España vive ya en un escenario climático donde el calor extremo se ha convertido en la principal amenaza directa para la salud pública. Es un dato epidemiológico. Entre 2015 y 2024, más de 24.000 personas murieron por exceso de calor, y solo en el verano de 2025, el más caluroso desde que existen registros, se contabilizaron 3.832 fallecimientos atribuibles a temperaturas extremas, un 88% más que el año anterior.
La tendencia es inequívoca: mientras entre 2006 y 2015 hubo 13 olas de calor, en la última década han sido 30, más del doble. Y el 95,98% de las muertes por calor afectan a mayores de 65 años, especialmente a los mayores de 85. El calor mata, y mata sobre todo a quienes ya están en situación de vulnerabilidad.
La ciencia es contundente en cuanto a las soluciones. Tres líneas de evidencia destacan.
El metaanálisis “Invited Perspective: Cooling Centers and Heat Waves—Can Current Data Inform Guidance?” (2023) demuestra que pasar tiempo en espacios frescos reduce el riesgo de muerte en un 66% durante episodios de calor extremo. Es la intervención más eficaz, inmediata y barata que existe.
El estudio “Cooling cities through urban green infrastructure: a health impact assessment of European cities” (The Lancet, 2023) demuestra que aumentar la cobertura arbórea urbana hasta el 30% podría prevenir 2.644 muertes prematuras anuales. La vegetación baja la temperatura sin consumo energético y reduce contaminación, ruido y estrés térmico.
Un análisis europeo reciente documenta que los planes integrales que incluyen refugios climáticos reducen la mortalidad excesiva por calor en más de un 25%. Y el estudio publicado en Nature Climate Change (2026), “Pioneering Spanish experience in climate shelters practice”, lo confirma: los refugios climáticos son una herramienta poderosa para reducir la exposición térmica, pero solo si se consolidan como servicios estables, accesibles y diseñados para cubrir necesidades reales.
La ciencia no deja lugar a dudas: los refugios climáticos salvan vidas. Las zonas verdes salvan vidas. La planificación urbana salva vidas.
España, sin embargo, llega tarde. Solo 19 de las 52 capitales de provincia cuentan con alguna red de refugios climáticos, y muchas no cumplen los requisitos básicos. Greenpeace lo resume con crudeza: solo 1 de cada 3 capitales ofrece protección real frente al calor extremo. La Universidad de Alicante lo confirma: “Apenas existen 2.122 refugios climáticos en toda España” (UA, 2024).
La nueva Red de Refugios Climáticos del Gobierno de España nace precisamente para corregir esta brecha. Su objetivo es claro: crear, coordinar y financiar espacios seguros donde la población pueda refugiarse durante episodios de calor extremo. Espacios gratuitos, accesibles, con agua, sombra o climatización, y abiertos en las horas críticas.
La evidencia científica ya ha hecho su parte. Ahora toca que las administraciones, y también las asociaciones locales, conviertan esa evidencia en infraestructura real que salve vidas.
España no puede seguir tratando el calor extremo como un fenómeno meteorológico. Es una crisis de salud pública, con víctimas identificables, causas conocidas y soluciones probadas. Cada verano que pasa sin redes de refugios climáticos es un verano donde la ciencia sabe cómo salvar vidas, pero la administración no lo hace. Sobre todo, administraciones gobernadas en colaboración con la extrema derecha negacionista del cambio climático.
