Aprobar las oposiciones es solo un paso para conseguir una plaza como docente con carácter fijo. La normativa establece que la fase de prácticas forma parte del proceso selectivo para comprobar, una vez que han superado el concurso-oposición, la aptitud para la docencia “mediante actividades de inserción en el puesto de trabajo a través del ejercicio de la función docente tutelada, y de la realización de actividades formativas”.
Tras trece años ejerciendo como profesor en distintas regiones del país, Julián Moya superó en 2018 las oposiciones para convertirse en titular de una plaza de Geografía e Historia de Secundaria. Afrontó un curso de prácticas en el
IES Siete Colinas, donde le tocaron dos grupos de estudiantes “muy violentos” y con el
actual director provincial del MEFP, Juan Bosco de Alba, como inspector, no logró superar ese último filtro. Los informes negativos indicaron que sus clases estaban “muy alboratadas” y asumió con franqueza resignada la justicia de los mismos: “No tenía nada que hacer”, reconoció este sábado en declaraciones a este periódico sobre lo acontecido en el año escolar 2018-2019.
El siguiente fue asignado al
IES Puertas del Campo, concretamente a sus nuevas dependencias de El Morro, para impartir clase al alumnado de 3º y 4º de la ESO y Bachillerato. Durante meses le pareció, a tenor del resultado de las visitas que recibía de su tutora y los inspectores Carlos Cornax y Antonio Ramírez, que “todo iba en orden”. Tanto que en marzo, cuando se suspendieron las clases por la pandemia, “me dieron la enhorabuena” y dio por hecho que había saltado la última valla.
No fue así, en julio conoció otro “no apto” como calificación de sus prácticas que ahora llevará en forma de demanda al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras la desestimación de su primer recurso de reposición administrativo.
“Los informes de mi tutora y de la Dirección refieren impresiones positivas sobre mi práctica docente más allá de una falta de ortografía [absorver] que corregí de inmediato y me dijeron que no tenía más importancia, sobre la participación del alumnado y las familias...”, explica Moya, que asegura haber vivido un infierno este verano señalado por la Inspección como alguien “sin capacidad personal ni profesional” para la docencia o proclive a “aprobar a todos”. “Los dictámenes de un inspector que solo me conoció un día recogen acusaciones generales injustas sin sentido ni pruebas, fechas o hechos concretos y otros departamentos tienen datos de aprobados superiores a los míos”, defiende Moya, que si no recibe un veredicto favorable del TSJM se quedará sin los derechos obtenidos en las oposiciones de 2018.