Javier Guerrero, consejero de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de Ceuta, ha participado este lunes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que ha sido presidido por la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, y en el que el Gobierno y las comunidades autónomas han aprobado el Plan de Alzheimer y otras demencias.
El consejero ceutí ha subrayado el carácter informativo de esta reunión, que se ha desarrollado desde las 10.30 hasta prácticamente las 17.00 horas, y en el que se ha debatido acerca de más de una veintena de puntos relacionados con planes sanitarios actuales y futuros.
Según ha explicado Guerrero, al término de este encuentro, si bien en gran parte de los asuntos abordados la Ciudad Autónoma no tiene competencia, la previsión es mantener una reunión de coordinación con la Dirección Territorial de Ingesa al objeto de tratar específicamente temas como las agresiones físicas o verbales a sanitarios.
Además, Guerrero ha conversado con el consejero de Bienestar Social y Salud Pública de Melilla, Fernando José Rubia, y lo ha emplazado a mantener una reunión, en la que también participará la Junta de Andalucía, tal y como avanzó durante la reciente visita a Ceuta de su responsable de salud, Jesús Aguirre, para crear un grupo de trabajo e intensificar la colaboración entre administraciones en asuntos relacionados con salud pública.
Este Plan aborda, por primera vez, el tratamiento del Alzheimer no solo desde el ámbito social, también sanitario. En esta línea, la detección temprana es uno de los avances que marca el proyecto, que prevé mejorar las capacidades diagnósticas del sistema y establece el fomento de la investigación sobre el origen, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad.
“A pesar de lo que ha avanzado la investigación hay que seguir trabajando en la identificación precoz de la enfermedad, en los factores que la desencadenan y en los tratamientos más adecuados”, ha destacado la ministra en funciones.
El texto establece cuatro objetivos y principios. En primer lugar, la sensibilización y transformación del entorno con el propósito de cambiar la visión que la sociedad tiene del Alzheimer.
En segundo lugar, situar a la persona en el centro de la atención sanitaria y social. Para ello se desarrollarán las políticas de promoción de la salud y se fomentará entre la población y los profesionales el conocimiento de los factores de riesgo así como los tratamientos más adecuados.
El tercer eje se refiere al derecho, la ética y la dignidad de la persona y pretende mejorar los servicios, apoyos y prestaciones para avanzar en la atención a las personas en distintos ámbitos. En cuarto lugar, recoge medidas para fomentar la investigación, la innovación y el conocimiento.
El número de personas afectadas de Alzheimer en España supera las 700.000 entre los mayores de 40 años. En 2050, el número de enfermos se habrá duplicado y se acercará a los dos millones de personas.
María Luisa Carcedo ha presentado los avances del grupo de trabajo técnico encargado de elaborar el “Informe de agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud”, que estará previsiblemente concluido a finales de año.
En 2018 se produjeron un total de 9.741 agresiones a profesionales sanitarios durante las cerca de 500 millones de consultas sanitarias contabilizadas en nuestro país. Del total de agresiones, el 81% fueron agresiones verbales o psicológicas.
La ministra ha indicado a los consejeros que los trabajos del informe se centran en conocer mejor un fenómeno que no solo afecta a la integridad física y bienestar de las personas sino que fomenta una disminución de la calidad y la cohesión del Sistema Sanitario en España.
“Los resultados obtenidos sólo marcan un comienzo con el que se precisa continuar trabajando en medidas y actuaciones de prevención con el fin de evitar, reducir o paliar las agresiones en el ámbito sanitario”, ha explicado la ministra.
Gobierno y Comunidad Autónomas han acordado además las condiciones generales de planificación, coordinación, contratación, adquisición y suministro de medicamentos de terapia avanzada de las estructuras y servicios de titularidad pública integrados en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
El pasado 1 de octubre se incluyó en la prestación farmacéutica del SNS el primer medicamento de terapia avanzada de fabricación no industrial. Por primera vez, la titularidad es de un hospital público.
“Este hito supone un nuevo paradigma tanto en el proceso productivo del medicamento en España como en su gestión”, ha destacado la ministra. “Se abre así una fuente de oportunidades al SNS, tanto en el fomento de la fabricación propia y pública de estos medicamentos como para la investigación clínica independiente”. Ambos son objetivos recogidos en el Plan para el Abordaje de las terapias avanzadas en el SNS: medicamentos CAR-T.
