El Servicio de Sanidad Animal de la Ciudad mantiene censados actualmente 1.201 perros considerados potencialmente peligrosos en Ceuta, aunque sólo 342 constan como activos. Los otros 859 pueden adscribirse, según han explicado fuentes de la Consejería que dirige Alberto Gaitán, a “bajas por muerte, por traslado de Comunidad o no han recibido la vacuna antirrábica desde hace más de tres años y el sistema les ha dado de baja automáticamente”.
Todo ello se da a pesar de con la normativa vigente los propietarios de animales potencialmente peligrosos están “obligados” a comunicar la “venta, traspaso, donación, muerte o cambio de residencia de los mismos y solicitar la correspondiente baja”.
La Administración local mantiene una campaña continua de la mano del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil para detectar ejemplares sin licencia y proceder a la apertura de un expediente sancionador o dar a sus propietarios, según las circunstancias, un plazo administrativo para la obtención de la licencia “sin aplicar sancionador alguno”.
La posesión de animales potencialmente peligrosos no registrados ni identificados conforme a lo previsto en el Reglamento vigente o por exigencia legal está tipificada como infracción grave y puede ser sancionada con multas de entre 701 y 1.499 euros. La normativa exige la obtención de una licencia vetada para condenadas por homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública o asociación con banda armada o de narcotráfico.
Se consideran perros potencialmente peligrosos “en todo caso” los ejemplares pertenecientes a siete razas (y sus cruces): Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu y Akita Inu. También “los que hayan sido adiestrados para el ataque o guarda y defensa” y, aunque no se encuentren entre los anteriores, “todos aquellos que manifiesten un carácter marcadamente agresivo y hayan sido objeto de, al menos, una denuncia”.
Para la circulación en espacios públicos de perros potencialmente peligrosos es obligatoria la utilización de cadena o correa no extensible de menos de dos metros de longitud máxima. No se puede llevar más de uno por persona y siempre con “bozal homologado y adecuado para su raza”. En parques y jardines públicos, así como, en las inmediaciones lugares de ocio y esparcimiento de menores de edad su presencia está totalmente ”prohibida”.
El Gobierno central espera presentar el próximo mes de mayo un anteproyecto de ley para modificar la Ley 50/99 sobre animales potencialmente peligrosos para fijarse en el comportamiento individual de los animales de compañía sin tener en cuenta “la raza concreta con la que ha nacido” y evitar así prejuicios “injustos” con determinadas razas.
La norma establecerá un mecanismo de validación de comportamiento de cada ejemplar. Además, el anteproyecto de ley prevé que los perros que necesiten algún "manejo particular" se deben educar con técnicas de mejora de comportamiento para que dejen de ser peligrosos.
El número aproximado de perros que se podrían beneficiar de esta transformación legislativa incluiría a unos 40.000 ejemplares pertenecientes a las ocho razas caninas (Rottweiler, Staffordshire bull terrier, American staffordshire terrier, Dogo argentino, Akita inu, Fila brasileño, Tosa Inu y Pit bull terrier) recogidas actualmente como potencialmente peligrosas con requerimientos especiales.
Diferentes regulaciones autonómicas han sumado a esa lista los Boxer, Doberman, Presa canario, Bullmastiff, Dogo de Burdeos, Dogo del Tíbet, Mastín napolitano y Presa mallorquín. En ninguna está el Malinois, con una extraordinaria proliferación en la ciudad autónoma desde hace años.
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