Sanín aboga por el consenso de la UE en la regulación de la práctica del aborto

La senadora popular por Ceuta Luz Elena Sanín ha aplaudido la decisión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de rechazar el informe Mc Caffery por el cual se obligaba a médicos y hospitales a no abstenerse de practicar abortos. En contraposición, el órgano europeo aprobó una resolución por la que “ninguna persona, hospital o institución será coaccionada, considerada responsable o discriminada debido a su rechazo a participar, aprobar o asistir en la práctica de un aborto”, además de empatizar sobre la necesidad de afirmar el derecho a la objeción de conciencia y la responsabilidad del Estado de garantizar un acceso adecuado a la atención sanitaria prevista por la ley.
Para la senadora, la postura europea viene a dar un “varapalo muy importante” al Gobierno y “por supuesto a la ministra de Igualdad al ratificar ese derecho de los médicos a negarse a provocar abortos”. Sanín recuerda que el Partido Popular se opuso en el Parlamento a la ley del aborto, una oposición que también suscribieron los cinco millones de firmas de ciudadanos. “Gran parte de la sociedad mostró un evidente rechazo. Este gobierno que tanto  propugnan el respeto a los derechos humanos, a la integridad y a la vida hizo oídos sordos a ese clamor popular que propugnaba por el derecho a la vida”.
Sanín aboga por que los estados miembros de la Unión Europea acuerden marcos legales “claros y completos” que definan la objeción de conciencia en relación a los servicios médicos de salud. “Esta práctica debe estar regulada de modo adecuado, existir un marco legal común  que garantice el ejercicio de este derecho”.
Con esta resolución, añade Sanín, se apuesta por el derecho a la vida “porque el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo nunca puede estar por encima del derecho a la vida”.

Patente de corso

La senadora popular asegura que ningún gobierno puede tener “patente de corso para decidir mediante ley quien puede nacer y quien no” y, en este sentido, se avergüenza de que a un Estado al que, desde la Unión Europea se le imponen políticas económicas o reformas estructurales “también les impongan las normas éticas y morales que deben ser consustanciales al hombre por el simple hecho de serlo”.