Retribución a jubilados: Comisión Europea estudia la denuncia de AUGC

En octubre del pasado año, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) aprobaba una norma a través de la que regulaba, única y exclusivamente, la compensación de las vacaciones no disfrutadas en casos de fallecimiento o enfermedad grave. Así, excluyó de la retribución al resto de los trabajadores que sí contempla la Legislación Comunitaria Europea. Situación que afecta a los trabajadores de toda España, por lo que Ceuta se ve afectada.

La AUGC considera esto "un atropello de nuestros derechos laborales",  por lo que el Equipo Jurídico de la asociación recurrió la norma, iniciando dos vías de defensa de los trabajadores jubilados: Por un lado, presentaron un recurso contencioso administrativo ante la Justicia española; por otro, interpusieron otra denuncia ante la Comisión Europea.

"Ahora que los responsables de la Unidad de Derecho Laboral de la Unión Europea procederán al estudio de nuestra denuncia, estamos en condiciones de afirmar que María Gámez aprobó una norma que no cumple, ni de lejos, lo requerido por la Institución Europea. Desconocemos si lo hizo de forma intencionada, pero lo que está claro es que hay un patente propósito de no respetar a la totalidad de trabajadores que incluye la Directiva comunitaria", afirman los Guardias Civiles.

La lucha para lograr que todos los compañeros jubilados obtengan el reconocimiento del derecho a la compensación por las vacaciones no disfrutadas fue iniciada por AUGC en 2014. Ese año, la Dirección General de la Guardia Civil recibió un escrito en el que solicitaron el abono. En un intento de persuadir el requerimiento, la DGGC defendió pagar lo que el Ministerio de Hacienda indica. No sería hasta 2016 cuando Hacienda reconoció que estaban equivocados. Fue necesario que interfiriera el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en defensa del derecho de retribución de una compañera que se jubilaba por enfermedad y no había disfrutado de sus vacaciones correspondientes. Tras la defensa, AUGC elaboró una denuncia en 2016 para que la Comisión Europea tuviera conocimiento del caso. Entonces, Europa abrió un expediente a España y la reacción de la DGGC fue volver a negar el abono basándose en una sentencia anterior.

Esta serie de antecedentes prepararon el camino hasta la situación actual. Después de que la Comisión Europea abriese un procedimiento de infracción contra España en 2019 por incumplir la Directiva comunitaria, vino la aprobación de la norma de Gámez en 2021, que reconoce la compensación de las vacaciones no disfrutadas pero sólo afecta en el caso de fallecimiento o enfermedad grave, y recurrieron la citada norma ante la Justicia Española además de interponer la denuncia pertinente ante Europa. Esta semana la Comisión Europea ha comunicado su estudio al Equipo Jurídico de AUGC y también ha notificado su unión al expediente sancionador que pesa sobre España a raíz de nuestra denuncia de 2016.

"Ante la situación, la Directora General debería explicar a la ciudadanía quien se hará cargo de las posibles sanciones si, tras su estudio, la denuncia llega al Tribunal de Justicia Europeo. Preguntamos quién asumiría los costes derivados del incumplimiento de los derechos de los trabajadores: Los ciudadanos o ella, como responsable directa del perjuicio. No olvidemos que María Gámez es impulsora del Código de Conducta de la Guardia Civil", explica la AUGC.

Recientemente ha sido aprobado y se establece que “serán responsables, personal y directamente, de las actuaciones” llevadas a cabo en el ejercicio de las funciones ejecutadas. Para su ejecución se deberán “tener en cuenta los preceptos” del citado Código de Conducta, “asumiendo en todo momento las consecuencias de sus acciones u omisiones”.