El 15 de julio de 1938 comenzaron a ser investigadas un total de 46 ceutíes después de una masiva detención planteada como medida disuasoria frente a las hipotéticas actividades de reconstrucción de los partidos en la ciudad. Se las culpó, entre otras cosas, de participar en la manifestación del 1º de Mayo de 1936, de pertenecer a formaciones de izquierda y, sobre todo, de militar en el Socorro Rojo Internacional. El encausamiento de estas mujeres ceutíes estuvo motivado por la incautación al presidente del SR, José Torres Ruiz -fusilado en 1936-, de los libros de militantes con nombres y dirección completa.
Todas las mujeres recibieron en sus domicilios la visita de un agente que les hizo entrega de un oficio comunicándoles que debían pasar a declarar por el juzgado militar, ubicado en la glorieta, junto al paseo de Colón. Temerosas, fueron pasando por allí. Después de interrogarlas, el juez decidió no detenerlas por el momento, pero les comunicó que estaban en libertad provisional con la obligación de personarse en esas oficinas militares todos los martes y la prohibición de abandonar la ciudad.
Las encartadas eran de todas las edades, la mayor tenía 59 años y la más joven 15. Incluida entre las inculpadas está la vecina del Sarchal María del Carmen García Ruiz, que lleva un año en la prisión de mujeres después de que la juzgaran en otro procedimiento también por «auxilio a la rebelión». El fiscal preguntó lo mismo a todas: si militaban en algún partido,-les mostraron el libro del SRI donde figuraban sus nombres, dirección y demás datos-, si habían participado en el 1º de Mayo de 1936 y la ropa que llevaban en aquel momento -entonces, les mostraron unas fotografías tomadas ese día en las que se las podía reconocer llevando camisa azul con el emblema del PC y enagua negra-.
La mayoría vivía en el barrio de Las Latas, en La Puntilla, y todas coincidieron en afirmar que habían salido de allí juntas en dirección al muelle España, desde donde la manifestación partió. Los interrogatorios continuaron durante varios meses y, de ellos, destacaríamos el de la joven África Olmedo Almon, vecina del patio Centenero. Se la acusó, como a todas, de llevar puesta una camisa azul, pero la suya, además ―según se ve en una instantánea―, llevaba el emblema del PC bordado.
"Desde el 26 de febrero, hasta el “Dia de la Mujer”, 8 de marzo, efectuaré reportajes sobre las mujeres ceutíes que fueron olvidados en la historia. Son todas las que están, pero no están todas las que son…"
Ella contestó que se dedicaba a coser y bordar, y que había hecho varios trabajos como aquel, por los que recibió un pago. A la pregunta de cuánto cobró por cada vestido, ella respondió que entre 10 y 12 pesetas. Al final del interrogatorio, volvió a insistir que no hacía los vestidos y escudos para dar propaganda a partido, sino que era su medio de vida. También se señaló su pertenencia a las Juventudes Marxistas: «Sí, estuve en el mitin que se celebró en el Teatro Cervantes, el 1 de abril de 1936, para fundar las Juventudes Marxistas Unificadas.
Otra acusada fue María Borrego Bermúdez, una mujer que, aunque no tenía el título de maestra, poseía una gran cultura. Por las noches, enseñaba a leer a los niños pequeños del barrio de Las Latas. Su compañero, José Sierra, había sido fusilado. En el auto de Concepción Jiménez Ruiz, destacada militante del PCE, se indica: «Habiéndose significado en manifestaciones y actos de propaganda, concurriendo con frecuencia a la casa del fusilado extremista Joaquín Estévez Suarez, donde se celebraban reuniones de propaganda entre vecinas de la barriada».
Concepción Toro era compañera de José Martínez Díaz-Ufano, un importante miembro del PCE en Ceuta ejecutado en una de las sacas del mes de agosto de 1936. A Carmen Ruiz de Diego, residente del Pasaje Recreo, se la acusó de hacer propaganda para el Frente Popular entre las vecinas en las elecciones de febrero de 1936.
