Categorías: Opinión

Reparar el daño a nuestro entorno

Algunas de las actuaciones urbanísticas más comentadas y polémicas del futuro PGOU de Ceuta son las del traslado de los depósitos de combustibles de las empresas petrolíferas DUCAR y CEPSA a la zona de ampliación del puerto y la recalificación de los actuales terrenos que ocupan estas instalaciones.

Ambas intervenciones han sido justificadas como una operación de índole ambiental tendente a mejorar la calidad medioambiental en el espacio urbano e incrementar la seguridad al sacar estos depósitos del área urbana consolidada. Tal justificación es realmente inconsistente, ya que el traslado de estas instalaciones no soluciona el problema, sino que lo agrava al concentrar en un mismo espacio un respetable número de grandes contenedores de combustibles. Lo cierto es que tanto en sus actuales ubicaciones, como en la prevista por el revisado PGOU, estos depósitos incumplen la legislación vigente.  
Según determina el artículo 4 del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (en adelante RAMINP), “las industrias fabriles que deban ser consideradas como peligrosas o insalubres sólo podrán emplazarse, como regla general, a una distancia de 2.000 metros, a contar del núcleo más próximo de población agrupada”.  La condición de instalación peligrosa para estos depósitos de combustible está expresamente reconocida en el anexo I del RAMINP que, de manera genérica, otorga esta clasificación como actividad peligrosa a los “almacenes al por mayor de productos químicos, excepto abonos” (clasificación decimal 611-134), cuando existen, como sucede en este caso, productos inflamables. Resulta evidente el incumplimiento del RAMINP en cuanto a la distancia que debe mantener los contenedores de combustible de las empresas CEPSA y DUCAR respecto a zonas urbanas, y será aún más grave este incumplimiento cuando los sitúen a menos de 200 metros de importantes aglomeraciones urbanas como Parques de Ceuta.
El incumplimiento del RAMINP se puede decir que es genérico en nuestra ciudad. Es difícil, por no decir imposible dado el tamaño de Ceuta y su densidad urbana, encontrar un lugar para la ubicación de las actividades que la normativa ambiental considera molestas, nocivas o peligrosas. Desde Septem Nostra venimos alertando de esta situación desde que en el año 2004 presentamos nuestras alegaciones al proyecto de construcción de la EDAR de Ceuta. Ya entonces advertíamos que la ubicación prevista incumplía el RAMINP y aludimos a las sentencias condenatorias en firme que obligaban al desmantelamiento de una de estas instalaciones precisamente por haber ignorado el contenido de este reglamento ambiental. En posteriores ocasiones hemos vuelto a esgrimir este argumento, como en nuestras alegaciones a la ampliación de la planta diesel de ENDESA o al proyecto de instalación de una planta de biodiesel en los terrenos portuarios, precisamente en los mismos en los que ahora se quiere llevar los depósitos de combustible que las empresas CEPSA y DUCAR tienen en nuestra ciudad. Curiosamente, en la tramitación de la evaluación ambiental de la planta de biodiesel sí que se nos dio la razón y se informó desfavorablemente a este proyecto alegando el incumplimiento que nosotros denunciábamos del RAMINP. La pregunta es: ¿Cómo pretende la Ciudad justificar el traslado de unos depósitos de almacenamiento de productos químicos altamente inflamables al mismo lugar donde unos años antes declaró que era inviable un proyecto similar por no respetar las distancias de seguridad que establece el RAMINP?
No deja de ser igualmente curioso que la Ciudad, conocedora de las limitaciones para todo tipo de instalaciones recogidas en el anexo del RAMINP, incluyendo algunas tan necesarias como la EDAR, no ha hecho nada para adoptar una normativa de principios de los años sesenta del pasado siglo a la realidad actual. De hecho esta normativa quedó derogada hace siete años, según recoge el contenido de la disposición derogatoria única de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. No obstante, el citado Reglamento mantiene su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que, como Ceuta, no tienen normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. Esta apreciación pone de manifiesto la obsolescencia del RAMINP, así como la consideración de esta normativa con un referente básico en materia de calidad del aire y contaminación atmosférica. La Ciudad no ha hecho los deberes en este capítulo de adecuación normativa, puede que a conciencia para poder echar mano de la discrecionalidad administrativa cuando le venga en gana. El no a la planta de biodiesel se ha convertido en un sí al traslado de los depósitos de CEPSA y DUCAR por unos motivos que la Ciudad deberá justificar mejor.
