El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes a los micrófonos de la Cadena SER que "no aceptarán actos violentos a la valla de Ceuta ni a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". El presidente ha defendido su política migratoria, que ha calificado como "coherente", después del acogimiento de los migrantes del 'Aquarius' en el mes de julio y las devoluciones de 113 inmigrantes en 24 horas tras el salto a la valla de Ceuta. Lo ha afirmado durante una entrevista en la que ha sido cuestionado sobre el tipo te política que emplea en materia de inmigración. Sánchez lo tiene claro y habla de "coherencia" en su política migratoria. "Queremos mantener una política migratoria coherente. Una política de migración que antes de nuestra llegada al Gobierno no existía". A raíz de esa política "coherente" de la que habla Pedro Sánchez ha querido asegurar que Marruecos es un "país seguro" con el que "estamos colaborando ya que es fundamental para el control de la migración". En la misma línea ha querido hacer hincapié en que España "necesita de la migración sí o sí, ya que el país está "envejeciendo"
¿Qué opinan las oenegés sobre la seguridad de Marruecos?
Oenegés como CEAR han criticado duramente la seguridad de Marruecos. "Hay un creciente hostigamiento que están sufriendo los subsaharianos en el norte de Marruecos, con redadas policiales violentas que demuestran una vez más que no es un país seguro". Cabe recordar que las redadas policiales se han convertido en una rutina. Los desplazamientos forzosos de inmigrantes al sur de Marruecos llevados a cabo por la policía han provocado que dos menores fallecieran durante uno de los desplazamientos. Amnistía Internacional también se pronunció sobre la seguridad en Marruecos, considerando que la fórmula que aplicó el Gobierno en la devolución de los 113 inmigrantes podría provocar "violaciones de los derechos humanos en Marruecos, en sus países de orígenes, o en los países donde hubieran comenzado su viaje". El último informe de Amnistia Internacional aseguraba que en el último año "se encarceló a periodistas y manifestantes que pedían justicia social y derechos políticos". Además, la organización, recoge que "persistió la impunidad de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Se siguió sometiendo a migrantes a uso excesivo de la fuerza y detención. Los tribunales impusieron condenas a muerte. No se llevaron a cabo ejecuciones". La organización también recoge que los tribunales de Alhucemas y Casablanca juzgaron y declararon culpables a gran número de manifestantes del Rif basándose en declaraciones que, según las personas enjuiciadas, se habían obtenido con coacción, sin investigar debidamente sus denuncias de que habían sufrido tortura y otros malos tratos bajo custodia.