La implantación del registro horario digital obligatorio, uno de los grandes compromisos del Gobierno en materia laboral, y que también afectará a las empresas de Ceuta, se encuentra actualmente en punto muerto.
Así lo ha adelantado COPE, que señala que las discrepancias internas entre ministerios y la falta de consenso técnico y jurídico han dejado el proyecto sin avances claros y con un horizonte incierto para 2026.
La reforma pretendía reforzar el control efectivo de la jornada laboral, especialmente en lo relativo a las horas extra y la trazabilidad de los registros, pero la falta de acuerdo ha frenado su desarrollo.
Mientras tanto, el sector empresarial recibe mensajes confusos: tras meses de advertencias sobre un endurecimiento de la normativa, ahora se habla de retrasos y aplazamientos.
Desde COPE subrayan que esta situación ha generado un efecto de relajación en parte del tejido empresarial. Algunas pequeñas empresas y autónomos están optando por mantener registros manuales o en hojas de cálculo, a la espera de que el Gobierno concrete sus planes.
Aunque la reforma se haya estancado, la Inspección de Trabajo mantiene su posición: el registro horario debe ser digital, objetivo y verificable.
Según recuerda COPE, la obligación de registrar la jornada laboral está vigente desde 2019, y aunque la ley no exige un software concreto, sí establece condiciones muy difíciles de cumplir con sistemas en papel o Excel.
El criterio actual es claro: los registros deben ser “fiables, inalterables y accesibles”. Las hojas firmadas a mano o los archivos editables carecen de trazabilidad y no permiten identificar al autor de cada modificación.
Por este motivo, la Inspección no los considera válidos y ya está imponiendo sanciones que oscilan entre 751 y 7.500 euros por incumplimientos, incluso cuando existen registros físicos.
En la práctica, documentos con horarios idénticos o firmas repetidas se tratan como si no existiera registro alguno, lo que multiplica el riesgo de sanción para las empresas.
Según COPE, el bloqueo político se debe a desacuerdos sobre la interoperabilidad y la seguridad de los datos. Los ministerios implicados no logran definir cómo garantizar que los sistemas sean compatibles, trazables y accesibles para la Administración sin comprometer la protección de la información laboral.
El borrador inicial del nuevo decreto incluía propuestas como el acceso remoto de la Inspección a los registros, la estandarización de formatos y la creación de protocolos unificados de conservación de datos. No obstante, la complejidad técnica y las diferencias entre carteras han paralizado su tramitación.
Mientras tanto, el sector tecnológico no ha esperado. Compañías especializadas en gestión de recursos humanos, como Kronjop, Clockify o Sesame, ya han desarrollado herramientas adaptadas a las futuras exigencias. Estas aplicaciones permiten gestionar ausencias, controlar las horas extra y conservar los registros conforme a los estándares de trazabilidad y seguridad que pide la Inspección.
Aunque el nuevo registro digital aún no esté aprobado, las obligaciones actuales ya son exigibles. COPE detalla que el mayor riesgo de los sistemas manuales reside en su fácil manipulación, lo que invalida su fiabilidad.
A ello se suma el problema de la conservación de los registros, que deben mantenerse durante al menos cuatro años. El papel se deteriora o se extravía, mientras que los archivos digitales sin respaldo pueden corromperse o eliminarse accidentalmente.
Además, existe un riesgo creciente en materia de privacidad. Expertos en cumplimiento normativo, citados por la emisora, advierten que las hojas visibles con datos de toda la plantilla vulneran el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
Por ahora, no hay certeza sobre cuándo entrará en vigor la nueva regulación. COPE apunta que la previsión más realista sitúa su aprobación entre 2026 y 2027, una vez resueltos los conflictos técnicos y políticos.
Sin embargo, el retraso legislativo no exime de responsabilidad. La Inspección de Trabajo sigue actuando bajo los criterios actuales, sancionando los registros que no cumplen los principios de objetividad y seguridad.
En definitiva, el mayor error de las empresas sería confundir la parálisis normativa con una ausencia de control. La reforma puede esperar. Las sanciones, no.
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