8 meses sin carné tras chocar contra un muro, un coche y una farola

En febrero de 2017, el llamado A.G.L. terminó empotrando un coche propiedad de su padre contra un vehículo estacionado en plena calle Real, una papelera, una farola y, finalmente, un muro. Cuando se le practicó la prueba de alcoholemia dio un resultado positivo de 0,83 mg./l. en una primera prueba y de 0,77 en la segunda. Ayer, ante la magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta, cuatro años después, reconoció los hechos y aceptó la condena impuesta por un delito contra la seguridad vial. Por ello penará con 4 meses de multa con una cuota de 10 euros diarios, además de ocho meses y 3 días sin carné. Se ha aplicado la atenuante de reconocimiento de los hechos desde Instrucción.

El acusado conducía bajo los efectos de las bebidas alcohólicas a bordo de un coche modelo Opel Adam, que terminó empotrando contra un muro, otro coche, una farola y una papelera. Los daños que causó en bienes municipales ascendieron por tasación a 1.797 euros, de los que también tiene que hacerse cargo el progenitor como responsable civil subsidiario al ser el dueño del coche.

Finalmente cuatro años después de ocurridos estos hechos se ha podido dictar sentencia porque por parte del acusado hubo un reconocimiento expreso de los hechos, poniéndose de acuerdo todas las partes personadas, entre ellas las responsables de seguros.

Desde hoy no se puede circular a más de 30 km/h en un 70 % de las calles

Este martes entra en vigor la limitación de la velocidad a 30 km/h en las vías urbanas de un único sentido de circulación, una medida que afectará a entre un 60 y un 70 % de las calles de España y que tiene como objetivo hacer ciudades más humanas, saludables y seguras.

Además, a partir de hoy el límite de velocidad en núcleos urbanos será de 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera y 50 km/h en las de dos o más carriles por sentido.

Así se contempla en la modificación del Reglamento de Circulación, aprobado el pasado 10 de noviembre, en el que se estableció un plazo de seis meses para su entrada en vigor para dar tiempo a que los ciudadanos conociesen los cambios y a los ayuntamientos a adaptarse.