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El sindicato de Vox, Solidaridad, valora denunciar por intrusismo en la vigilancia privada

Recuerdan que ya lo han hecho en Málaga y que no se puede tener a personal ajeno a la seguridad privada ejerciendo esas funciones

El sindicato Solidaridad, de Vox, está sopesando presentar denuncia, como ya lo hiciera en el Ayuntamiento de Málaga, por el intrusismo en la vigilancia de los centros de menores de Ceuta. Indica en una nota de prensa valoran una denuncia por intrusismo y recuerda que en el caso de Málaga estaban utilizando al personal de Protección Civil para labores propias de la seguridad privada, sin tener la formación ni la capacitación necesaria para esas funciones y tratarse, por lo tanto, de personal no habilitado, y así lo subraya el sindicato.

Solidaridad traslada su apoyo al sector de la vigilancia privada, especialmente afectado por el intrusismo laboral. El sindicato lamenta la actual situación en la que se encuentran los centros de menores, “custodiados por personal sin la cualificación adecuada, mientras que anteriormente eran empresas de seguridad las que se encargaban de esta labor”, expone en una nota de prensa. Por ello, reclama a la administración local que no siga permitiendo esta situación y restablezca el servicio de vigilancia privada, así como que aumente el número de efectivos. Y es que, alerta, el número de vigilantes ha sido hasta ahora “insuficiente” y “la muestra son las continuas fugas de menores que se producen”.

“Desde Solidaridad ya venimos advirtiendo y actuando contra el intrusismo laboral que existe en el sector de la vigilancia de seguridad, donde cada vez proliferan más las empresas con personal no cualificado ni habilitado profesionalmente para el desempeño de estas tareas”, subraya el coordinador territorial del sindicato en Ceuta, Juan Sergio Redondo. De igual modo, señala, “no sólo exigimos que se ponga fin a la tendencia al intrusismo fomentada incluso por parte de la administración pública”, sino que también exista “un mayor respaldo” a los vigilantes de seguridad.

Como ejemplo, Redondo habla de los centros de menores. “Se les debe amparar política y jurídicamente en el ejercicio de su labor de protección y seguridad de los menores, así como del personal que trabaja en los centros”, advierte el responsable de Solidaridad.

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