Con las dos actuaciones urbanísticas propuestas en el futuro PGOU para los terrenos que ocupan los depósitos de combustibles de las aludidas empresas petrolíferas no se solucionan los problemas ambientales y de seguridad que entrañan este tipo de enormes contenedores que forman parte de nuestro paisaje urbano. Quizás el habernos acostumbrado a su presencia desde hace muchas décadas no nos ha animado a reflexionar sobre su adecuación a la condiciones naturales de Ceuta. Igual éste es el momento propicio para replantearnos si los ceutíes deben seguir conviviendo con unos depósitos de combustibles que suponen un grave riesgo para el medioambiente y la seguridad de los habitantes de Ceuta. Su existencia en Ceuta apenas nos reporta algún tipo de beneficio, ya que nada o poco tienen que ver con el negocio del avituallamiento de barcos. Como el ex Ministro de Medio Ambiente, el Sr. Cañete, declaró no hace mucho, el negocio de la DUCAR en Ceuta consiste tan sólo en el almacenamiento para terceros de estas reservas estratégicas de combustible. Quiere esto decir que el contenido de estos depósitos no está destinado a la venta directa a los barcos que repostan en el puerto ceutí, -lo que tendría un efecto positivo en la actividad económica local-, sino tan sólo a su almacenamiento estratégico. ¿Debemos, pues, seguir asumiendo de manera colectiva unos riesgos ambientales y físicos reconocidos por la legislación ambiental vigente?
Ceuta, desde nuestro punto de vista, por su escaso territorio y desorbitada densidad urbana y humana no es el lugar idóneo para el almacenamiento de sustancias peligrosas. No sabemos a quién se le ocurrió esta idea ni en qué contexto histórico se adopta. Cada día está más claro que a nuestra ciudad se le imponen equipamientos que nadie desea en su territorio, como la megaprisión que nos están construyendo o los depósitos de combustible repartidos por la geografía ceutí. Cuentan con que en una ciudad poblada de personas al servicio del Estado la contestación social es mínima. Pocos se atreven a contradecir al patrón, sobre todo en ciudades cada día más dependientes de las transferencias públicas. Si el Estado dice megaprisión, “nos la comemos con papas” y si dice depósitos de fuel, pues también.
 La posición de Septem Nostra sobre las pretendidas reclasificaciones de los terrenos de CEPSA y la DUCAR es bastante clara y sencilla. Queremos que se cumpla la ley, en concreto el RAMINP, lo que obliga a la administración competente a la elaboración de un plan urgente para el desmantelamiento de los depósitos de combustibles que las referidas empresas tienen en Ceuta. Una vez liberados estos terrenos deberían ser descontaminados, como exige la normativa estatal y comunitaria, y objetos de un proyecto de restauración ambiental, sobre todo en el que caso de las instalaciones de la DUCAR en San Amaro, dada su proximidad a un espacio natural protegido por la Unión Europea y su localización en un Monte declarado de Utilidad Pública. Es hora de que la enorme herida provocada en el paisaje del Monte Hacho y la correspondiente pérdida de masa forestal sea subsanada y corregida creando un bosque conectado con el cercano Parque de San Amaro. Algo similar se podría hacer en el caso de los depósitos que en las cercanías de la Playa Benitez tiene la empresa CEPSA.
La revisión del PGOU debería ser, -aunque no creemos que haya voluntad para hacerlo-, una oportunidad para reparar mucho de lo que en otro tiempo fue groseramente violado a causa de la ignorancia y la codicia, males que aún siguen muy presentes en la realidad de nuestro país y nuestra ciudad. Tan enferma está nuestra sociedad, obsesionada por el crecimiento económico y la mecanización de todos los ámbitos de la vida, que las propuestas que hacemos en este artículo de opinión serán calificadas por muchos como utópicas, en el mejor de casos, y descabelladas por los neofenicios y los tecnoburócratas a su servicio. No nos importa. Aún no estamos preparados para la mutación en la conciencia humana que algunos percibimos cercana, aunque no inmediata. La cosmovisión mecánica es demasiado fuerte y está alimentada diariamente por el complejo del poder. Puede que  bajo la presión de un colapso mundial del que nos advierten eminentes científicos del mundo sea posible el paso hacia un nuevo paradigma provital. En cualquier caso, este cambio deberá operar desde nuestro interior y nuestra misión es abrir la perspectiva de quienes invierten algunos minutos en leernos. Si no conseguimos forzar esta transformación de los seres humanos más próximos a  nosotros, al menos quedará constancia de que se ha intentado. El esfuerzo merece la pena, ¿No creen? 

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