Tres años y medio reclamando justicia. Tres años y medio pidiendo que alguien pague por los crímenes de los vecinos de Ceuta, Mustafa Dris y Mohamed Abdesalam, arrollados en aguas españolas por una patrullera gibraltareña en marzo de 2020.
Los oficiales a bordo se llevaron a los 4 ocupantes de la semirrígida a tierras de Gibraltar en donde la investigación española resultaba imposible hasta el punto de llegar al bloqueo actual.
Los años pasan y los avances no se producen. La denuncia presentada por las familias en un juzgado de La Línea con la que se pretendía esclarecer los hechos y las posteriores indagaciones realizadas por la Guardia Civil topan con el muro de la nula colaboración de Gibraltar que ni siquiera responde a las solicitudes formuladas por España.
Esta misma semana los abogados que representan los intereses de las dos familias ceutíes han presentado recurso de apelación a la Audiencia Provincial en Algeciras para pedir que se siga investigando este asunto sobre el que existe un sobreseimiento provisional dictado por el juzgado número 4 de La Línea. Este órgano judicial, en unión con el Ministerio Fiscal, considera que ya no hay nada jurídico que resolver hasta que no sea recibida la orden europea de investigación emitida.
Las familias piden que se requiera al Juzgado para que proceda a las averiguaciones pertinentes en cuanto al cumplimiento de esa orden, efectuando los oficios y recordatorios que sean necesarios.
El tiempo sigue una carrera contraria al esclarecimiento de unos hechos que han dejado a dos familias completamente destrozadas. La investigación que pudo llevar a cabo la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras fue clara: el suceso se produjo en aguas españolas y la semirrígida que ocupaban los fallecidos junto a dos amigos fue trasladada desde el punto de choque hasta la Roca.
Fueron arrollados de manera brutal e injustificada en un choque del que quedó rastro en las grabaciones recogidas por las cámaras del SIVE de la zona.
Gibraltar realizó una investigación judicial que no es equiparable a un juicio para investigar estos hechos. En distintas sesiones se pudieron escuchar testificales de todos los implicados y la conclusión fue clara, se había producido lo que se denominada ‘unlawful killing’, equiparable a lo que se conoce como homicidio ilegal o culposo.
En España no se ha podido ni siquiera avanzar en la investigación ni atender las peticiones de justicia de los familiares en uno de los casos más duros conocidos y a su vez más injustos por la ausencia total de canales para resolver lo que ahora continúa enmarañado.
Hay dos españoles muertos en aguas españolas cuyos cuerpos terminan siendo trasladados a Gibraltar sin que ninguna autoridad fuerce a desatascar la situación para buscar justicia.
Después de que la Guardia Civil solicitara a las autoridades gibraltareñas información sobre lo ocurrido solo se notificó que había 2 muertos y dos heridos. Con las identidades se pudo verificar quiénes eran y comunicarlo a las familias para que pudieran reclamar los cadáveres y darles entierro, como así ocurrió, en Sidi Embarek.
Lo que llega después de todo esto es un camino lleno de trabas. El Juzgado remitió una primera orden europea de investigación (OEI) dirigida al Reino Unido que fue recibida por la oficina de cooperación jurídica internacional en noviembre de 2020 y que se tuvo que corregir para subsanar un error en la denominación del territorio.
Aquí viene la primera gran traba. En esa mera advertencia corregida se invirtieron más de 6 meses. La nueva orden se emitió en septiembre de 2021, es decir, diez meses de diferencia, un plazo perdido que evitó la tutela judicial debida para las familias solo por un error ya que debía haberse especificado que la remisión se hacía a las autoridades del Territorio de Ultramar del Reino Unido-Gibraltar.
A día de hoy esa orden no se ha cumplimentado. Lo más grave, apuntan en su recurso los abogados de las familias, es que la oficina de cooperación no ha atendido en tiempo a los requerimientos del Juzgado solicitando información del estado de la OEI. Hasta tres oficios se han dictado sin obtener respuesta.
Con fecha 21 de abril de 2023 el Juzgado dictó auto de sobreseimiento provisional de las actuaciones a expensas de recibir respuesta en cumplimiento de esa orden. Este pasado septiembre, después de que en abril la juzgadora se pusiera en comunicación directa con el juez de enlace del Reino Unido para que le informara sobre la tramitación de la OEI, se ha remitido al Juzgado una comunicación en inglés de la oficina de cooperación, fechada el 17/09/2021.
Ni hay gestiones realizadas, ni avances ni nada respecto de la tramitación de esa orden para que se pueda investigar lo ocurrido.
Los abogados han emprendido una lucha que escenifica a la perfección una pelea de David contra Goliat. Intentan ahora que sea la Audiencia la que revoque la última providencia del juzgado en la que se aprecia que, dada la situación, no hay nada jurídico que resolver.
“Entendemos que ha existido una indolencia absoluta hacia la víctimas, atendiendo a la gravedad de los hechos, dos homicidios dolosos, como así se ha declarado por el Jurado de Gibraltar que tras someter los hechos al mismo admite la existencia de dos homicidios dolosos y se declara incompetente para juzgarlo por haber ocurrido en España”, se plantea por parte de los letrados en los recursos presentados en apelación.
Las autoridades españolas no pueden actuar si, por ejemplo, ni siquiera se les informa de los datos personales de los policías implicados o si la oficina de cooperación no avanza en el necesario conocimiento de por qué las autoridades gibraltareñas hacen caso omiso de esa orden europea. Sin esa respuesta no se puede avanzar.
La pelea de las familias marcha en solitario porque al recurso presentado se ha opuesto la Fiscalía que en su informe llega a tildar de “grotesco” que se solicite por parte de los abogados a la juzgadora que insista en llamar al juez de enlace.
La Fiscalía considera que la labor en instrucción “ha sido encomiable” habiéndose practicado todas las diligencias por lo que la decisión de archivo “es la única admisible en derecho visto el resultado de las diligencias y la falta de éxito de algunas por razones ajenas a la competencia del órgano judicial”, recoge en un informe.
Fiscalía considera que no existe falta de impulso procesal sin que quepa entender que el “juzgado pueda forzar a las autoridades gibraltareñas a que cumplan con su obligación ni mucho menos tiene ni la obligación ni el derecho de azuzar al juez de enlace. Tampoco es papel del juzgado presentar quejas o requerimientos ante las autoridades administrativas encargadas de la cooperación internacional. La decisión es impecable”, sostiene la Fiscalía que ha impugnado de hecho el recurso presentado por los abogados.
“Estamos ante un sinsentido jurídico. El debate se ha salido de cualquier discusión legal para entrar en algo incalificable e impropio de profesionales serios. La causa se inició con un auto de incoación de diligencias previas y se concluyó con un auto de sobreseimiento”, azota la Fiscalía que llega a criticar lo que considera “atrevimiento” y tilda de “sin contenido jurídico” el recurso planteado.
Los cuatro varones, tres españoles de Ceuta y un portugués, se encontraban en aguas españolas cuando sufren el abordaje por parte de una patrullera de Gibraltar. Los cuatro ocupantes de la semirrígida son trasladados a Gibraltar, constatándose después que dos están fallecidos mientras que los otros permanecen heridos.
Primero se indica que el suceso ocurrió en aguas de Gibraltar pero gracias a la revisión de las cámaras del SIVE y de la labor llevada a cabo por la Guardia Civil de Algeciras se verifica que no es así, hecho que después es reconocido. En España se presenta una denuncia en el Juzgado de La Línea habiéndose dictado un archivo provisional ante la imposibilidad de seguir avanzando en la obtención de pruebas.
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