El Real Decreto-Ley que reforma el subsidio por desempleo, que será de mayor cuantía durante el primer año de percepción compatible con un empleo durante los 180 primeros días sin pérdida de prestación, recoge también como beneficiarios al colectivo de trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla.
Además, la prestación irá ligada a la suscripción de un acuerdo de actividad por parte de sus beneficiarios. La nueva norma entrará en vigor, con carácter general, el 1 de junio de este año 2024.
Aprobado en Consejo de Ministros y publicado en el BOE el pasado mes de diciembre, el texto precisa que podrán solicitar el subsidio a partir del 1 de junio todas las personas que hayan agotado la prestación contributiva desde el 30 de abril de 2024, así como quienes en el momento de la entrada en vigor de la norma no hubieran cumplido el mes de espera previo para solicitar el subsidio.
Quienes a 1 de junio de 2024 hubieran solicitado o fueran beneficiarios o tuvieran suspendido el subsidio por agotamiento de la prestación contributiva, por cotizaciones insuficientes o el subsidio para mayores de 52 años, se regirán por la normativa anterior a esta reforma hasta la extinción del derecho.
La reforma del subsidio por desempleo aprobada en el Consejo de Ministros de este martes amplía el universo de beneficiarios, actualmente de unas 800.000 personas, a más de un millón, así como las cuantías a percibir durante el primer año de la prestación.
En concreto, la reforma eleva el subsidio por desempleo, actualmente de 480 euros mensuales, el equivalente al 80% del Iprem, a 570 euros durante los primeros seis meses de percepción (95% del Iprem) y a 540 euros mensuales en los seis meses siguientes (90% del Iprem) para después recuperar el 80% del Iprem hasta su extinción, que se mantiene en un tope de 30 meses, dependiendo de la edad, circunstancias familiares y de la duración de la prestación agotada.
Estas cuantías son las que corresponderían al subsidio con el actual Iprem, que es de 600 euros al mes. En caso de que este indicador se incremente, también lo haría el importe del subsidio, pues lo que fija la reforma son los porcentajes del Iprem a los que debe equivaler la ayuda. Eso sí, estas nuevas cuantías serán de aplicación a los nuevos perceptores que se reconozcan a partir de la entrada en vigor de la reforma, no a los anteriores.
En lo que se refiere al subsidio para mayores de 52 años, su cuantía se mantiene en el 80% del Iprem, pero el Gobierno lo compensa ampliando su duración y por las cotizaciones por la contingencia de jubilación de las que carecen el resto de subsidios.
Así, a los perceptores del subsidio para mayores de 52 años que les sea concedido este subsidio el 1 de junio de 2024 o en fecha posterior, la Seguridad Social cotizará por la contingencia de jubilación durante la percepción del mismo de la siguiente manera: en 2024 la base de cotización será equivalente al 120% de la base mínima del Régimen General vigente en cada momento; en 2025 equivaldrá al 115%; en 2026 al 110%, y en 2027, al 105%. Si el subsidio fuera concedido antes del 1 de junio de 2024, la base de cotización seguirá siendo del 125%.
La reforma incorpora también al subsidio a los menores de 45 años sin cargas familiares (unos 150.000, según estimaciones de Trabajo) y a los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura (cerca de 250.000), así como a los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla.
Las prestaciones por desempleo (contributiva y subsidio) serán compatibles con becas y ayudas que se obtengan por asistencia a acciones de formación profesional o en el trabajo o para realizar prácticas formativas o académicas externas en entidades públicas o privadas que formen parte del plan de estudios y se produzcan en el marco de colaboración entre dichas entidades y el centro docente de que se trate.
La prestación estará vinculada a un itinerario personalizado de activación para el empleo mediante la suscripción de un acuerdo de actividad en el marco de la Ley de Empleo, con un conjunto de servicios que establecen derechos y obligaciones recíprocas entre la persona demandante de los servicios públicos de empleo para incrementar la empleabilidad de los beneficiarios.
En la nueva regulación del nivel asistencial se mantiene la acreditación ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y también ante los servicios públicos de empleo autonómicos de las acciones dirigidas a la búsqueda activa de empleo, reinserción laboral o mejora de la ocupabilidad.
La norma garantiza a los beneficiarios el servicio de tutorización individual, asesoramiento continuado y atención personalizada, e introduce una nueva causa de suspensión de la prestación y del subsidio por desempleo: la interrupción del acuerdo de actividad. Con ello, argumenta el Gobierno, se pretende reafirmar la vinculación de las prestaciones por desempleo con el seguimiento de medidas de inserción laboral.
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