El Salón de actos de las Murallas Reales acogió ayer el I Congreso sobre los Problemas Actuales de la
Seguridad Social en Perspectiva Internacional, una cita organizada por el Ministerio de Ciencia que reunió en la ciudad autónoma a un amplio elenco de expertos de las universidades de Cádiz, Málaga, Sevilla y Huelva, entre otras, con personalidades locales como el coordinador de la Unidad de Dependencia del
IMSERSO, Fernando Jimeno, o la magistrada María Luz Lozano.
Durante toda la mañana, dos paneles y una mesa redonda analizaron el ámbito de la protección pública entre distintos países a la hora de acceder a pensiones o asistencia sanitaria; en caso de desempleo, maternidad o viudedad; desde la perspectiva de la renta básica universal que va abriéndose paso en los países desarrollados...
En una localidad como Ceuta resultó especialmente ilustradora la exposición realizada por el vicepresidente de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social (AESS), Carlos García de Cortázar, en el panel que le reunión con Jimeno y Juan Carlos Álvarez Cortes, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Málaga.
Con el también profesor de la Universidad de Sevilla Salvador Navarro como moderador, profundizar en la situación de los
trabajadores fronterizos y transfronterizos (que no son lo mismo) y en cómo acceden a prestaciones por desempleo o pensiones en función de la normativa que se les aplica y sus distintas restricciones.
García de Cortázar abordó las particularidades del Tratado de Asociación de la UE y el Magreb y sus implicaciones en el ámbito de la protección social, más concretamente con Marruecos, “un socio preferente no tanto por España, que también, como por Francia”.
El especialista recordó que actualmente hay “casi 4 millones” de nacionales marroquíes en Europa, que tiene un entramado de Directivas que “proteger a los ciudadanos de terceros países” a partir de un “principio superior”, el de la “competencia leal”. España es el único país del mundo que “exporta pensiones a todo el mundo”.
Según García de Cortázar, la UE parte de que es “una fortaleza en la que exige igualdad de trato, pero no pide reciprocidad”, por lo que “no negocia con ningún país para exigir igualdad, como sería habitual en las relaciones internacionales clásicas y no con los contratos de adhesión, fórmula que utiliza Europa”. Algo parecido sucede con la libertad de circulación en esa “especie de estructura autosuficiente” que es Europa.
También se da pie así a una “geometría variable” en la que se llega a casos en los que “los miembros de la familia de un trabajador marroquí, por ejemplo, pueden ser ‘mejor’ tratados, tener más derechos que los de uno europeo” en función del tipo de legislación (comunitaria, nacional...) de aplicación.
García Cortés incidió en el caso de las prestaciones por desempleo y en que “solo cuatro convenios de los suscritos por España (con Australia, China, Corea y Chile) las contemplan, incluso su exportación”, aunque no es factible de hecho salvo en la UE y con Corea.
En este campo también afecta que el trabajador sea fronterizo (si se mueve entre Estados de la UE, como norma general, según precisó después Jimeno) o transfronterizo, el caso de los marroquíes de las provincias de Tetuán y Nador con Ceuta y Melilla, respectivamente, miles de personas que precisan de una autorización administrativa para poder trabajar en suelo español legalmente.
La ‘exportación’ de la prestación por paro solo es una realidad para la UE y Corea
El ex director provincial del IMSERSO hizo especial hincapié en que los transfronterizos no pueden acceder a niveles no contributivos de pensiones ni, desde hace unos años, a complementos mínimos. Además, tributan de una forma “muy particular” y perjudicial por elevada, ya que “se les aplica el IRPF de no residentes, del 8% hasta doce mil euros, arco en el que un residente no pagaría nada, y del 40% por encima de 18.700, sin tener en cuenta las circunstancias familiares o laborales”.
Desde el auditorio, la catedrática Cristina Sánchez-Rodas planteó una pregunta que quedó sin respuesta contundente: por qué no hay litigiosidad sobre el cobro de prestaciones por desempleo en Ceuta o Melilla si los trabajadores transfronterizos cotizan pero legalmente no pueden acceder a ellas si residen en su país.
Los integrantes del panel apuntaron que seguramente el panorama de enfrentarse a procesos judiciales de años de duración hacen desistir a los afectados, aunque García de Cortázar también se preguntó por qué no podría un español en paro residente en Marruecos cobrar la prestación si queda sometido efectivamente al necesario control de la Administración sobre su situación y tiene derecho a residencia cuando lo desee.
Residencia, servicios de empleo, control y políticas públicas
La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y el director provincial del INSS, Alfonso Grande, participaron ayer a primera hora de la mañana junto a la directora del Congreso, María Dolores Ramírez, en la inauguración de la cita. Durante el debate sobre la situación de los trabajadores transfronterizos en la ciudad autónoma el también profesor de la UNED Fernando Jimeno y sus compañeros de panel coincidieron en la necesidad de que coticen por desempleo porque no se puede presumir que en caso de quedarse en el paro no podrían acceder a la prestación y García de Cortázar apuntó que “el principio de residencia viene derivado de la necesidad de que los servicios públicos puedan controlar la situación del beneficiario de prestaciones”. Para García Cortés “hay un problema desde 2003, cuando se separaron las políticas activas y pasivas de empleo”.