sí que lo exige, de ahí que habrá que considerar en el ámbito judicial esa disparidad de criterios que, insiste el Ejecutivo, afecta al procedimiento a aplicar, si es el de la ley de extranjería o el del acuerdo marco. “Es una cuestión de índole procedimental”, ha dicho Vivas, insistiendo en que todas las cosas que se han hecho lo han sido “con criterio y rigor, en una situación de emergencia, porque tenemos la obligación de proteger los derechos y siempre se ha actuado en defensa del interés del menor”.