La consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Ceuta, Nabila Benzina, ha participado en la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que se ha celebrado de manera presencial en la en la sede del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
En este encuentro se ha abordado la concesión de subvenciones a los programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, para el año 2023 y el acuerdo por el que se autoriza la propuesta de la distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su sometimiento al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de los créditos para la financiación de proyectos de inversión en el marco del “Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Ceuta publicó a principios de mes en el BOCCE la convocatoria de ayudas para el desarrollo de programas de interés general destinados a atender fines de interés social que estará dotado con 2,3 millones (unos 220.000 euros más que en 2022) del 0,7% del IRPF.
Según detalló entonces el portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, el procedimiento se articulará a través de concurrencia competitiva y servirá para sufragar “desde actividades hasta inversiones que cubran necesidades específicas de asistencia social para personas en situación de pobreza o exclusión o en circunstancias de especial vulnerabilidad”.
Se pueden postular entidades que deberán carecer de fines de lucro; tener fines institucionales adecuados; hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes; haber justificado las ayudas económicas recibidas con anterioridad por la Ciudad o por la Administración General del Estado.
También acreditar experiencia y especialización en la atención al colectivo al que se dirigen los programas, disponiendo de la estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus objetivos.
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