El Comité de Empresa de la Ciudad Autónoma, que reúne los representantes del Personal Laboral de la Administración local, celebró ayer una reunión abierta a la asistencia de trabajadores de forma extraordinaria en la que los delegados de CCOO, UGT y CSIF quisieron escenificar un acuerdo de unidad de acción para conseguir que el acuerdo con el Gobierno sobre el proceso de consolidaciones llegue a buen puerto.
En la cita, a la que asistieron una treintena de trabajadores, algo menos del 10% de los aproximadamente 330 cuyas plazas se piensa sacar a concurso-oposición de aquí a 2020, los sindicatos representativos se comprometieron a “ir todos a una” para, dentro del marco legal que exige convocatorias públicas, conseguir unas bases que 'faciliten' que se hagan con ellas sus actuales ocupantes.
Tras las recientes fricciones por las intervenciones ante los medios de cada central, durante el encuentro se abordó también el recurso presentado por CSIF contra la Oferta Pública de Empleo de la Ciudad para este año, iniciativa que a juicio de ese sindicato no tiene por qué bloquear las consolidaciones pero que a ojos de UGT sí complica el proceso, por lo que se instó a llegar a un acuerdo con el Ejecutivo o a retirarlo.
El objetivo es que el Ejecutivo retome las conversaciones tras “dos semanas” de parón y puedan empezar a negociarse las bases que ordenarán la adjudicación de cada plaza, para cuya obtención será imprescindible superar un examen y, posteriormente, valorar méritos hasta un máximo del 40% del peso total del proceso.
Gobierno y sindicatos pactaron a finales de octubre promover “la anhelada estabilidad en el empleo en el ejercicio de la facultad de autoorganización que asiste a la Ciudad Autónoma” en el marco del pacto nacional relativo a la mejora del empleo público y a su estabilidad suscrito en marzo por el Ministerio de Hacienda y las mismas centrales.
La consolidación debe articularse como “complementaria” a la Oferta Pública de Empleo de la Administración autonómica para este año distinguiendo tres tipos de plazas: las de carácter estructural que, estando dotadas presupuestariamente, han estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2016; las cubiertas ininterrumpidamente desde antes del 1 de enero de 2005 de manera interina o temporal; y las de personal laboral cubiertas por efectivos “declarados como indefinidos no fijos por sentencia judicial”.
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