Los casos paralizados crecen en los juzgados de instrucción por una dación de cuenta incorrecta
Los principales perjudicados son los ciudadanos que ganan el juicio sin que se repare el daño
CCOO aboga por coordinar los sistemas contra los “fallos, el desorden y la burocratización”
El caso de C.F., la mujer de 77 años dispuesta a ponerse en huelga de hambre después de meses esperando la retirada de la verja que bloquea la calle donde tiene dos garajes, ha destapado otra incidencia de gravedad en el proceso de digitalización de la Justicia. El enésimo desajuste que conlleva la implantación de la Nueva Oficina Judicial en Ceuta (NOJ) supone que el ciudadano, con sentencia firme a su favor y sin posibilidad de recurso, pueda ver cómo el cumplimiento de la resolución dictada por el juez quede en el aire a causa de la burocracia que ha impuesto este sistema telemático. En el proceso que incumbe a la anciana C.F., el perjuicio ocasionado por el cierre de la calle en San José-Hadú nunca se hubiese resarcido a pesar de que la judicatura le dio la razón. Con su perseverancia ha logrado que su expediente salga del cajón virtual y ahora ya cuenta los días que restan para ver despejada la vía por la que transitó durante toda su vida.
Una demora, la que ha soportado C.F., que tampoco es aislada ya que existen más sentencias que duermen el sueño de los justos por un tiempo indeterminado y cuyo número crece en los seis juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta sin que, de momento, tenga remedio. El funcionamiento de las ejecuciones en el nuevo entorno digital es tan intrincado que pudiese parecer que la pelota está en el tejado de los jueces aunque, de una aproximación a los programas informáticos que utilizan sus señorías, se deduce que nada más lejos de la realidad.
La clave de este error reiterativo en las ejecuciones está en la denominada dación de cuenta técnica, es decir, el acto por el cual el letrado de la Administración de Justicia que corresponda –por ejemplo Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) o, en el caso de C.F., el Servicio Común de Ejecución– tiene que poner en conocimiento del juez la situación de un procedimiento concreto. Según fuentes de total solvencia, y contrastadas entre sí, los jueces reciben esa notificación mediante un correo electrónico con un número de expediente sin especificar de qué se trata. Este mensaje adjunta un enlace sobre el que el usuario del programa tiene que hacer clic para abrir el documento en cuestión. Sin embargo, en multitud de ocasiones, el mismo redirige a una pantalla de error al estar el vínculo inoperativo y hace que este trámite se antoje deficiente. Unas ejecuciones que, muy a su pesar, se van acumulando en ese plano virtual hasta caer en el olvido ya que desaparece del ordenador del titular del Juzgado hasta que vuelve a ser puesto a su disposición. Un trámite que, a la vista de los hechos, requiere de cierto perfeccionamiento.
A partir de este momento, el togado solo puede devolver el expediente e informar al Servicio Común de Ejecución sobre la incidencia –también por vía telemática– y requerir la dación de cuenta por otro canal de comunicación, tal y como fuentes consultadas por este periódico sostienen que los protocolos de la Oficina Judicial establecen. Por tanto, si los jueces no tienen el expediente a su disposición al objeto de su resolución, como ocurrió en el caso de la demandante de 77 años, les resultará imposible acatar este cometido ya que desconocen el volumen de gestiones a cargo del letrado además de estar fuera de sus competencias perseguir los expedientes para su cumplimiento. En base al ejemplo de la valla en San José-Hadú, esta sentencia no estaba pendiente de la firma de la titular del Juzgado de Instrucción nº 1, sino que quedó paralizada en este paso anterior a la rúbrica digital de la juez ya que desconocía que estaba a expensas de ser admitida a trámite, salvo que le diesen cuenta de ello.
Por el contrario, cuando la dación de cuenta se realiza de forma correcta, los jueces estudian el documento y proceden a su resolución antes de darle traslado al funcionario a fin de que introduzca la resolución en el sistema. Una vez concluido este trámite, el magistrado recibe el auto en su ordenador y, desde este momento, puede darle a firmar o bien a rechazar porque no sea correcto.
Los principales perjudicados por estos fallos en el sistema, además de los propios trabajadores de la Administración y la imagen de la Justicia, son los ciudadanos a quienes el fallo les dio la razón pero no llegan a ver reparado el daño que les llevó a luchar en los tribunales.
El eslabón perdido entre la vieja usanza y el sistema telemático Antes del proceso de digitalización estatal de la Justicia, el funcionario entregaba a los jueces los expedientes en papel para despachar previa revisión y elaboración del borrador antes de montar la resolución, corregirla y ser firmada por el juez. Las ventajas que arroja este precedente residen en que su presencia física impedía que las carpetas desapareciesen de los despachos. Como manifestaron recientemente los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y los jueces decanos, la grey judicial apuesta por la modernización, pero reclama una mayor coordinación en esta implantación que está teniendo problemas en autonomías como Ceuta. Una etapa intermedia entre la vieja usanza y el entorno digital, es decir, mantener ese doble control mientras las instancias competentes se cerciorasen de que el nuevo sistema funciona correctamente, hubiese sido de gran utilidad para solventar los fallos que, ahora, están surgiendo.
CCOO aboga por coordinar los sistemas contra los “fallos, el desorden y la burocratización” Su Sección de Justicia asegura que, de seguir así, “estamos abocados al colapso” Sin ofrecer información sobre casos concretos, el Sector Justicia de CCOO en Ceuta ha apostado por la implantación de la “unidad de actuación en el funcionamiento cotidiano, de manera que se asegure la perfecta relación de los servicios” –de Ejecuciones con las distintas Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD)– y con “las demás personas e instituciones que cooperan con la Administración de Justicia”.
Ante estos “desajustes” provocados por el proceso de digitalización de la Justicia, CCOO presentó recientemente una reclamación al subdirector general de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia. “Seguimos esperando una línea de actuación común, una unidad de actuación en el funcionamiento diario de manera que asegure la perfecta relación entre los distintos servicios y las UPAD que permitan lograr la transformación de la organización interna del trabajo”, expuso este sindicato.
“Una coordinación generalizada de sistemas y aplicaciones informáticas interoperables que permita su recíproca comunicación e integración, que evite este desaguisado, desorden y desconcierto que provocan las continuas disfunciones, fallos informáticos, lentitud, burocratización y retrasos que padecemos continuamente”, concluyó la central en su escrito.
A pesar de todas las “trabas e impedimentos” que los trabajadores encuentran “a diario” en el desarrollo de sus funciones, “que nos lleva a veces a la desesperación por la lentitud de respuesta de los equipos y programas informáticos y a la desmoralización que como nota reinante se vive en las distintas UPAD y servicios”, lamentó CCOO, se están generando unas condiciones laborales “insoportables” para muchos compañeros y un “retraso” en los asuntos. Pese a todo ello, el “esfuerzo personal” del conjunto de los trabajadores de la Administración de Justicia en Ceuta, “está permitiendo un mínimo funcionamiento de este servicio público”, precisó la central. No obstante, de continuar así, “estamos abocados al fracaso”, sentenció la Sección de Justicia.
Criterios distintos entre jueces y letrados-directores Mientras que la responsabilidad de las UPAD es de los jueces, la de los distintos servicios –Común General, de Ejecuciones Penales, de Civiles y otros– corresponde a los letrados de la Administración de Justicia, que actúan como sus directores. De ahí que hay veces que jueces y letrados-directores tengan criterios o interpretaciones diferentes. Es por ello que CCOO siempre ha reclamado su coordinación.