El próximo martes, 28 de abril, es el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Como nos recuerdan los sindicatos, la pandemia ha puesto en evidencia la relación indisoluble entre salud laboral y salud pública. Los contagios en el ámbito laboral y en los desplazamientos vinculados han sido vectores importantes de propagación del virus.
Pero también, ambas cuestiones guardan relación con la debilidad de la prevención de riesgos laborales en España. Las políticas que pretenden priorizar los beneficios empresariales respecto a otros derechos, como han sido las de austeridad impuestas para abordar la crisis de 2008, redujeron las inversiones en prevención de riesgos laborales en las empresas, lo que llevó a un repunte importante de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales.
La OIT ya ha estudiado en qué medida va a afectar el COVID-19 al mundo del trabajo. Aparte de los miles de muertes, muchas de ellas personas mayores que estaban disfrutando de la jubilación después de una intensa vida laboral, millones de asalariados se verán afectados por ERTES, despidos, cierres de empresas o reducciones de salario. En el mundo, aparte del descenso de horas de trabajo por la pandemia (7%), unos 230 millones de puestos de trabajo se destruirán, de los que unos 15 millones afectarán a Europa.
Como nos explican Salvador Moncada y Sergio Salas en su artículo “la inseguridad laboral también mata”, en España, en donde para la mayoría de la población, tres cuartas partes de los ingresos del hogar dependen del trabajo, las secuelas que dejará la pandemia serán muy importantes. De ahí la oportunidad de los esfuerzos que se están haciendo desde el gobierno para proteger a los más vulnerables de la mejor forma posible.
Pero la inseguridad laboral seguirá instalada entre nosotros y, además, se incrementarán los riesgos psicosociales, como ya pasó con la crisis financiera de 2008. Todo esto incrementará el deterioro de nuestra salud, porque las evidencias científicas de que la inseguridad laboral afecta a la salud son muchas. En el artículo señalado anteriormente, se nos explica que la literatura científica distingue dos tipos de inseguridad laboral: la inseguridad sobe el empleo y la inseguridad sobre las condiciones de trabajo. Ambas son nocivas y afectan a la salud, tanto en forma de enfermedades cardiovasculares, como de salud mental.
La pandemia ha evidenciado la precariedad laboral existente en las residencias de mayores. Las quejas de los sindicatos a lo largo de los años, las presentaban con espacios deshumanizados, que invisibilizaba el sufrimiento de las trabajadoras, cuando no las culpabilizaba. El foco mediático que se ha puesto sobre las residencias de mayores ha ignorado, o negado, los vínculos emocionales que sus trabajadoras tienen con quienes han estado bajo su cuidado y su esfuerzo sobrehumano, y sin protección. Se ha ocultado a lo largo de los años que esta sociedad hipócrita ha mercantilizado los cuidados e ignorado las denuncias de los sindicatos sobre precariedad laboral en las residencias de mayores. Los resultados están a la vista.
Algo parecido ha ocurrido en el sector sanitario. Según Irene Álvarez, secretaria de Salud Laboral y Empleo de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO, la situación ha sido especialmente grave en aquellos sistemas sanitarios que han estado a punto de saturarse, como el de Madrid, en donde los profesionales sanitarios no disponían de los medios para protegerse frente al contagio, a causa del desabastecimiento mundial, principalmente, pero también, a causa de los sucesivos recortes presupuestarios que han sufrido.
También se han detectado deficiencias muy importantes en los servicios de prevención de las grandes empresas que han de velar por la salud de los trabajadores y trabajadoras, en donde se ha evidenciado que la mercantilización de los cuidados ha pasado facturas muy elevadas en estos momentos. Como explica Pedro J. Linares, secretario de Salud Laboral de CCOO, “la salud laboral es una pieza importantísima de la salud pública”. En ese marco, los Servicios de Prevención en los centros de trabajo son una pieza clave, como se ha demostrado en los Procedimientos que ha emitido el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Trabajo frente a la pandemia en las empresas, que establecen que el personal médico de los Servicios de Prevención tiene que evaluar los riesgos para cada persona trabajadora y han de intervenir cuando estas personas se encuentren en los grupos especialmente sensibles.
Entender que la prevención es un derecho y no un negocio, será el primer paso para conseguir que tras el Covid-19 la salud y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, se convierta en un eje central en las relaciones laborales y en las políticas económicas. Este será el camino en el futuro, pues ahora ha quedado evidenciado en toda su crudeza el valor de la salud laboral en las relaciones humanas.
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