Sindicatos reclaman que funcionarios de prisiones sean agentes de autoridad

Los sindicatos CSIF, UGT, Comisiones Obreras y la Confederación Intersindical Galega han convocado en la mañana de este viernes un minuto de silencio a nivel nacional por el asesinato de Nuria, trabajadora del centro penitenciario de Mas d’Enric (Tarragona), a manos de un interno. La plantilla de Ceuta se ha solidarizado con esta tragedia.

La concentración ha sido seguida por el Centro Penitenciario Fuerte Mendizábal. A la misma han asistido representantes del sindicato Tu Abandono Me puede Matar, así como representantes de Vox además de Nonia María Velázquez, directora de la cárcel.

Al término de este minuto de silencio, Mohamed Haidor, del sindicato UGT, acompañado por Juan Carlos García, de CSIF, han querido transmitir de parte de todos los sindicatos convocantes las condolencias a la familia y amigos de “nuestra compañera” fallecida, Nuria.

Asimismo, han aprovechado la ocasión para denunciar públicamente “la falta de seguridad en los centros penitenciarios” y reclamar que garanticen la integridad de los funcionarios de prisiones.

En ese sentido, “exigimos más instrumentos de formación, medios materiales y personales que minimicen estos riegos. Sabemos que seguridad absoluta no existe, pero exigimos a la administración que se involucre” porque este tipo de hechos puede ocurrir en cualquier lugar.

Esto es algo que llevan pidiendo desde hace años, junto a lograr la “consideración de agentes de la autoridad, que se nos niega constantemente. Es algo que exigimos ya y no estamos dispuestos a soportarlo durante mucho más tiempo”, ha añadido Haidor.

Por su parte, desde Tu Abandono Me Puede Matar, los delegados sindicales José Luis Gutiérrez y José María Raya también han querido unirse a estas reivindicaciones, haciendo un alegato contra el abandono que sufren y la falta de seguridad por parte de la administración.

Un abandono, aseguran, que ha llevado al asesinato de Nuria ya que el “interno que la agredió había sido expulsado del destino y la dirección del centro decidió readmitirlo”, por lo que exigen “responsabilidad criminal a quien competa”.

Por todo ello, han pedido una vez más a las autoridades que se “articulen todos los mecanismos necesarios y no se obvien nuestras reivindicaciones”. Así, han pedido que se tengan en cuenta las palabras de los funcionarios y se les declare profesión de riesgo.

José María Raya también ha añadido que “es necesario firmar un protocolo serio y real que declare agresión todo tipo de conducta agresiva de los internos hacia los funcionarios” como tocamientos, insultos o encañonamientos. Y es que, aseguran, hay una agresión cada 17 horas en las prisiones de España.