El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles, por una amplia mayoría, una moción Grupo Parlamentario Popular en la que solicita al Gobierno la reforma la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para que los ciudadanos no paguen nada al firmar una hipoteca. Guillermo Martínez Arcas ha manifestado durante su intervención en el senado que “el pago del Impuesto de Actos Jurídicos no lo debe pagar nunca jamás el cliente, ni directa, ni indirectamente”.
Estas declaraciones vienen a tenor de la polémica que se ha generado en las últimas semanas por las resoluciones del Tribunal Supremo que dictaban quién debía pagar el impuesto de actos jurídicos documentados. El senador ceutí ha recordado que este impuesto "proviene del Gobierno socialista presidido por Felipe González".
Arcas asegura que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido "por decretazo", y que es una medida "populista" que no sean los clientes los quienes paguen el impuesto.
El senador ha aprovechado la ocasión para preguntar a la bancada socialista cómo piensa el Gobierno garantizar que los bancos no repercutan el impuesto a los ciudadanos.
Guillermo Martínez Arcas ha hecho hincapié en que el actual Ejecutivo, a diferencia de otros, “utilizan el Decreto Ley para todo, sea urgente o no, sea relevante o no, sea constitucional o no”.
En contrapartida, Martínez Arcas ha explicado que el PP impulsará una revolución fiscal para reducir los impuestos de la renta y de sociedades, además de suprimir los impuestos de Patrimonio, Donaciones, Sucesiones y Actos Jurídicos Documentados. “Un proyecto que se basa en defender la libertad individual, la seguridad jurídica y la propiedad de los españoles”, ha remarcado.
Al hilo de esto, el senador por Ceuta ha reconocido que España es el país de Europa con mayor presión fiscal sobre las hipotecas. Un impuesto que sólo existe en los países de nuestro entorno -Portugal, Francia, Italia o Austria-, pero con una presión fiscal sensiblemente inferior. En Alemania, Inglaterra, Países Bajos o Grecia, no existe este impuesto.
“Este impuesto no tiene sentido y su eliminación no supone un coste elevado para las arcas del Estado y España se lo puede permitir”, ha indicado.
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