Sanidad garantiza la atención de urgencias y embarazos para todos

En política, el principio de Lampedusa viene a sugerir el “cambio de todo para que todo siga igual”. Algo parecido ha sucedido con el real decreto-ley, norma que persigue “garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”

y que, en el capítulo de la prestación sanitaria a extranjeros, se amolda a ese ‘cambio’ lampedusiano para que todo siga igual. De este modo, tal como contempla el decreto, los usuarios no residentes en la Unión Europea podrán seguir siendo atendidos por la sanidad pública en los particulares de “urgencias por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea la causa, hasta la situación de alta médica”, “la asistencia al embarazo, parto y postparto” y, en todo caso, la asistencia a menores de 18 años “en las mismas condiciones que los españoles”.
Aprobado el viernes durante el Consejo de Ministros y publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado, el real decreto incluye en su capítulo primero una modificación de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003. En el artículo que recogía los”titulares de los derechos asistenciales”, la ley de 2003 hacía mención a su vez a la Ley Orgánica de 2000, en cuyo artículo 12, referido al ámbito del derecho a la asistencia sanitaria, recoge literalmente los tres mismos supuestos del decreto ley publicado ayer: urgencias, embarazos y menores. Es decir, que todo sigue igual.
Este nuevo contexto normativo vinculado a la salud, que no lo es tanto en materia de atención a extranjeros, provocó ayer la reacción de los profesionales y de las instituciones de Ceuta. En esencia, el mensaje de los sindicatos y del Colegio Oficial de Médicos se limita a exigir al Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales y Mujer una “dotación suficiente en recursos humanos y materiales con objeto de que la prestación a los ciudadanos ceutíes no se vea mermada”. Ese es el discurso de la presidenta del Colegio de Médicos, Manuela Gómez, cuya opinión se centra en exigir a la Administración “una financiación diferenciada en el capítulo del servicio a extranjeros”. “Lo importante es que la calidad asistencial no se vea perjudicada, que la contemplación de estas medidas no se lleve a cabo a costa de la salud de los ceutíes”, declaró Gómez.
Desde el sindicato de enfermería Satse insistieron en el importante papel de la Administración a la hora de “garantizar el cumplimiento de la ley”. “Los centros sanitarios deben contar, pues, con una plantilla ajustada a las necesidades asistenciales”, dijo Emilio Barrientos (Satse). De un modo similar se expresaron desde el área de sanidad de CCOO. Ángel Lara, secretario general, apuntó en cambio la dificultad que le supondrá a los facultativos el diagnóstico de “gravedad” que establece el decreto. “Al final, la responsabilidad recaerá sobre el médico de urgencias, que es quien tendrá que decidir”. Desde UGT reseñaron la escasa repercusión en el ahorro de las medidas urgentes aprobadas en tal materia, “pues todo queda igual”, dijo Juan Carlos Fontalba. Por su parte, Malika Al-Lal, de CSI-F, abundó en el continuismo asistencial que se deriva de esta apunte lampedusiano: nada ha cambiado con el cambio de Gobierno.

Copago en prótesis, ambulancia no urgente y dietética

En cuanto a los usuarios de prótesis, productos dietéticos y transporte sanitario no urgente la obligatoriedad de cofinanciación será por renta teniendo en cuenta unos baremos por renta. Según establece el real decreto, “el porcentaje de aportación del usuario se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica, tomando como base de cálculo para ello el precio final del producto y sin que se aplique ningún límite de cuantía a esta aportación”. Estas medidas entrarán en vigor una vez agotado el plazo de seis meses dispuesto por el Ejecutivo a partir de la aprobación del decreto ley, informó una nota de Europa Press.

