Durante mucho tiempo, y desde que se activó la construcción del “Estado de las Autonomía diseñado en la Constitución Española, fuimos miles los ceutíes que, a título individual y a través de sus organizaciones representativas (entre ellas siempre CCOO), pensamos que lo mejor para Ceuta era constituirse en Comunidad Autónoma al amparo de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Quinta de la propia Constitución. Aquella posición se sostenía sobre dos pilares argumentales. Por un lado, era una forma de evitar que Ceuta fuera “diferente”. La diferencia representa, en sí misma, un peligro y una amenaza para un territorio sometido a un contencioso soberanista con un país vecino. Aunque también es verdad que cada cual es muy libre de dar o quitar importancia a la trascendencia presente o futura que alberga tal contingencia. El segundo núcleo motivacional, de orden más práctico, se fundamentaba en la dificultad que suponía coordinar y armonizar el funcionamiento administrativo (y en especial el desarrollo legislativo) entre regímenes de distinta naturaleza para lo que no existía un “manual de instrucciones”, porque la Constitución nunca previó la existencia de un híbrido como el que queda reflejado en un Estatuto de Ciudad Autónoma (como los de Ceuta y Melilla). Este vacío nos obliga a estar permanentemente interpretando, improvisando, adaptando, homologando o equiparando con la mejor de las voluntades y el peor de los resultados.
Pero esta etapa reivindicativa quedó definitivamente cerrada. Ninguno de los partidos que comparten la representación de la soberanía española en las Cortes Generales ha mostrado su voluntad de recorrer el camino abierto por la Transitoria Quinta. Es más, los dos partidos mayoritarios, que hasta ahora se han alternado en el Gobierno de la Nación durante los últimos cuarenta años, se han opuesto a ello de manera rotunda y reiterada. Las razones se mueven en ese etéreo espacio de la ambigüedad calculada, en el que todo el mundo sabe que lo que se dice no se piensa y lo que se piensa no se dice. Así lo ha asumido también la inmensa mayoría de la ciudadanía ceutí. Asunto concluido. Tenemos que aceptar que la naturaleza jurídica de nuestra Ciudad no va a cambiar.
Las consecuencias de esta impuesta singularidad provocan víctimas de diversa consideración. De entre todas las competencias que salen trasquiladas, las que llevan la peor parte son aquellas que en todo el Estado han sido transferidas, menos en Ceuta y Melilla. Ahí se encuentran la Educación y la Sanidad (también el urbanismo, aunque con unas connotaciones diferentes). Se ha normalizado ya el hecho de oír que en “España hay diecisiete sistemas educativos”. Y es verdad. Todo el mundo se olvida de Ceuta y Melilla, entre otras razones porque nadie sabe muy bien en lo que hemos quedado. Es duro reconocer que recibimos el mismo tratamiento político, administrativo y comunicativo que los “centros españoles en el Exterior”. Una gran parte de los gravísimos problemas educativos que nos acosan, y que nos llevan a liderar el fracaso escolar en todas sus categorías y modalidades de medición, tienen su origen en una maquinaria administrativa obsoleta, oxidada e inservible que sigue rigiendo de manera más que renqueante nuestros destinos.
Evidentemente, la reversión de esta anomalía se sitúa en la esfera política, y a un nivel, que se nos escapa a los docentes y a sus representantes sindicales. No podemos ser optimistas. La reciente proliferación de documentos estratégicos (dos elaborados por el Gobierno la Ciudad y uno por el Gobierno de la Nación) dejan muy claro que no existe la menor voluntad de abordar esta cuestión. Parece, por tanto, que esta situación es inmutable. Estamos condenados a ser un apéndice residual del sistema gestionado de manera subsidiaria por el Ministerio.
"Salir de la letra 'K' es una necesidad imperiosa para la educación en Ceuta"
Ahora bien, asumiendo esta realidad (¡que ya es asumir!) lo que es difícil entender son las razones por las que no se reorganiza funcionalmente el Ministerio para atender esta (su) competencia con decoro y dignidad. Dicho de otra manera, ¿por qué no nos toman en serio? ¿por qué los partidos políticos e instituciones de Ceuta aceptan esta humillación en un silencio cómplice tan incomprensible como lesivo?
El Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, recoge en su artículo cuatro, que define las competencias de la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa, en su letra “K”, lo siguiente: “La coordinación y el apoyo a las unidades periféricas del Departamento en las Ciudades de Ceuta y Melilla, la programación y gestión de la enseñanza, la planificación de las necesidades de infraestructura y equipamientos educativos en las Ciudades de Ceuta y Melilla, en colaboración con el OA Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura en los términos que se establezcan, el régimen de funcionamiento de los centros docentes y l coordinación de la política de personal docente en el ámbito de competencia territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en colaboración con la Secretaría General de Formación Profesional en las enseñanzas de su competencia”
La Directora General que se debe ocupar de Ceuta y Melilla, con una minúscula estructura administrativa diseñada para desarrollar sus competencias (más teóricas que funcionales), tiene “por delante” hasta ¡nueve competencias más! que atender. Y otras seis a continuación. No es extraño que los asuntos de Ceuta (y Melilla) se traten siempre tarde, mal, con desgana o desinterés, sin los medios ni el tiempo necesarios para hacer las cosas bien.
Lo razonable sería que si el MEFP (por mor de un atípico devenir político) se ve obligado a gestionar por tiempo indefinido las competencias educativas en Ceuta y Melilla, incluyera este cometido en su organigrama con el rango y los medios necesarios para que el conjunto del sistema funcionara de manera similar al del resto de territorios. Debería existir una Dirección General exclusiva para gestionar Ceuta y Melilla, con una estructura completa y suficiente que se asemejara a las Consejerías de las Comunidades Autónomas, y desde la que se pudieran gestionar con la capacidad, el ritmo, y los recursos adecuados todos los ámbitos (que son muchos) del sistema. Incluyendo la interlocución con los representantes del profesorado. Salir de la letra “K” es una necesidad imperiosa para la educación en Ceuta. Una prioridad política, sindical y hasta ciudadana.