Se investigan presuntos delitos de malversación y prevaricación en la 'trama' del deposito judicial

• Se negaron a declarar en el juzgado número 2, que instruye el caso bajo secreto

El Juzgado de instrucción número 2 dictó ayer auto de entrada en prisión para dos de los tres detenidos por la Guardia Civil en el marco de la operación abierta sobre la gestión del depósito judicial de vehículos. Se trata de un depositario y del que desempeñara funciones en su día de delegado de la Gerencia Territorial de Justicia y que ayer el Ministerio definió como administrativo. El tercer detenido quedó en libertad con cargos y hay un cuarto investigado. En el caso de las dos personas que ingresaron en prisión, no quisieron prestar declaración acogiéndose a su derecho al estar el procedimiento bajo secreto.

La operación que ha llevado al arresto de estas personas, información que fue adelantada por este periódico, ha sido coordinada por la Unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil, cuyos agentes se desplazaron el mismo jueves a Sevilla para detener a quien fuera cargo de la Gerencia, que ahora desempeñaba otras funciones ajenas a este ámbito después de que abandonara su responsabilidad el pasado julio.

La investigación pretende esclarecer posibles ilícitos en la gestión del depósito judicial de vehículos local y una presunta venta de vehículos, poniéndose de manifiesto la existencia de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, entre otros.

El depósito municipal de vehículos dejó de ser en 2012 el destino de los coches requisados por orden judicial. Hace dos años y medio, la Administración detectó y alertó en una Instrucción de que se venían presentando de forma “sistemática” facturas por distintos depositarios de vehículos que “con atento oficio” eran remitidas a la Gerencia Territorial para su pago, hubiesen sido o no intervenidos judicialmente los automóviles a que hacían referencia.

En la investigación de la Benemérita se pone de manifiesto unas supuestas irregularidades en torno a esta gestión del depósito judicial en las que afloran posibles ventas de piezas de vehículos o destrucción de algunas que habían sido intervenidas. De hecho ha habido casos judicializados de personas a las que se les había requisado su vehículo en el depósito y tras culminar el proceso judicial en el que estaban inmersos y solicitar la devolución del mismo éste ya había desaparecido porque constaba como destruido. Se tuvieron que pagar, de hecho, indemnizaciones tras decisiones que no debían haberse llevado a cabo.

En la investigación de la Guardia Civil se indaga sobre la retirada de vehículos del depósito, su destrucción y posible lucro posterior. Se sigue, de hecho, investigando quedando todas las actuaciones judicializadas.