Los nuevos tramos en las recetas farmacéuticas

El gasto farmacéutico vuelve a ser el sector en que más empeño dedican los gobernantes. Con la prioridad del control del coste-eficiencia, el Ejecutivo aprobó finalmente el viernes una redefinición del copago farmacéutico que estaba implantado desde hacía tres décadas. En referencia al pago del 10% de los fármacos por parte de los pensionistas y el incremento del 40 al 50 o 60% para los ciudadanos activos, la medida deberá comenzar a se aplicada por la Administración antes del 30 de junio de 2012, según dicta el decreto.
Los pensionistas pagarán el 10% de los medicamentos con un máximo de 8 euros al mes para las rentas por debajo de 18.000 euros al año. El tramo de los jubilados que no alcancen los 100.000 euros llegará a un tope máximo de 18 euros, mientras que los jubilados que ingresen más de 100.000 euros pagarán el 60%, con un límite de 60 euros mensuales.
Por contra, sí serán gratuitos los medicamentos para aquellos que cobren las pensiones más bajas, las no contributivas, además de para los desempleados sin prestación. También están excluidos del pago de medicamentos los afectados por síndrome tóxico, los discapacitados, los preceptores de rentas de integración social y los tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad provisional, recogía el decreto publicado ayer en el BOE.
En cuanto al resto de ciudadanos, los denominados activos, aquellos que cuenten con una renta inferior a los 18.000 euros (y las familias numerosas) seguirán pagando el 40% del medicamento. Por su parte, aquellos ciudadanos que tengan un sueldo superior a esa cantidad, y no excedan los 100.000 euros, abonarán la mitad del precio de los fármacos. Este porcentaje se eleva al 60% para aquellos con rentas superiores a los 100.000 euros anuales, con un máximo de 60 euros al mes.
No varía sin embargo el coste de los medicamentos que han de desembolsar los mutualistas y clases pasivas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial: se mantiene un pago del 30% del importe.
Esta aportación del usuario en función de la renta se actualizará, como máximo, anualmente y lo que se pague de más de los límites fijados deberá ser reintegrado por la Administración con una periodicidad máxima del semestre.
En la aplicación de este nuevo sistema de pago de los medicamentos, las tarjetas sanitarias cumplirán una función esencial al incluir los datos que se tendrán en cuenta a la hora de emitir las recetas. Estas recetas oficiales llevarán impreso un código en la parte superior derecha en el que se indicarán los grupos de financiación: si son usuarios exentos de aportación, de aportación de un 10%, de un 40%, un 50% o un 60%; o si se trata de recetas de accidentes de trabajo o enfermedad profesional.

No a los de “síntomas menores”

Entre las medidas relacionadas con la prestación farmacéutica, el Gobierno decreta un nuevo sistema de revisión de precios a la baja para los fármacos financiados, de modo que, según recoge el decreto ley publicado ayer, "sólo se tendrán en cuenta” las reducciones que supongan, “como mínimo”, el 10 % sobre el precio industrial máximo en vigor autorizado para la financiación con fondos públicos. De igual modo, se excluirán de la prestación farmacéutica de medicamentos y productos sanitarios aquellos indicados en el tratamiento de “síntomas menores” y los que contengan un principio activo que cuente con un perfil de seguridad y eficacia favorable y suficientemente documentado a través de años de experiencia y un uso extenso, informó en una nota la agencia Europa Press. Además, a favor de los medicamentos genéricos, el Gobierno establece un artículo por el que, cuando la prescripción se realice por denominación comercial, si el medicamento prescrito tiene un precio superior al del menor precio de su agrupación homogénea, el farmacéutico sustituirá el medicamento prescrito por el de menor precio y, en caso de igualdad, dispensará el medicamento genérico o el medicamento biológicamente equivalente.

El Ingesa se remite a lo señalado en el decreto

La expectación existente en torno a cómo afectarán en Ceuta los recortes presupuestarios encontró ayer en Melilla un adelanto de la información. Antes, el director general del Ingesa, José Julián Díaz Melguizo, que llegará mañana a Ceuta, emplazó al texto del real decreto ley cuando tuvo que contestar sobre la atención sanitaria a los extranjeros no residentes. “La procedencia de los pacientes no es una cuestión que deba competer a los facultativos”, manifestó Díaz Melguizo.
Sí se refirió a los recortes a continuación. De entrada, Díaz Melguizo anunció que, a excepción de la partida farmacéutica, que habrá de ajustarse un 5%, los presupuestos del Ingesa para Melilla no se verán disminuidos. Es de prever, por tanto, que mañana anuncie lo propio en Ceuta, es decir, que el dinero consignado en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado se beneficie de un leve aumento (el director del Ingesa cifró el incremento de Melilla en un 1,4%).
Más en concreto, Díaz Melguizo especificó de modo expreso que ni la atención primaria ni la atención especializada de Melilla sufrirán ajustes en la plantilla, toda vez que, en comparación al ejercicio anterior, se mantendrán las partidas asignadas. De las palabras del director del Ingesa se desprende que sí habrá diferencias en el capítulo de inversiones reales. De los cerca de 11 millones de euros destinados a tal objeto, el 80% se dedicará a la construcción del nuevo hospital de Melilla, cuya finalización está prevista para 2013.
Sobre las medidas relacionadas con el copago farmacéutico, Díaz Melguizo tildó de variación, y no de implantación, al referirse a este sistema de financiación. “No es un fenómeno nuevo. El copago ya se realizaba con la prescripción anterior”, subrayó en unas declaraciones recogidas por ‘El Faro de Melilla’. Siguiendo el modelo de los miembros del Gobierno de Mariano Rajoy durante todo este proceso de recortes, ajustes y medidas de eficiencia, el director del Ingesa pidió a los ciudadanos un “pequeño esfuerzo” que revierta la situación económica del país.