El consejero de Fomento y Turismo en Ceuta, Alejandro Ramírez, y la
gerente territorial de Justicia de Andalucía en Sevilla, Eva María Riesgo, han firmado este miércoles el acta para la concesión demanial de parte de las instalaciones del cementerio de Santa Catalina a favor del Estado para su uso por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Este procedimiento posibilitará
una ampliación de la sala de autopsias y, por tanto, repercutirá en la calidad del servicio prestado a la ciudadanía.
De manera paralela, el
Gobierno de la Ciudad ya ha iniciado los trámites para poder licitar un proyecto de remodelación y mejora del entorno en el que se ubica dicha sala de autopsias por un importe aproximado de 80.000 euros. La situación de la sala de autopsias ha sido denunciada en muchas ocasiones porque no dispone de las características mínimas para que los profesionales puedan desempeñar su trabajo de manera adecuada. Durante años han arrastrado deficiencias que no han sido subsanadas, sobre todo vinculadas al nulo mantenimiento de las mismas lo que ha repercutido en la situación en que se encuentran las instalaciones a las que acuden los profesionales de medicina forense. Con este acuerdo se permitirá, al menos, ganar en dignidad para el desempeño posterior de unos trabajos que son realizados en la sala que se encuentra en Santa Catalina, a las afueras del cementerio de nuestra ciudad.
Una profesión clave
Los informes elaborados tras las autopsias judiciales son determinantes en cualquier caso en el que haya habido una muerte no natural. Los médicos forenses son los encargados de un trabajo en el que su profesionalidad supera una situación deficitaria, conocida por todos los que tienen responsabilidad, pero no resuelta. Una profesionalidad marcada por la relevancia y trascendencia de su trabajo y por el respeto a unos familiares del fallecido y a él mismo. Esto hace que todos los integrantes de este cuerpo médico se entreguen al máximo en un trabajo que, sin embargo, no cuenta con la respuesta inmediata merecida para que puedan laborar con la dignidad debida. Que dispongan de unas instalaciones adecuadas no es un lujo, es una obligación de los servicios competentes que tienen que garantizar que este servicio esencial para la ciudad se realice en una condición adecuada.