Respaldo a la regularización de viviendas, pero dentro del PGOU

Gobierno y oposición encontraron ayer un punto común para respaldar, por unanimidad, el objetivo de la Consejería de Fomento de intentar regularizar el máximo número posible de viviendas ilegales.

Eso sí, la consejera de Fomento, Susana Román, advirtió de que el único instrumento posible para alcanzar esa meta es el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que cuenta ya con la aprobación inicial de la Asamblea y se encuentra en fase de exposición pública.  “Vamos a utilizar el proceso que ya está abierto, que no es otro que un PGOU que se ha impulsado por primera vez en 22 años”, subrayó Román.
Caballas había presentado una propuesta en la que reclamaba una solución a las viviendas diseminadas por la ciudad y fuera del paraguas de la ordenación urbanística. “No es un problema menor. Es prioritario dotar de seguridad jurídica a la propia Ciudad, pero sobre todo a las familias afectadas”, defendió Mohamed Alí antes de recordar que la regularización también tendría su impacto sobre la economía local porque “generaría riqueza”. La consejera de Fomento coincidió con el primer grupo de la oposición en el fondo de la propuesta, pero marcó el camino del procedimiento. “Bienvenido al mundo real del PGOU, el documento que va a dar respuestas a estas cuestiones”, enfatizó dirigiéndose a Caballas. “No podemos votar a favor de su propuesta, pero podemos consensuarla”, avanzó a continuación.
El mecanismo propuesto por Román, y avalado por todos los grupos políticos, aprovechará el trabajo iniciado en la tramitación del PGOU para determinar qué suelo de todo el revisado puede ser considerado urbano consolidado o residencial, abriendo así la puerta a la regularización del máximo número de construcciones. Esa fase, en marcha ya en zonas como El Príncipe, implicará, avanzó ayer Román, cerrar protocolos con Defensa o con la propia área de Patrimonio de la Ciudad y que se incorporarían al PGOU definitivo como acompañamiento.
“Habrá viviendas fuera de ordenación, fuera de suelo urbano consolidado o de uso residencial. Eso quiere decir que el PGOU debe darnos el instrumento para que pasen a ser legalizadas siempre que el suelo lo permita”, subrayó la consejera. Una vez otorgada la cobertura legal, los inquilinos adquirirían la condición de propietarios legales pasando por Notaría, además de asumir el pago de las tasas, impuestos y licencias.
Susana Román apostó por una vía que “otorga cobertura dentro del PGOU” y evita “más planes alternativos”. Se trata además, subrayó, de “una oportunidad histórica” para miles de familias. A la propuesta del PP se sumaron Caballas, el PSOE y la diputada no adscrita Fatima Hamed. “Pero que se haga, que no tengamos que esperar otros ocho años”, reclamó Mohamed Ali antes de anunciar su voto afirmativo. 

Román advierte de que habrá casos sin solución

Pese a comprometer todos los esfuerzos de la Ciudad para legalizar el mayor número de viviendas, Román advirtió ayer de que habrá casos de propiedades que “no serán regularizables bajo ningún concepto”. La Ciudad trata así de difuminar la idea de que el procedimiento en marcha beneficiará a todas las construcciones levantadas sin licencia. “No nos llevemos a engaños, no lo van a ser hoy ni con otro PGOU”, aclaró. Como ejemplos, las viviendas afectadas por cuestiones de defensa nacional o situadas en primera línea de   la franja marítimo-terrestre.

Fomento quiere rebajar al 2% el interés en la refinanciación de las VPO

El Pleno rechazó una propuesta de Fatima Hamed en la que reclamaba nuevas fórmulas de refinanciación para las deudas contraídas por los propietarios de viviendas protegidas al constatar, aseguró, que quienes se han acogido a la fórmula de la Ciudad para rebajar sus cuotas mensuales han visto a cambio cómo se disparaba la cuantía de los intereses a largo plazo. Susana Román reconoció ese extremo, pero recordó que la iniciativa ha permitido que familias en apuros económicos “puedan pagar mucho menos al mes, aunque es cierto que a lo largo es mucho más”. Otra de las medidas del Ejecutivo para aliviar esos problemas permite a los inquilinos renunciar a la propiedad a cambio de acogerse al pago de un alquiler.
Román aportó datos. En seis meses se han recibido 180 solicitudes de propietarios interesados en acogerse a la fórmula de la refinanciación, de las que 134 han sido aceptadas. “No está mal”, alabó. Además, avanzó que llevará al Consejo de Gobierno otras dos iniciativas: un cambio en los parámetros económicos para evitar casos en los que interesados han quedado fuera “por décimas” en el capítulo de ingresos y la posibilidad de rebajar del 5 al 2 por ciento el porcentaje de interés de la refinanciación. Y todo ello, destacaron Román y el propio presidente Vivas, para constatar que “esta Administración no ha echado a nadie de su casa”.