La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, APDHA, ha emitido una dura crítica a la sentencia firme leída in voce esta misma semana por la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, en la que se condenó a 9 subsaharianos que cruzaron la valla el 26 de julio de 2018 por daños agravados, lesiones y desórdenes públicos. Entre otras ‘lindezas’, la APDHA denuncia que se presenta a los subsaharianos como “mafiosos organizadores de ataques” y acusa de “criminalizar a las personas que saltan la valla”. Añade además que la sentencia “va en la línea de todas las medidas implementadas por el PSOE e Interior y supone un paso más allá, pues su objetivo es imponer un castigo ejemplarizante y fomentar la creencia de que las personas que responden a un perfil étnico determinado son criminales”.
La asociación hace su papel contando esta cantidad de incongruencias. Aunque no todo vale, o no todo debería valer. Menos cuestionar la labor de una Audiencia que ha demostrado, con multitud de sentencias en más de 20 años de operatividad en Ceuta, que no sigue criterios políticos ni fomenta ningún tipo de creencia. Obvia la APDHA que la sentencia se alcanzó por una conformidad; es decir, antes de que el tribunal dictara sentencia, las partes llegaron a un acuerdo que fue aceptado por los propios subsaharianos. Uno a uno se confesaron culpables de los tres delitos por los que se les ha condenado. Podían no haberlo hecho, haberse sometido a un juicio celebrado con todas las garantías. Disponían de una defensa para ello, pero optaron por una conformidad que supone lo que supone: asumir que son culpables. Con este argumento cualquier otra crítica de la oenegé resulta carente de fundamento. Aquí la Audiencia no criminaliza a nadie, ni sigue la línea de medidas políticas, ni presenta a los subsaharianos como mafiosos organizadores de ataques. Aquí, el máximo órgano judicial en Ceuta ha sido muy escrupuloso y ha dictado condena por tres delitos muy concretos, contemplados en el Código Penal. Ni los ha condenado por saltar la valla, ni por ser inmigrantes, ni por organizar salto alguno. La lectura de hechos leída en una audiencia pública a la que bien podían haber asistido todos los componentes de APDHA fue admitida y aceptada como tal por los 9 acusados. Sin presión alguna, con dos letradas y un intérprete que les explicaron todo.
Pero lo fácil es, días después del fallo, emitir un comunicado para justificar un papel sin tan siquiera haberse esforzado en entender el procedimiento ni haber estado en el lugar de los hechos. Es fácil, pero también cobarde. La no suspensión de la pena de año y medio de cárcel viene pareja a una serie de responsabilidades económicas que deben ser garantizadas y que en este caso es algo imposible al ni siquiera demostrarse un arraigo. La decisión del tribunal de no suspender su ingreso en prisión fue meditada y de hecho fue la clave, porque el deber de unos jueces es exigir unas garantías para, precisamente, evitar que el poder de la justicia quede en nada.
Interpretar todo esto como un ataque al inmigrante no solo es ridículo sino que no tiene fundamento alguno. No todo vale. Aunque en este caso parece que sí para que algunos justifiquen su trabajo de cara a la galería. Así no.