La exconsejera de Fomento del Gobierno de Ceuta, Susana Román, ha presentado un
recurso de reforma contra el auto con el que el pasado jueves el juez instructor
acordó cerrar las diligencias que incoó en abril a raíz de una denuncia de la que también fuera portavoz del
PP en la Asamblea contra Kissy Chandiramani por supuesta falsedad en sus aportaciones testificales y documentales al ‘
caso Emvicesa’, que la primera opina que la segunda teledirigió contra ella. El magistrado ha ordenado el sobreseimiento libre de la causa al no apreciar dolo, voluntad, en las “erratas o inconcreciones” que la entonces gerente de la empresa municipal pudiera haber cometido, pero Román insiste en que hay indicios o pruebas para creer que sí actuó con “mala fe”, que “mintió” en puntos esenciales y que obtuvo “provecho” de ello para impulsar su carrera política. Además, considera que con su actuación Chandiramani “condujo a la jueza de instrucción por un camino que le permitió llegar inexorablemente” hasta la exconsejera, uno de los más de 50 procesados en la macrocausa cuyo juicio oral comenzará el 24 de octubre en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta. Román pide que las diligencias se mantengan abiertas para la práctica del resto de actuaciones que ha solicitado, entre ellas su declaración testifical, ya que el juez de instrucción “parece estar exigiendo verdaderas pruebas de cargo que solo se alcanzan tras la celebración de un juicio oral y no indicios”. El recurso denuncia que la actual titular de Hacienda en el Ejecutivo local “mintió, unas veces generando un documento con forma de informe contundente y sin dudas venido desde la autoridad pública (la Gerencia de Emvicesa) conduciendo a aquella instructora a la detención de Román y otras en su declaración testifical contradiciendo lo informado previamente por ella misma”. “Todos y cada uno de los hechos que han sido objeto de la denuncia no han merecido la atención de Su Señoría, que ni siquiera ha hecho un análisis de cada uno de ellos, sino que ha terminado efectuando un pronunciamiento más bien genérico sobre lo que le parece la intencionalidad de la investigada”, lamenta el escrito, que también critica que sobre el presunto delito de falsedad documental se limitase a “citarlo” pese a que este “no exige un temerario desprecio a la verdad hasta el punto de que incluso está prevista y admitida la comisión culposa”.
“Linterna” del ‘caso Emvicesa’ “Cuando menos, en el peor de los casos, habría elaborado informes omitiendo datos absolutamente trascendentes para la causa, emitiendo afirmaciones categóricas sobre la norma aplicable y las competencias de los órganos, así como de los sistemas de adjudicación, e incluso afirmando que determinadas personas no constaban en los registros cuando si constaban, y ello sin recabar el dictamen de técnicos o jurídicos ni buscar apoyatura a sus afirmaciones, erigiéndose en la linterna que arrojaba luz a aquella instrucción, y todo ello desde el sillón que ocupaba en ese instante que no era otro que el que antes ocupó uno de los principales acusados en la causa de Emvicesa”, hilvana en referencia a Antonio López. Román rebate igualmente que Chandiramani pudiera excusarse en su declaración como investigada para justificar posibles deslices en que no es “experta” jurídica cuando “en la página web de la Ciudad se puede leer que es licenciada en Derecho y en Derecho de la Unión Europea, así como que tiene tres máster, habla dos idiomas y ha ejercido en un despacho profesional y como comercial en una entidad bancaria”. La exconsejera aprovecha su recurso para negar que formulase su denuncia de finales de abril contra Chandiramani coincidiendo con la presentación de la candidatura del PP a las últimas elecciones municipales, en la que esta ocupó el número 3, con “fines estratégicos, jurídicos y políticos”. En esa línea aporta documentos que a su juicio prueban que llevaba casi medio año analizando las “falsedades” que le atribuye, desde “omitir datos fundamentales” como que el en 2016 senador del PP Guillermo Martínez formaba parte de la Comisión Local de la Vivienda en la legislatura anterior, cuando supuestamente se habría producido la adjudicación irregular de viviendas protegidas. “Sólo la posibilidad de que pudiera habérsele achacado algún tipo de participación en calidad de investigado [como a la propia Román, Rabea Mohamed, Ali o López] hubiera implicado además de una noticia de calado nacional, la obligación de remitir la causa al Supremo al tratarse de una persona aforada”, baraja como hipótesis de por qué no habría sido mencionado por Chandiramani.
Sobreseimiento libre por falta de dolo
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta ordenó la semana pasada el sobreseimiento libre y archivo de las diligencias abiertas contra Chandiramani a instancias de Román por presuntos delitos de falso testimonio y falsedad documental al entender que "las conductas de la investigada a las que se refiere la denunciante, consistentes en faltar a la verdad en los documentos o en las declaraciones en calidad de testigo, no revisten la gravedad suficiente para poner en peligro el bien jurídico protegido”. Desde su punto de vista, “no existen indicios suficientes que permitan sostener que la investigada faltó deliberadamente a la verdad y que no se trataban de meras erratas o inconcreciones". “La falta de veracidad debe recaer sobre los aspectos esenciales a efectos del enjuiciamiento y no sobre cuestiones intrascendentes, de forma que no se trata de que el testigo sea creíble, sino que debe faltar sustancialmente a la verdad de lo que le es preguntado, lo que no parece acaecer en el supuesto que nos ocupa”, razonó.
Las claves
“Indicios”
“La instrucción no está terminada”. Román considera, apoyándose en un auto de la Audiencia sobre la polémica chirigota ‘Los polluelos...’ que la instrucción de su denuncia “no está terminada” porque más allá de tomar declaración a Chandiramani no se han practicado “todas las diligencias de investigación necesarias para extraer indicios” de posibles delitos y el juez ha ordenado su archivo porque “no existen indicios suficientes que permitan sostener que la investigada faltó deliberadamente a la verdad”.
“Mala fe”
Declaración judicial y acción procesal. El recurso destaca que en su declaración como investigada la denunciada “se negó a responder a la acusación particular”, algo que a su juicio la debilita como la “diligencia de descargo” que ha apreciado el instructor. “Su mala fe’, señala sobre la consejera de Hacienda, “no sólo se ha visto en la forma en que proporcionó los datos al Juzgado de Instrucción que investigaba la causa de Emvicesa, sino que se extiende al ámbito procesal
“Provecho”
Dimisión y relevo. El escrito de Román contesta a la “inexistencia de provecho” que habría obtenido Chandiramani con su actuación que la imputación de la primera “provocó su dimisión como consejera de Hacienda en ese momento, siendo sustituida en dicha cartera precisamente por la denunciada, que hasta ese preciso instante no tenía responsabilidades de gobierno”.
“Falsedades”
Declaraciones y documentos. Román considera que Chandiramani mintió al detallar las funciones que correspondían a la Comisión Local de la Vivienda (“no figura la de adjudicar, mucho menos en exclusiva”, avisa); al citar normativa que “sabía” que estaba derogada; al decir desconocer la existencia de un Acuerdo Marco Ciudad-Estado; al hablar de “falta de baremación” en las 170 VPO de Loma Colmenar; y al negar que hubiera adjudicatarios inscritos en el Registro de Demandantes.