La Plataforma Estatal de Enfermera Escolar ha subrayado que los consejeros de Sanidad y Educación de las distintas comunidades autónomas, y el INGESA en el caso de Ceuta y Melilla, no podrán garantizar adecuadamente la
salud y seguridad de los niños, niñas y jóvenes en sus respectivos
centros educativos a lo largo del nuevo curso al no propiciar la implantación generalizada de una enfermera o enfermero escolar. Con motivo del inicio del nuevo curso escolar 2021-2022, la Plataforma Estatal de Enfermera Escolar, integrada por el Sindicato de Enfermería,
SATSE; el Foro Español de Pacientes (FEP) y el Sindicato Independiente de la Enseñanza Pública ANPE, ha destacado que los responsables autonómicos de Sanidad y Educación tienen la “enorme responsabilidad” de asegurar un entorno seguro y saludable en el conjunto de centros educativos y, una vez más, se resisten a no apostar por una figura que beneficia, no solo al alumnado, sino a madres y padres, profesorado y al conjunto de la comunidad educativa. La Plataforma reitera que, si siempre resulta necesaria la presencia de, al menos, una enfermera o enfermero en cada centro educativo, en el nuevo curso lo es más si cabe ya que la amenaza del
Covid-19 sigue muy presente y hay que priorizar la prevención, atención y cuidados a más de ocho millones de niños, niñas y jóvenes mientras cursan sus estudios durante gran parte de su jornada diaria. La Plataforma resalta que se ha podido constatar la labor decisiva de la enfermera escolar a la hora de evitar y controlar el virus en aquellos centros y territorios en los que ya se cuenta con este profesional sanitario. Caso, por ejemplo, de Ceuta, que en pasados cursos ya apostó por esta figura y que en el pasado 2020-2021 ha conseguido mitigar el impacto del coronavirus en sus centros educativos. Tras conocer el acuerdo alcanzado en fechas recientes por el Ministerio de Educación y los gobiernos autonómicos para el nuevo curso, la Plataforma ha constatado que, por un lado, se tiene interés por seguir manteniendo los aspectos preventivos y de atención frente al Covid-19, pero, por otro, no se quiere entrar en la cuestión de fondo que es contar con un profesional sanitario, como es la enfermera o enfermero, que, por sus conocimientos y cualificación, pueda responsabilizarse con plenas garantías de todo lo necesario para que los niños, niñas y jóvenes estén cuidados y seguros. La Plataforma considera que la razón por la que el Ministerio de Sanidad no apuesta por ofrecer mayores garantías de seguridad y salud en los centros educativos es meramente económica cuando el gasto de implantar una figura plenamente consolidada en países, como el Reino Unido, Francia o EE.UU., es únicamente de unos 16-20 euros al año por habitante. Un coste “insignificante” si se compara con los beneficios en salud y también en sostenibilidad del sistema sanitario que supondría contar con una enfermera o enfermero, en el actual escenario de pandemia y en cualquier otro periodo, en todo lo relativo a procesos de salud que se pueden prevenir, como la obesidad, la diabetes tipo 2, patologías respiratorias, consumo de tabaco, alcohol y sustancias estupefacientes… Al respecto, la Plataforma Estatal de Enfermera Escolar recuerda que, de manera paralela a la realización de labores de prevención, detención y atención a casos Covid-19, las enfermeras y enfermeros son los profesionales sanitarios competentes para responder a las necesidades de cuidados de los niños, niñas y jóvenes, no solo en el ámbito asistencial, sino de información, sensibilización y formación de cara a adquirir hábitos de vida saludables. La Plataforma defiende que haya un modelo de consenso entre Sanidad y Educación, que facilite la presencia de la enfermera dentro de la comunidad escolar. Para ello, se deben establecer criterios normativos homogéneos en todo el Estado, asignar cada colegio al centro de salud de referencia, y que haya una adscripción integral de la enfermera al equipo de Atención Primaria, pero llevando a cabo su actividad exclusivamente en el ámbito educativo.