Categorías: Sucesos y Seguridad

Rescatados 33 subsaharianos que pretendían un pase en zodiac

La Salvamar Gadir trasladó en la mañana de ayer a puerto deportivo a los 33 inmigrantes subsaharianos que pretendían un pase a la península ocupando una lancha a motor La Benemérita los había detectado en torno a las 6.30 horas en la bahía sur, pero no fue hasta las ocho cuando la Gadir procedió a su rescate y evacuación a Ceuta después de que no fuera posible la coordinación con Marruecos. Voluntarios de Cruz Roja esperaban en puerto deportivo ante la posibilidad de que alguno de los varones necesitara de atención sanitaria, pero todos ellos presentaban buen estado de salud así que no fue necesario organizar traslado alguno al Hospital.
Tras su pase por la Jefatura Superior, los inmigrantes quedaron acogidos en el CETI, el mismo centro en donde tan solo siete días atrás fueron acogidos los integrantes de otro grupo mayoritario de subsaharianos que, al igual que el de ayer, pretendía su pase a la península en lancha a motor. En ese caso, la niebla despistó la ruta y sus 39 ocupantes terminaron apareciendo en la playa del Chorrillo. Los de ayer, en cambio, sí tenían planificada su ruta para alcanzar las costas peninsulares, pero su intento de pase fue visto a través del sistema de cámaras con que cuenta el Instituto Armado. La labor de la Gadir se centró en el traslado de todos los ocupantes de la embarcación a puerto ceutí, garantizando que no se produjera incidencia alguna.
La llegada de inmigrantes en embarcaciones a motor está siendo la tónica a la que se ha enfrentado la Benemérita este verano. Los casos registrados en Ceuta no llegan a una docena, pero sí resulta llamativo que buena parte de las últimas entradas se han producido o bien en lanchas de grandes dimensiones o en pequeñas embarcaciones tipo patera con motor incluido. Los protagonistas de estos pases abonan más dinero que los ocupantes de las típicas balsas playeras (se estima que entre 300 y 500 euros por persona) y según fuentes policiales, acostumbran a llevar a un piloto en las travesías, que resulta ser uno de los subsaharianos del grupo. Si el resto de los inmigrantes no lo señala como tal, será complicado imputar a esa persona un delito contra los derechos de los extranjeros. La embarcación intervenida ayer quedó decomisada en el puerto deportivo, tratándose de una lancha a motor, nueva, que presumiblemente había partido de las costas de Tánger cargada ya con los inmigrantes para trasladarlos hasta las costas peninsulares.
Al margen de esta intervención, la presión migratoria no está siendo tan notable este verano en las costas ceutíes, ya que ésta se extrapola directamente a las costas peninsulares, en donde la colaboración prestada por las fuerzas de seguridad marroquíes es constante.
Las entradas que, prácticamente a diario, se registran en el CETI tienen como origen además de la vía marítima la permeabilidad de la frontera, imposible de controlar al 100% y explotada por las redes dedicadas a la introducción de subsaharianos y argelinos en dobles fondos de vehículos.
La Policía Nacional mantiene varias investigaciones abiertas en torno a estas prácticas, estando un par de años bajo secreto de sumario. Hasta el momento se han producido varias detenciones de individuos relacionados con este tipo de pases en los que existen relaciones de negocio entre implicados en Ceuta y Marruecos. Los inmigrantes deben abonar cantidades que pueden llegar a los 6.000 euros por cruzar la frontera de esta manera, dinero que aumenta si la organización garantiza la implicación de personas que, por su profesión, añadan una nota de garantía a este delito.
A fecha de hoy el Centro de Estancia Temporal mantiene capacidad para acoger a los inmigrantes interceptados sin necesidad de plantearse la búsqueda de apoyos. En las dos próximas semanas se van a producir nuevas salidas de subsaharianos en grupos de 15 que son acogidos en la península por las redes de oenegés que facilitan su integración.

AUGC pide que se depuren responsabilidades por una orden cursada para los “detenidos de raza negra”

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha pedido que se depuren responsabilidades tras conocerse la existencia de una orden ilegal que se ha cursado en el puesto de Calvià y que va dirigida al trato que deben darse a las detenciones que específicamente se hacen con personas de “raza negra”, se indica. AUGC ha querido denunciar públicamente los hechos para evitar que este tipo de órdenes se extiendan además a otras comandancias, rechazándola “por ser ilegal, racista y xenófoba”.
La orden, firmada por la teniente comandante de Puesto de Calvià, es “contraria a derecho, ilegal y con claros tintes xenófobos”, ya que ordena que se dé un trámite a los detenidos “de raza negra” distinto a los que establece la ley. “El cumplimiento de la citada orden, además de suponer un quebranto de los derechos de las personas detenidas de graves consecuencias para los agentes, supondría el incumplimiento de uno de los principios básicos de actuación recogidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986: Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión, además de normas y tratados comunitarios e internacionales como podría ser el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea por la que se prohíbe toda discriminación y, en particular, la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual”, señala. En el caso concreto se ordena a los guardias que cuando detengan a una persona de “raza negra” se avise a los agentes de Investigación y que hasta que estos no actúen no se realicen diligencias. AUGC ya solicitó a la Dirección General hace un año que se pronunciara sobre las órdenes de muy dudosa legalidad que se están impartiendo por diversos mandos de toda la geografía nacional, donde se solicita la identificación de un número mínimo de personas o donde se ordena identificar a personas extranjeras o aquellas de las "que podría ser interesante conocer sus movimientos".

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