En los juzgados ceutíes no se recuerda otro caso en el que haya una acusación por organización criminal contra inmigrantes tras un salto a la valla. Ayer se produjo ese precedente judicial que tan solo se había visto en pateras o en asuntos de tráfico de drogas con inmigrantes como protagonistas.

La investigación de la Guardia Civil ha dado pie a la Operación Yebala que a su vez ha derivado en un procedimiento judicial nunca antes visto por sus características.

Los considerados jefes de esa organización que habría preparado el salto con violencia a la valla el pasado 26 de julio se enfrentarán a hasta 8 años de cárcel. Es la pena máxima que contempla el Código Penal para los jefes de organizaciones, la mínima es de 4. Los miembros de esa organización se les puede condenar a hasta 6 años, aunque todo dependerá de la calificación final que presente el Ministerio Fiscal.

Los subsaharianos detenidos en una operación que adelantó El Faro se enfrentan a delitos de atentado, penados con hasta 4 años y medio, además de al pago de multas por daños y lesiones. Son los cargos atribuidos a todos los arrestados a excepción de uno, que no ha sido reconocido por los testigos que fueron citados en los juzgados.

Ahora tan solo ha comenzado un procedimiento judicial que hace historia en la particular jurisprudencia que en materia de inmigración se ha visto en los juzgados de Ceuta. Allí han sido condenados patrones de lanchas, motores humanos... pero nunca se ha iniciado un procedimiento por organización criminal y mucho menos relacionado con un salto a la valla.

El 26J marcará precedente también en el ámbito judicial.