Han pasado ya dos días desde que la patronal de las empresas navieras publicaron un comunicado donde denunciaban el abandono al que estaban siendo sometidos por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en comparación con las aerolíneas.
Pues bien, todavía no han tenido ningún tipo de noticias ni del ministro ni de ninguno de sus máximos colaboradores, a pesar de que el comunicado de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) establecía que se necesitaban medidas urgentes a todos los niveles.
Los empresarios navieros advertían de que ya en una primera nota, a partir de las medidas adoptadas por el ente público Puertos del Estado, consideraron como escasas el conjunto de medidas de apoyo en unos momentos de gran dificultad para la navegación de cabotaje.
Incluso, explicaron que algunas navieras podían tomar la decisión de amarrar sus flotas porque económicamente es imposible poder seguir adelante con los servicios que están prestando. Por esta razón, señalaron que si se suspendían los servicios en menos de 48 horas habría un desabastecimiento general en todos los territorios insulares a donde llegan los ferris de las navieras implicadas.
Mencionaban en su nota de prensa que cuando se declaró el estado de alarma, las empresas navieras que prestan estos servicios vieron caer drásticamente sus ingresos (hasta un 70% en algunas líneas). “Para reducir sus costes, se vieron obligadas a amarrar parte de sus buques, pero con los restantes, cada una de ellas decidió que, en la medida de lo posible, mantendrían estos servicios, para no dejar desabastecidos a sus clientes y a la población en general de estos territorios. En paralelo, ya el 16 de marzo, estas mismas empresas, por medio de ANAVE, plantearon al Ministerio de Transportes la necesidad de instrumentar algún procedimiento que les compensara los costes variables (combustible más costes de puerto y otros) que estaban soportando respecto de los buques aún en servicio, especialmente en caso de que la crisis se prolongase en el tiempo. Para ello propusieron utilizar parte de la partida que prevén los Presupuestos Generales del Estado para subvencionar los pasajes de los residentes no peninsulares, que serían precisamente los beneficiarios del mantenimiento de estas líneas esenciales”.
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