La Consejería de
Medio Ambiente mantiene “todas las puertas abiertas” sobre el futuro de las
Brigadas Verdes, cuya plantilla acordó a finales de noviembre darse más tiempo para decidir si se inclina por seguir dependiendo de la
Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV), como hasta ahora, o ser trasvasada a
Tragsa, en cualquier caso con sus costes de mantenimiento sufragados directamente por la Ciudad.
Fuentes del Ejecutivo local han confirmado a este periódico que el Gobierno se ha planteado alargar solo dos meses, hasta marzo, el convenio con la FPAV que sostiene más de 150 puestos de trabajo en vez de rubricar un acuerdo para el año natural completo, como ha venido sucediendo hasta ahora. El convenio del año pasado establecía en su cláusula octava que su vigencia expiraría el 31 de diciembre.
Los representantes de la plantilla de las Brigadas Verdes iniciaron a finales del año pasado gestiones para conocer los planes de Tragsa con el programa, en el que no habría cambios en las remuneraciones de los empleados según los compromisos adquiridos por todas las partes. Aunque la empresa pública sí se ha reunido con el Gobierno para abordar este tema, las dudas de los trabajadores no han tenido respuesta directa.
Los reparos planteados por la Intervención a las cuentas de la FPAV son las que han agitado el temor a que pudiera llegar a ser legalmente inviable que pueda seguir recibiendo dinero público.
Este tema fue debatido en el último Pleno de la Asamblea de Ceuta, al preguntar el PSOE sobre qué está haciendo la Ciudad para dar solución al malestar de los empleados de las Brigadas Verdes con la FPAV. En aquél entonces, la consejera de Fomento y medio Ambiente, Kissy Chandiramani, le resumió que las opciones que tienen en la actualidad son ser subrogados por la empresa Tragsa o bien mantenerse bajo la gestión de la FPAV, descartando adherirse a ninguna sociedad municipal, siendo inviable en el plano jurídico.