Reformar el proceso penal, una necesidad en España que aún debe esperar. Esta premisa resume la ponencia ofrecida en Ceuta por
Manuel Marchena, magistrado presidente de la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo, quien ha hecho hincapié en la necesidad de que la justicia española baje el ritmo. La finalidad es legislar “con tranquilidad” para evitar al máximo posible de errores. Se trata de frenar un fenómeno que, según Marchena, ocurre actualmente en el ámbito jurídico nacional. “Hay una ruptura entre lo que el legislador quiere y lo que la precipitación lleva a publicar”, ha señalado. A todo ello hay que sumar la influencia de un contexto actual “de profunda
inestabilidad institucional”, según Marchena. “Plantear el futuro desde está no es fácil”, ha expresado. El magistrado invita a un cambio en las bases de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero en otro momento más idóneo. “Hay que cambiar el modelo”, ha comentado. “Para derribar un sistema con más de cien años de vigencia no se puede legislar a golpe de cañonazo”, ha manifestado. Así, asegura que para analizar e implantar modificaciones en esta normativa, se requiere de una labor con tiempo “sobre todo cuando se trata del modelo con el que se va a investigar actos penales”, ha destacado.
Marchena ha explicado que esta rapidez a la hora de asentar una norma jurídica es visible en el ámbito judicial español. Indica como ejemplo el decreto ley, una vía que se usa con cierta regularidad. “Este es indispensable, pero para casos de urgente necesidad. No se puede asimilar con normalidad lo que no es normal”, ha apuntado. A su vez, ha insistido en que es necesario desarrollar estas cuestiones con tiempo para no omitir el informe técnico de órganos consultivos para evitar deficiencias posteriores. “Antes necesitabas seis meses para lo que ahora se da en 48 horas”, ha aseverado. Asimismo, ha resaltado la necesidad de reflexionar sobre la singularidad del modelo español en cuanto a la figura del juez de instrucción. Se trata de poner fin “al debate de quién da la instrucción. Es decir, si debe hacerlo el fiscal o el juez”, tal y como ha indicado. Marchena ha recordado que conviene plantearse este asunto siempre de forma tranquila y sin ir a una “alta velocidad”. A su vez, considera que debe hacerse con la participación de comisiones con los que se aborden técnicamente los problemas “y se escuche a todos los que tienen algo que decir”, ha concluido.
Publicidad y publicación
Marchena ha expuesto que, en la publicidad procesal, existen actualmente “grandes retos”. Esta garantiza que los procesos judiciales puedan ser públicos y, con ello, que aparezcan en prensa para que los ciudadanos tengan conocimiento de ello y de su progreso. Sin embargo, el magistrado ha estimado que se ha transformado en “la publicación”. Marchena con ello quiere decir que la opinión pública ha entrado de lleno en las cuestiones judiciales hasta tal punto que debaten conceptos como la agresión sexual o el abuso. “La crítica debe estar basada en el conocimiento. No se trata de que compartan sus reflexiones sobre grandes temas solo los juristas”, ha trasladado. “Hay un problema. Ello contribuye a la banalización del debate jurídico en España”, ha destacado. Un suceso en el que se entremezclan emociones e incluso “tipicidades casi ideológicas”. Esta “trivialización” contribuye de algún modo a descalificar a la administración de la justicia, según el magistrado.
Reto de la tecnología y la IA
Uno de los pilares de esta justicia de “velocidad” es el desafío tecnológico al que se enfrenta la justicia. Un ejemplo de ello es la IA que, a pesar de que se ha legislado a nivel europeo para prever cómo actuar ante problemas relativos a ella, se escapan en esta normativa algunos aspectos que han surgido mientras se trabajaba en ella. Ha señalado que este no incluye Chat GTP o alguna cláusula en relación a los derechos de autor. La tecnología da y va a provocar un vuelco importante en el ámbito jurídico como en tantos otros. “Hay sistemas como el de China en el que las acusaciones se formulan con algoritmos. Incluso se está empezando a plantear prescindir de fiscales”, ha detallado.
Crítica histórica hacia la justicia
Marchena ha reflexionado sobre la crítica hacia la administración de justicia. Ha estimado que esta es histórica. Ha mostrado como ejemplo una publicación contraria a la ley de enjuiciamiento criminal justo 20 años después de su entrada en vigor. “El desencuentro con la ciudadanía con la justicia es histórico y el desencuentro del poder político con la justicia es también histórico. Ha pasado siempre”, ha indicado. “Venimos de un modelo que tampoco provoca el clamor de aceptación”, ha explicado. Sin embargo, ello no debe justificar no realizar ningún tipo de cambio a sus pilares. “Se cuestiona todo, al ministerio fiscal, a los jueces. Hay un problema de credibilidad de la justicia. En estos momentos un cambio de modelo tendría un puntito de insensatez”, ha resaltado.