El pasado 12 de mayo, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río,
auguraba que la nueva sede judicial en el Banco de España funcionaría a más tardar en septiembre. A estas alturas, con el año judicial inaugurado, al menos los ocupantes de
los juzgados de los horrores, el de la calle Fernández, tenían que haber trasladado sus bártulos a este punto. Pero nada ha cambiado, los distintos funcionarios siguen haciendo el mismo recorrido y las instalaciones siguen siendo las de siempre: todas dispersas, sin espacio y algunas tan deficitarias que resulta difícil de entender cómo todo un
Ministerio de Justicia permite su permanencia en Ceuta. Lo que sucede en Ceuta es un auténtico culebrón. Desde que se prometiera hace más de 20 años una ciudad de la justicia en el antiguo Cine África hasta la constatación de que se ubicará en el antiguo Banco de España se ha pasado por la promesa de distintas ubicaciones. Ninguno de los plazos se ha cumplido y lo peor de todo es que nada se sabe del desarrollo de la obra, de lo que se va a tardar en el traslado o de las medidas que se han adoptado respecto de decisiones polémicas como la ubicación del despacho de la Abogacía del Estado en este edificio, harto criticada por CCOO-Justicia y tampoco bien vista por el propio TSJA. Quienes son representantes de los trabajadores, quienes deberían ser informados al detalle de lo que sucede en torno a la futura sede judicial, viven atrapados en la incógnita acrecentada por la falta de respuestas tanto de la Gerencia de Justicia como del propio Ministerio. El Faro se ha puesto en contacto con el sindicato, que a fecha de hoy no ha sido informado de los plazos ni del futuro de la sede de la Abogacía ni de las medidas inmediatas que se van a adoptar para mejorar la situación de los trabajadores del sector. El último informe emitido por la Inspección de Trabajo respecto del estado de los juzgados de lo Contencioso y lo Social aludía a que la única alternativa posible era salir del edificio por los fallos estructurales que presenta. Humedades, malos olores y un grave problema para conciliar la vida laboral con el respeto a los riesgos laborales se concentran en el mismo lugar. Por eso entre los traslados primeros se había previsto este. Pero como todo en torno a esta obra no se ha cumplido. Si atendemos a los plazos, debía haber terminado en 2017 y hay serias dudas de que entremos en 2022 con todos los órganos operativos en este lugar. Lo más grave es la falta de comunicación que se tiene, la nula respuesta a los compromisos hechos público, lo que lleva a tener que estar averiguando permanentemente el futuro de la operatividad de la ciudad de la justicia. En todas sus últimas memorias el TSJA alude a este déficit. Son cuantiosos los informes y denuncias emitidos por CCOO-Justicia que expone el choteo y la falta de respeto a este sector, incapaz de obtener, año tras año, un lugar digno de trabajo, con espacio suficiente y en donde estén todos los órganos concentrados. Al Ministerio se le olvidó cómo impartir la justicia debida con sus propios profesionales.