Política

Román y Mohamed publican sus relaciones de bienes tras dimitir

  • Las dos exconsejeras han cumplido con su obligación, lo que no hizo Antonio López al final de la legislatura pasada

Las exconsejeras y exdiputadas autonómicas del PP Susana Román y Rabea Mohamed han cumplido y con celeridad con su obligación de hacer públicas sus declaraciones de bienes al abandonar sus responsabilidades públicas. El ex parlamentario Antonio López, actualmente en prisión provisional por el ‘caso Emvicesa’, es el único de los miembros de la Corporación de la pasada legislatura que nunca dio cuenta de su relación de propiedades al abandonar la política.

Ni Román ni Mohamed han visto variar sustancialmente su situación económica y patrimonial durante sus últimos años en política. La ex consejera de Hacienda sigue declarando, como al principio de la legislatura en curso, ser dueña de un 50% de una vivienda y un garaje, adquiridos ambos inmuebles en 2007, y de una participación en un despacho profesional (en este caso desde hace más de 20 años).

El saldo de su cuenta corriente ha disminuido en 2.000 euros entre 2015 y 2017 y la situación y enumeración de sus seguros de vida, planes de pensiones y rentas temporales y vitalicias tampoco ha registrado cambio alguno.

Román continúa teniendo dos vehículos, un automóvil comprado hace tres años y una motocicleta adquirida en 2008 y en la relación de “otros bienes muebles de especial valor” solo reseña sus bicicletas y un par de relojes con los que se hizo “antes de 2010”.

A su hipoteca le quitó 12.000 euros durante los últimos dos años y al préstamo con el que compró su coche, 3.000.

En el caso de la titular de Educación y Cultura, antes de Asuntos Sociales, tampoco se aprecian variaciones sustanciales. Es y era copropietaria del 50% de la vivienda unifamiliar en la que reside y tiene pendientes de completar la amortización de tres préstamos, un personal (concertado en noviembre del año pasado) y dos hipotecarios (para la adquisición de la vivienda, en 2005, y para su reforma, concertado hace cuatro).

El saldo de sus dos cuentas de ahorro decreció, pasando de más de 7.000 euros a poco por encima de mil y sigue sin tener acciones o participaciones de cualquier tipo en sociedades o instituciones de inversión colectiva. En 2014 abrió un plan de pensiones que mantiene.

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, es el único de los miembros de la actual Corporación que ha modificado su relación inicial de propiedades intereses.

En su caso lo hizo, hace algo más de un año y medio, para dar cuenta pública de la compra por parte de su esposa por algo menos de 120.000 euros de una vivienda ubicada en Fuengirola “libre de cargas gravámenes y arrendatarios”. La operación se financió con la venta de su participación en varias propiedades ubicadas en Ceuta, la cancelación de un depósito bancario y la concertación de un préstamo personal. Los gastos se pagaron con el saldo de su cuenta corriente.

Exigencia normativa sin fuerza para obligar

El Reglamento de la Asamblea establece que los diputados “tienen el deber de formular declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o puedan proporcionar ingresos económicos”, así como “declaración de sus bienes patrimoniales”. En ambos casos y “efectuadas en los modelos aprobados por la Mesa”, se deben llevar a cabo “antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y cuando se modifiquen las circunstancias de hecho que deberá comunicarse en el plazo de 30 días después de ocurrido el cambio”. Entre las circunstancias que hay que hacer públicas están las actividades profesionales “durante los tres años anteriores a su entrada en funciones en la Asamblea o su pertenencia a comités o consejos de administración de empresas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones u otros organismos con personalidad jurídica, así como “otros intereses económicos que puedan influir en el ejercicio de sus funciones”. La legislación establece prescripciones similares pero cuando un político se niega a cumplir con esta exigencia de transparencia (ahora las declaraciones pueden consultarse en la web de la Ciudad, algo que antes no se hacía) no existen herramientas para forzarle, como pasó con López.

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