“¡¡Nos hemos trasladado!!”. Con ese mensaje entre admiraciones se han topado este lunes las personas que, despistadas, todavía se han dirigido a los bajos de la calle Fernández para acudir a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, el de lo Social o el de Vigilancia Penitenciaria de Ceuta. Ya no están allí. Desde este lunes, 6 de febrero, operan en las plantas baja y segunda de la nueva sede judicial del Banco de España.
El Ministerio de Justicia no ha permitido acceder al interior de las instalaciones, cuya puesta de largo ante el conjunto de la ciudadanía se reserva para una inauguración oficial a la que se baraja que podría asistir la ministra del ramo, Pilar Llop, o algún otro alto cargo de su departamento.
A la espera de ese evento, 18 funcionarios y personal de seguridad privada, entre otros empleados, prestan ya sus servicios en estas remodeladas dependencias, unas instalaciones que cuentan con un espacio de casi 2.500 metros cuadrados. El traslado de estos órganos judiciales a estas nuevas instalaciones ha supuesto una inversión económica de 3,3 millones de euros.
El objetivo que se pretende desde la Administración General del Estado con esta medida que concentra varias sedes judiciales dispersas en un único edificio, más representativo e institucional, es mejorar la eficiencia organizativa, optimizar todos los recursos disponibles y facilitar a los ciudadanos los trámites que tengan que realizar.
La reorganización de las dependencias judiciales de la ciudad, muy dispersas, ha tardado más de dos décadas en ponerse en marcha tras barajarse múltiples emplazamientos para un nuevo Palacio de Justicia, desde el solar del Brull hasta la parcela del antiguo Cine África. Al final el ministerio se inclinó por las viejas dependencias del Banco de España, que cerró sus oficinas en la ciudad autónoma hace ahora algo más de 10 años.
Está claro que algo había que abrir antes de las elecciones.