Isabel Rodríguez, amiga suya, fue acusada de abandonar su vivienda e intentar huir a la península, pues habían ido a buscarla varias veces y nunca estaba. Ella alegó que se había marchado a los montes cercanos a la Almadraba huyendo de los bombardeos, como otras muchas ceutíes. También, la acusación de Ana Pérez Padín consistió en haber ayudado a su hermana Antonia (sobre la que volveremos más adelante) y a su marido.
Una vecina señaló: «Llevaba el 1º de Mayo una camisa roja, falda azul y moña en la cabeza con el emblema del PSOE». Carmen Clavijo Salas fue asimismo imputada por pertenecer al PCE, célula número 1, y al SRI, y ser amiga «inseparable» de la destacada militante socialista Andrea Maese.
Mujeres detenidas en la comisaría
Varias vecinas de la huerta Martínez (actual Velarde) resultaron encausadas por asistir a reuniones políticas que Francisca Gutiérrez Hernández organizaba en su casa. Otra de las declarantes fue la joven Ana Martín, de 21 años, vecina del patio Centenero y a la que, durante el interrogatorio, se le mostró el libro de militantes en las Juventudes Marxistas mostrando su ingreso en abril de 1936. Carmen Jurado Arman vivía en la zona del Recinto, en la calle La Estrella, y estuvo acusada de militar en la UGT. Ella manifestó que se había afiliado en la Casa del Pueblo, situada en la calle Agustina de Aragón, en el Sindicato de las Almadraberas, ya que trabajaba en una empresa de conservas. Una de las declaraciones destacadas es la de Dolores Campos, tachada en el sumario de ser una gran propagandista del Frente Popular en La Puntilla y de estar con Antonia Pérez durante todas las reuniones celebradas en su cantina. En el interrogatorio, la policía le mostró varias fotos con su imagen en el 1º de Mayo. Otro hecho que se le imputó sucedió en las elecciones de febrero de 1936, cuando el candidato de las derechas Tomás Peiré llegó al puerto y ella y otras mujeres vestidas de negro, cual viudas, fueron a recibirlo al muelle España. También la acusaron de llevar siempre una flor roja de papel en la cabeza y de pertenecer a las Juventudes Socialistas. Un año y medio después, el 17 de abril de 1939, el juez instructor dio las declaraciones por finalizadas y decidió dejar en libertad sin cargos a veinte.
Consejo de guerra a 15 mujeres ceutíes
Las otras quince son inculpadas por el delito de «auxilio a la rebelión» tras la sublevación el 17 de julio de 1936, y tendrán que pasar por el duro trance de un consejo de guerra. Eran: África Olmedo Almon, de 20 años; Ana María Carrasco Medinilla, de 59; Ana Martín Guillén, de 21; Ana Pérez Padín, de 31; Ana Sánchez Muñoz, de 26; Carmen Clavijo Salas, de 25; Carmen Jurado Arman, de 25; Carmen Ruiz de Diego, de 46; Concepción Jiménez Ruiz, de 33; Concepción Toro Ruiz, 33; Dolores Campos Gavilán, de 25; Dolores Sánchez Muñoz, de 28; Isabel Rodríguez Castaño, de 54; María Borrego Bermúdez, de 27, y María del Carmen García Ruiz, de 43 años.
Algunas fueron actuadas como África Olmedo Almon: «En su filiación política simpatizaba con la extrema izquierda por haberse significado públicamente con intensidad y eficacia a favor del Frente Popular asistiendo a la mayoría de las manifestaciones del mismo y en particular a la de primero de mayo de mil novecientos treinta y seis».
María Carrasco Medinilla: «Perteneció al Socorro Rojo Internacional y al Partido Comunista, célula tres. Desplegó una gran actividad de propaganda entre las vecinas de la barriada de La Puntilla (Las Latas). Ana Martín Guillen: «Se afilió a las Juventudes Marxistas en primero de abril de mil novecientos treinta y seis, procedente del Partido Comunista, concurriendo a los actos de propaganda y manifestaciones que se celebraron durante el Frente Popular».
