Esta semana todos los medios de comunicación han ido contando la noticia de lo que ha sucedido en el Parlamento.
La propuesta de leyes presentadas por el ejecutivo al legislativo habían levantado mucho revuelo en la sociedad; tal vez por la falta de pedagogía a la hora de presentarlas a la opinión pública o porque los temas que encierran son conflictivos en sí mismos.
Sedición, malversación, rebelión: bajada de pantalones ante la bandera del independentismo catalán que seguirá pidiendo y exigiendo al Estado todo lo que le venga en gana ante una insaciabilidad a la que estamos acostumbrados.
No es ese el tema las leyes nos pueden parecer buenas, malas, regulares, oportunas, coherentes, justas o descabelladas. Cada uno utilizará su caleidoscopio y enfoque para opinar al respecto.
Cuando el legislativo aprueba una ley, cualquier partido político puede recurrir al Tribunal Constitucional que dirimirá la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esa ley
Entonces, ¿Cuál es el problema?. Hay una instancia superior que tendrá la potestad de tumbar decretos leyes, decisiones del ejecutivo, partes del código penal, asuntos relacionados con decisiones políticas que avengan contra la Carta Magna.
La separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) tiene como objetivo establecer la libertad; que será más capaz de ser efectiva en un sistema moderado. La separación de poderes es, por lo tanto, un medio para este fin. Por lo tanto, propone distribuir los poderes a diferentes órganos, de modo que los poderes de algunos limiten los poderes de otros.
¿Deben intervenir los magistrados en decisiones del Gobierno o el Congreso? ¿ Puede un Consejo de Ministros coaccionar a un tribunal o un tribunal coaccionar a un Consejo de Ministros? ¿Debe el legislativo llamar al hermano de Zumosol para amedrentar a un presidente de Gobierno? ¿Es el monarca el que debe decidir en última instancia como Jefe del Estado?
¿Por mucha razón que se lleve en cualquier asunto, los togados enfundando la autoridad que le otorga el sistema democrático, ordenar un TODOS AL SUELO?
No es esa la idiosincrasia de la democracia ni el juego limpio que garantiza la soberanía que, en última estancia, reside en el pueblo.
Pero, ¿quién forma el alto tribunal? Es ahí donde está la madre del cordero: jueces progresistas. Conservadores, propuestos por partidos políticos. Jueces contaminados por su ideología, jueces que sentencián bajo la mano que les da de comer vendiendo por cuarenta monedas de plata su independencia.
Reformar el Tribunal Constitucional es la pieza angular del problema... pero ¿quién le pone el cascabel al gato?
El cascabel al gato lo debe poner un sistema que blinde esa independencia sea quien sea el gobierno de turno. No podemos ponernos a rezar ni encomendarnos al Espíritu Santo para que me toque un juez que sentenciará según le salga de la punta del pie aferrándose a su ideología.
El Constitucional debe renovarse por mandato de la Constitución y ahí sigue, en una caducidad permanente a la que no hay Dios que le meta el diente.
¿Podremos estar toda la vida y parte de la otra con los mismos magistrados a los que ya les ha expirado su mandato?
Los sables, en nombre del pueblo, dan golpes de Estado, quitan y ponen, mandan al paredón o invisten de poderes plenipotenciarios a los salvapatrias de turno.
Un estado democrático tiene mecanismos suficientes para defender los pilares fundamentales que lo sustentan.
No se puede atacar las urnas, arengar, escupir, insultar, ridiculizar, menospreciar y ningunear a un Ejecutivo legítimo avalado en el triunfo en unas elecciones libres.
El aborto, el divorcio, la eutanasia, los matrimonios homosexuales, la pena de muerte, las pensiones, la defensa etc, etc, deben discutirse y defenderse en la tribuna de oradores una vez que la presidenta del Congreso dé la palabra a quien le corresponda.
Dentro de cuatro años volveremos al colegio electoral con la papeleta que nos venga en gana.
Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno, aunque la opisición se ponga como la niña del exorcista. Lo mismo la oposición entiende el exorcismo lo debe hacer el Tribunal Constitucional.
En la democracia no hay agua bendita, ni crucifijos que valgan, ni abracadabras. En la democracia hay votos cuya vigencia es de una legislatura.
Y al que le pique, es que se ha comido unos ajos.
A ver si los diputados deben juramentar o prometer fidelidad a la Constitución y a la “Apología de Sócrates" .
Sería lo suyo ver que los escaños están ocupados por 35O filósofos. Lanzo el órdago.