El Consejo Interterritorial también ha sido informado de Valtermed, un sistema de información diseñado para determinar el valor terapéutico en la práctica clínica real de los medicamentos de alto impacto sanitario y económico en el SNS. La ministra ha comunicado a los consejeros que Valtermed será presentado de forma oficial el próximo 22 de octubre.
Se trata de una iniciativa pionera en el mundo. El objetivo, que los profesionales dispongan de información óptima para la adecuada toma de decisiones de la prestación farmacéutica y determinar el beneficio clínico que presentan los nuevos medicamentos.
La ministra ha trasladado en el seno del Consejo Interterritorial del SNS la información sobre el plan de contingencia y situación ante el Brexit elaborado por el Gobierno. Asimismo ha informado a los consejeros sobre la planificación en los ámbitos en los que se espera un mayor impacto como consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
La ministra ha indicado que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha habilitado un espacio en la página web con toda la información relativa a las materias que pueden requerir la adopción de medidas en la fecha de salida efectiva del Reino Unido de la UE.
El Consejo Interterritorial ha avalado la propuesta de desarrollo de una “Estrategia de Vigilancia en Salud Pública en España”. Tendrá como principal objetivo el desarrollo y modernización de los sistemas actuales de vigilancia en un plazo medio (2020-2023/5) de manera que sirvan de soporte a la toma de decisiones y actuaciones mediante la producción de la información correcta, en el momento y en el nivel adecuado.
“La Estrategia va dirigida” – ha señalado Carcedo- “a garantizar el desarrollo armónico de la vigilancia en Salud Pública en todas las comunidades autónomas, la existencia de recursos suficientes y con el adecuado nivel de competencias en vigilancia, a fomentar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones más avanzadas y a establecer las alianzas intersectoriales necesarias para el desarrollo de la Red de vigilancia en Salud Publica propuesta”.
La ministra ha informado a los consejeros y consejeras del sistema de receta electrónica implantado en todas las CCAA desde el pasado mes de abril. Empezó a dar servicio en julio de 2015 entre las comunidades de Canarias y Extremadura y, progresivamente, se fueron incorporando el resto de CCAA hasta su culminación en abril de 2019 con la incorporación de la Comunidad de Madrid. En dos años se prevé que opere también con los países de la UE.
En este tiempo, 1,3 millones de personas se han beneficiado de la receta electrónica interoperable del Sistema Nacional de Salud. Además, se han generado casi cuatro millones de actos de dispensación en los que se han retirado 9 millones de envases de medicamentos fuera de la comunidad donde se han prescrito.
La e-Receta permite a cualquier persona obtener su medicación en cualquier oficina de farmacia del país. “A pesar de la complejidad de este servicio, al trabajar con 29 aplicaciones diferentes, las incidencias reportadas son mínimas y se sitúan en un porcentaje inferior al 1% del total de actos de dispensación”, ha indicado Carcedo.
La campaña de vacunación frente a la gripe para la temporada 2019-2020 comenzará entre la tercera semana del mes de octubre y la primera del mes de noviembre. Su objetivo, alcanzar o superar una cobertura de vacunación del 65% en el grupo de más de 65 años y del 40% en el personal sanitario y embarazadas.
La finalidad es alcanzar de forma progresiva el objetivo establecido por la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea. Es decir, lograr coberturas de, al menos, el 75% en el grupo de mayores tan pronto como sea posible y aumentar las coberturas en profesionales sanitarios y grupos de riesgo.
Al igual que ya ha hecho el Consejo Territorial de Servicios Sociales y de Atención a la Dependencia, el Consejo Interterritorial ha emitido una declaración institucional sobre el acceso de las personas con infección por el VIH a centros residenciales del sistema público de servicios sociales.
En el documento las Comunidades Autónomas asumen el compromiso de eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las personas con infección pore el VIH, en relación con el acceso a centros residenciales públicas o a plazas concertadas en centros de titularidad privada. Para ello se compromenten a adaptar las instrucciones de acceso a dichos centros, con el objetivo de evitar exclusiones discriminatorias hacia las personas con VIH.
El Pleno del Consejo Interterritorial del SNS ha acordado asimismo la continuidad y finalización de la tramitación para la aprobación del Real Decreto por el que se establece el acceso al título de médico especialista en Medicina Legal y Forense por el sistema de Residencia.
Otro de los proyectos de RD respaldado por el Gobierno y las comunidades autónomas es el que tiene por objeto establecer las condiciones para la evaluación, realización y seguimiento de los estudios observacionales con medicamentos de uso humano. Éste actualiza la normativa anterior para adecuarse a la normativa europea y mejorar la eficiencia en la evaluación.
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