Ana Pérez Padín: «Además de pertenecer al Partido Comunista y Socorro Rojo Internacional, fue gran propagandista del Frente Popular, a favor del cual hizo una activa campaña destacándose en cuantas manifestaciones y actos se celebraban cooperando en unión de su cuñado Berrocal (fallecido después de iniciado el Glorioso Movimiento nacional). Carmen Clavijo Salas: «Perteneció al Partido Comunista, célula número uno y al Socorro Rojo Internacional, amiga inseparable de las conocidas Andrea Maese y Francisca Gutiérrez, condenadas a la última pena y conmutada por la de reclusión perpetua, a las que siempre acompañaba en las propagandas y manifestaciones que celebraban en la época del Frente Popular con motivo de la huelga del treinta de mayo de mil novecientos treinta y seis, cuando fue muerto un guardia civil en esta plaza.
Carmen Jurado Arman: «Perteneció al Sindicato Almadrabero de Pesca, afecto a la UGT, habiendo demostrado siempre gran entusiasmo por la causa del marxismo, asistiendo a manifestaciones y otros actos; apareciendo en una fotografía de la manifestación de primero de mayo de mil novecientos treinta y seis
En el barracón en el que vivía pusieron una bandera los mismos que adornaron la carretera de entrada a la barriada. En la entrada de la barriada le esperaban los vecinos organizadores del homenaje tras un arco de luces, y allí le dieron la bienvenida. Se presentó junto a su mujer y el secretario De la Torre. Seguidamente, pasaron a una tribuna donde había unas mesas y tomaron unas cervezas. Sánchez Prado bailó con algunas jóvenes. El único que tomó la palabra fue el guardia jurado, que ensalzó la labor del alcalde por haber llevado las aguas, ya que esa barriada siempre estuvo abandonada por todas las autoridades.
Ya a primera hora estaban todas las mujeres sentadas en la amplia sala de vistas con nerviosismo y preocupación en sus caras. El tribunal estuvo presidido por el coronel Ladrón de Guevara. El fiscal leyó las acusaciones y, tras algunas preguntas de rutina, la vista se suspendió durante diez minutos, pasados los cuales el fiscal vuelve a tomar la palabra y detalla los cargos, los mismos para las quince: pertenecer a partidos de izquierda, asistir al 1º de Mayo o celebrar reuniones en sus domicilios. El consejo falló a los pocos minutos: «Vista la presente causa contra Ana Pérez Padín y catorce más, ha sido vista y fallada por el consejo de guerra permanente constituido en la presente plaza el cual ha dictado sentencia en la que declara probado que se han distinguido por sus actividades, coacciones y propagandas en favor del Frente Popular y de los candidatos del mismo durante las elecciones…».
Mujeres ceutíes condenadas por 20 años
Comprendidas en los dos primeros apartados es constitutivo de delito de auxilio a la rebelión, por todo lo cual condena a Dolores Campos Gavilán, Dolores Sánchez Muñoz, María Borrego Bermúdez, María del Carmen García Ruiz e Isabel Rodríguez Castaño a veinte años de reclusión temporal. Ana Pérez Padín, Ana María Carrasco Medinilla, Ana Sánchez Muñoz y Carmen Ruiz de Diego a doce años y un día. Y absuelve a Ana Martín Guillén, África Olmedo Almon, Carmen Clavijo Salas, Carmen Jurado Arman, Concepción Jiménez Ruiz y Concepción Toro Ruiz». Las condenadas son esposadas y conducidas a la cárcel de mujeres del Sarchal. Allí, en la puerta de la prisión, se encuentra el director Manuel Fernández, que se hace cargo de ellas. El 15 de junio se da cuenta al Tribunal de Responsabilidades Políticas para que comience la depuración con diferentes multas. Comenzaba la represión administrativa. Después de unos meses en Ceuta, se las llevan a diferentes lugares de la península; es el principio de un calvario de penal en penal. El primero solía ser el de Málaga; después, Madrid, Gerona o Bilbao. La incomunicación, las escasas visitas, el desánimo y la enfermedad definieron sus vidas durante largo tiempo, y esa situación se agravaba con el traslado fuera de Ceuta, parte de esa estrategia de castigo continuo del franquismo.