Sí debe haber partidos responsables

La Operación Púnica y la trama de corrupción que ha arrastrado se ha sumado a una larga y vergonzosa lista que ha cubierto gran parte del territorio de España.

Urgido por las circunstancias e intentando reconducir una situación que está afectando especialmente a su formación política, esta semana el presidente del Gobierno se ha apresurado en pedir disculpas a los ciudadanos españoles en nombre de su partido por confiar en indeseables para cubrir puestos públicos de mayor o menor relevancia, incidiendo en la inhabilitación de la militancia de los sospechosos y su futura expulsión si se confirmaba su imputación. Para el presidente español, como es lógico, no se trata de un problema relacionado con la integridad de su partido político sino exclusivamente de las personas que se han corrompido. Este argumento posee un carácter demagógico muy importante. En primer lugar, porque es complicado definir cuándo una agrupación es corrupta o cuándo lo son únicamente algunos de sus miembros. En segundo lugar, porque un partido político no sólo debería dedicarse a suscribir nombres en una lista sino a establecer su control democrático tras su llegada a los puestos públicos. No es responsabilidad de ningún partido que uno de sus integrantes se corrompa, pero sí la ausencia de un seguimiento escrupuloso de sus actividades sobre todo públicas que hubiera permitido diagnosticarlo y evitar lesiones mayores. No obviemos que son estas organizaciones políticas las que apuestan por determinados miembros y las que los conducen al poder. Por ende, el mero ademán de despojarse de cualquier responsabilidad relacionada con estos hechos mediante simples palabras que no reparan ni lo más mínimo el daño que causa la administración corrupta de un puesto público parece una ofensa gravísima.
Esta manera de solucionar los escándalos de corrupción es un buen reflejo de la forma en que se acometen las responsabilidades en gran parte de la política de este país: durante muchos años se ha creído que la resolución de los problemas en este ámbito era más sencilla que su prevención, o en otras palabras, se ha creído que era más rentable resolver los casos de corrupción acusando a los militantes como ejecutores individuales y desmarcar el partido político que evitar que dichos actores pudieran llegar a tal punto. Este enfoque ha funcionado tradicionalmente en la política nacional sin demasiados problemas, sin embargo, el terremoto de la corrupción que se ha agitado durante los últimos años ha brillado con más violencia debido a la crisis económica que ha experimentado y experimenta el país, un punto que posiblemente no pronosticaron en su momento los propios partidos, lo cual ha dado lugar a un efecto secundario muy dañino para ellos traducido en un creciente rechazo a las formaciones políticas tradicionales, que para una parte amplia de los españoles representan todos los vicios y defectos del sistema.
Esta controvertida situación tendría que revisarse de cara al futuro. Si bien es cierto que es muy probable que los partidos políticos mejoren sustancialmente el control de sus militantes en cargos públicos para evitar efectos colaterales devastadores no para el país sino para su reputación, es previsible que esta situación retome su laxitud con el tiempo y el consiguiente restablecimiento de la bonanza económica. Ante esta peligrosa posibilidad sería muy interesante plantear el combate de estas debilidades mediante el conjunto legislativo, a través del castigo de toda aquella inacción relacionada con la supervisión de la actividad pública de sus integrantes. Si la mentalidad clásica de los partidos políticos españoles no está dispuesta a adaptarse a las necesidades de una sociedad moderna tendrá que hacerlo la Justicia.