La nueva Junta de Personal Docente No Universitario que salió de las elecciones sindicales de diciembre pasado ha celebrado este martes por la tarde durante casi cuatro horas en el Salón de actos de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación su sesión constituyente, durante la que los representantes de FeSP-UGT (12), FECCOO (6), CSIF (3) y ANPE (2) llegaron a un principio de acuerdo para solicitar a la Administración que las oposiciones de este año, del Cuerpo de Profesores, incluyan el mayor número posible de especialidades, una forma de ampliar el arco de consolidación a todos los aspirantes.
De esta forma, el órgano de representación vira su criterio de los últimos ejercicios, en los que se había inclinado por concentrar en pocas especialidades las plazas en liza. Fuentes de la Junta explicaron al término de la reunión a este periódico que con esta posición, un punto de partida a la espera de que el Ministerio concrete números y su postura, se busca no dejar descolgados a docentes, sobre todo de FP, cuyas especialidades, por lo exiguo de los puestos a cubrir, no se convocan durante muchos años.
El órgano que seguirá presidiendo, ahora con mayoría absoluta, el ugetista Francisco Lobato, también coincidió en la necesidad de exigir al Ministerio que ponga “todos los recursos disponibles”, ampliación del cupo incluida, para mejorar la “desastrosa” política de atención a la diversidad actual, sobre todo para el alumnado con Trastornos del Espectro Autista (TEA), ya que la solución de los Planes de Empleo “es inaceptable”.
A iniciativa de FECCOO, la Junta asumió la conveniencia de recoger en su hoja de reivindicaciones prioritarias “la necesidad de crear un órgano de gestión exclusivo para Ceuta y Melilla que avance en una descentralización de competencias” y de “actualizar los Reglamentos de los centros, que datan de hace más de 25 años y que regulan muchas condiciones laborales del profesorado con prescripciones totalmente desfasadas”.
La “equiparación” de los complementos específicos del profesorado de FP y Secundaria y la necesidad de “retocar el Grupo de Trabajo que sirve como canal de interlocución con el Ministerio para que sus acuerdos sean vinculantes” fueron otros dos de los temas abordados sobre los que hubo principio de acuerdo.
La nueva Junta de Personal Docente No Universitario de la ciudad autónoma que se constituyó este martes en la Dirección Provincial está formada por doce delegados de FeSP-UGT (Francisco Lobato, Trinidad Megías, Tamara López, Carlos Antón, Felipe Cerdá, Mercedes Palma, Rafael Morata, Natalia Argüelles, Raúl Guerrero, Francisco Javier Calvo, María Auxiliadora Morcillo y José Luis Calvo); seis de FECCOO (Juan Luis Aróstegui, Lorena Díaz, Luis Tovar, Ángeles Avilés, Ángel Gabarrón y Victoria Gómez); tres de CSIF (Estefanía Lara, Lola Cuadra y Agustín González); y dos de ANPE (Remedios Acosta y Pedro Domínguez)
El secretario general de CCOO en Ceuta, Juan Luis Aróstegui, planteó este martes a la Junta de Personal Docente la conveniencia de posicionarse explícitamente a través de la elaboración de un Manifiesto en defensa de los Valores Democráticos frente a la irrupción de la “ultraderecha” en las instituciones, pero la mayoría de los presentes rechazaron la iniciativa al entender que “no es una cuestión sindical” y que “sí proceder tomar posición, pero en otro ámbito”.
CCOO había redactado un posible borrador de documento que finalmente se retiró antes de la reunión en aras de alcanzar un acuerdo positivo que finalmente no fraguó. En él se incluía una llamada “a toda la comunidad educativa, a los Consejos Escolares de los centros y a sus órganos representativos” para “reforzar en los proyectos educativos la educación en valores democráticos”.
También se hacía un llamamiento “al conjunto del profesorado” para “que asuma y desarrolle en la práctica docente un compromiso firme” en su defensa porque “como profesionales de la enseñanza tenemos una obligación adicional y no podemos tolerar que el alumnado al que servimos se pueda educar bajo la terrible influencia de premisas tan antidemocráticas” como las del “discurso racista, machista, clasista y xenófobo que se presenta como alternativo e inofensivo cuando en realidad es un furibundo ataque a nuestro modelo de sociedad”.
La idea era solicitar a la Administración educativa “que promueva en los centros el desarrollo de cuantas iniciativas pedagógicas puedan contribuir a inculcar en el alumnado la cultura democrática”.
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