Sede de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos.
El sector crítico de la FPAV, encabezado por Francisco García Segado y Miguel Ayora, ha decidido denunciar la actitud de la propia Federación ante el Consejo de la Transparencia que depende del Ministerio de la Presidencia.
La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos tiene la obligación formal de cumplimiento de cualquier Ley que le sea de aplicación. Es el caso de la Ley 19/2013,de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y buen gobierno, en aplicación del capítulo I, artículo 3, apartado B. Otros sujetos obligados, donde dice, textualmente: "Las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas, en una cuantía superior a 100.000 Euros o cuando, al menos, el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 € (en el caso que nos ocupa, los ingresos que percibe la Federación de Vecinos, son al 100% procedentes de subvención pública),
Señalan ambos dirigentes vecinales que “es de vergüenza y falta de responsabilidad ante la ciudadanía, que no se pueda ejercer un seguimiento fiscalizador de las cuentas de una entidad que percibe el total de sus ingresos mediante subvenciones otorgadas por la Ciudad, por no recibir la información contable solicitada, a pesar de las múltiples peticiones, realizadas por escrito, teniéndose que utilizar la vía judicial para tal fin”.
Siguen en su comunicando afirmando que “al parecer, el presidente de la Federación de Vecinos tiene patente de corso para incumplir las leyes y los estatutos y algunos, de su junta directiva, el derecho a beneficiarse por el puesto que ocupan, sin darse cuenta que, contra lo que ellos pretenden ignorar, son cómplices y partícipes de los reiterados incumplimientos. Pero es igual, se creen intocables y que nunca van a rendir cuentas a nadie. Error mayúsculo, a pesar de que, por activa y por pasiva, se les ha informado, no queriendo mostrar el menor interés en conocer nada ni nada de lo que, por inacción son responsables”.
Señalan que van a seguir denunciando los motivos por los que continúan algunos apoyando una situación “insostenible y falta de transparencia, que ha llevado a la Federación de Vecinos al olvido y a la falta de representatividad y, desde luego, que ninguno argumente no estar informado o desconocer sus propias responsabilidades, porque nos hemos preocupado en denunciarlo, en el mayor de los casos, públicamente, y en algunos, incluso hemos enviando cartas certificadas de forma nominativa. Pero es igual, ellos continúan hasta que el cuerpo aguante y, mientras tanto, se obstinan en continuar la improcedente gestión que ha hecho perder la credibilidad a un movimiento asociativo que era ejemplo de responsabilidad, convivencia y buen hacer.”
Y recuerdan que a la petición de Asamblea,” esa que usted no quiere celebrar y que ha intentado boicotear con mentiras y amenazas”, se han sumado tres asociaciones de vecinos más, “por lo que se ha quedado usted con el apoyo de su junta directiva, casi en exclusividad, y que perderá alguno de ellos, cuando una vez denunciados públicamente, vayan perdiendo los privilegios que usted les ha otorgado”.
Aparte de esta denuncia que se va a tramitar ante el Consejo de la Transparencia, cuya sede se encuentra en Madrid, hay que recordar que igualmente otro dirigente vecinal también envió al Tribunal de Cuentas el tema de la misma Federación Provincial. Y junto a ello está que el abogado que asesora a los responsables del sector crítico de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos ha presentado en el Juzgado la demanda para que por parte del juez se establezca la obligación para que el presidente de la mencionada Federación convoque la Asamblea que, hasta ahora, no ha querido celebrar.
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