Clausurada hace ahora seis años, la antigua prisión de Los Rosales fue refugio para decenas de ciudadanos marroquíes que rechazaban los alojamientos de emergencia acondicionados por la Ciudad en Ceuta tras la crisis migratoria de mayo de 2021. Hoy su trajín es mínimo, pero sigue habiendo personas vulnerables que pernoctan en su inmundicia.
Una de ellas, un hombre de 53 años vecino de Finca Guillén-Poblado Sanidad, falleció la semana pasada en uno de los cuartos del pabellón de entrada a la vieja cárcel. Su cuerpo fue encontrado el sábado por los vecinos que accedieron a su interior después de que varios bomberos y policías no localizasen el cadáver sobre cuya existencia había dado la voz de alarma un compañero habitual de madrugadas del fallecido.
El olor de la sala en la que se halló es nauseabundo y alrededor del punto en el que pereció solamente hay montones de basura y residuos. En realidad, como en todo el equipamiento cerrado en 2017, a cuyo interior es tan fácil llegar como colocar un palé sobre la parte del muro perimetral sin valla en su parte superior.
“Es una vergüenza”, protestan algunos de los vecinos de los alrededores que día tras día intentar retirar cualquier tipo de mueble que sirva para escalar y colarse.
El Ministerio de Interior firmó en agosto de 2021 la concesión de la parcela del antiguo centro penitenciario de Los Rosales por un periodo máximo de cuatro años para la construcción de un nuevo centro de menores para que la Ciudad pueda atender sus necesidades en el ámbito de niños desamparados, pero el trasvase del solar no ha redundado ni en una mejor conservación siquiera de la infraestructura.
El presidente de la asociación de vecinos de la barriada, Ali Hamido, ha vuelto a exigir este domingo que la administración local “cierre de forma eficaz” la antigua prisión “para evitar que nadie acceda a su interior, ya que ahí de forma voluntaria o accidental puede pasar de todo”.
“Lo que habría que hacer de una vez es demoler el edificio si es que no van a utilizarlo para nada y lo han abandonado para que el terreno, mientras no tenga otro uso, sirva al menos para que los residentes en el entorno puedan estacionar sus vehículos”, argumenta el representante del vecindario.
“Mientras, si es que alegan motivos económicos, al menos tendría que estar garantizado que nadie puede colarse en su interior con la facilidad con la que es posible hacerlo actualmente, como es muy sencillo comprobar por cualquiera”.
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