La llegada a la ciudad de Menores Extranjeros No Acompañados procedentes en su mayoría del país vecino, los conocidos como MENAS, ha llevado a “desvirtuar y distorsionar” la función que se viene desarrollando en el Centro del Mediterráneo, al haberse retornado a su original objetivo “asistencial”, frente a la labor de inserción y trabajo individualizado que, desde hace unos años, se venía desarrollando con cada uno de estos menores que se encuentran desprotegidos o desamparados con un perfil claro de arraigo en nuestra ciudad.
En sus orígenes como ‘Cristo Rey’ respondía a un objetivo asistencial, aunque ya en la década de los 80 pasó de ser un centro prácticamente de beneficencia a establecer unas pautas de trabajo con los menores a fin de lograr su total inserción en la sociedad. “Pasamos de ofrecer una labor meramente asistencial a trabajar con los menores y las familias. Entraron trabajadores sociales, educadores o psicólogos para realizar una tarea individualizada a través de un programa educativo y sus necesidades”, explica Francisco Ferrer, trabajador del Área de Menores.
Aunque el perfil de los menores es, en algunos aspectos, similar Ferrer apunta a “diferentes necesidades de actuación”, en cuanto los profesionales del centro trabajan con el entorno del niño y su familia, con seguimientos constantes de los logros. Una intervención totalmente opuesta a la planteada con un menor extranjero, donde el desconocimiento de su vínculos familiares obliga a adoptar una actuación diferente para el perfil de estos niños. “Es cierto que sí tienen relación con ellos y a veces los visitan fuera del centro por lo que no se les puede identificar y los trabajadores no tenemos potestad para preguntar quienes son”.
El problema comenzó a agravarse cuando una situación transitoria de acogida de varios menores extranjeros se volvió definitiva y actualmente, a la saturación de las dependencias (unos 38 menores frente a los 25 que serían recomendables), se suma el hecho de que el 75% del centro lo ocupan niños extranjeros. “Hemos vuelto a la labor asistencial pura y dura. Teníamos el cuadro educativo adecuado para atender ciertas necesidades, pero se distorsiona cuando tenemos a estos niños porque no podemos trabajar su perfil específico”.
Ferrer aclara que los profesionales del Centro del Mediterráneo no están en contra de “dar protección a este colectivo de menores en desamparo”, pero sí matiza que es necesario adaptarse a unas necesidades y carencias que, si bien “coinciden en muchos aspectos, son muy distintas en otros, empezando con el desconocimiento de la lengua, diferencias culturales, sociales, de costumbres y hábitos”.
Estas especificidades lleva a Ferrer a instar al Gobierno a habilitar un centro donde se trabaje el perfil específico de estos niños, a la vez que se aborde su problemática concreta. Una decisión que también conseguiría descongestionar las instalaciones del Mediterráneo. “Ha habido que habilitar camas en el pasillo para dos niñas de nuevo ingreso”.
Con más de 30 años de experiencia en el sector, Ferrer denuncia lo que considera una “nefasta política” no achacable únicamente a la administración local (que asumió las competencias en esta materia de modo voluntario), sino también a la “inacción por parte de la Administración General del Estado a través de la Delegación del Gobierno. “Esta última presenta una clara dejación de sus funciones y competencias”, añade.
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